El Tribunal Constitucional: una decisión contra la Carta Magna

 

Juan García Ballesteros
Colectivo Prometeo

            La paralización de la potestad legislativa que la Constitución otorga a las Cortes Generales ha sufrido dos grandes reveses. Uno el 23 de febrero de 1981 por el intento de golpe de estado de Tejero, teniente coronel de la Guardia Civil y el pasado lunes, día 19, por el Tribunal Constitucional.

            El hecho gravísimo de paralizar la actividad legislativa del Senado por un Tribunal Constitucional (TC), cuatro de cuyos miembros tienen desde hace meses su mandato caducado, es algo insólito en nuestro país y en las democracias de nuestro entorno, pues usurpa el apartado 2 de artículo 66 de nuestra Constitución que le confiere a las Cortes Generales la “potestad legislativa del Estado”. Como han manifestado muchos juristas de prestigio, entre ellos el profesor de Derecho Constitucional Francisco Javier Pérez Royo (¿Y ahora qué? El diario.es del 20 de diciembre), “hasta que las Cortes Generales no han recorrido todo el proceso legislativo y la norma ha sido sancionada, promulgada y publicada en el BOE, no se puede interponer ningún recurso contra ella”.

      En una entrevista al podcast “La Base” (21-12-22), este profesor califica de “acto de piratería” la decisión y comenta que “el Presidente del Tribunal ha cometido un acto delictivo al atribuirse el recurso, cuando, según la ley orgánica del TC le correspondería a la sala de Xiol (progresista) y sólo, si esa sala se inhibe, pasaría el recurso de amparo al pleno. Pero esto no ha ocurrido y el Presidente lo ha traído directamente a él, saltándose directamente los artículos 12 y 13 de la ley orgánica del TC. Eso es prevaricación.”

 

            Por otra parte, con esa peligrosa e inconstitucional decisión, el TC pisotea el apartado 3 del artículo 66 de la Carta Magna que recoge: “Las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y el Senado) son inviolables”. Con el recurso ¿orden? presentado por el Partido Popular (PP) para frenar el desarrollo legislativo de las reformas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del TC se ha producido un atropello de imprevisibles consecuencias para nuestro débil sistema democrático.

            Previa a la decisión final, el TC ha tenido que rechazar la recusación de Unidas Podemos y del PSOE de sus dos magistrados, González-Trevijano y Narváez, que, siendo juez y parte (les afectaba la nueva ley porque tendrían que dejar sus cargos) han participado sin pudor en todo el entramado hasta aprobar la suspensión legislativa del Senado ¿Dónde queda la separación de poderes como un elemento fundamental y necesario en un estado democrático de derecho?

Hablamos de una CGPJ de mayoría conservadora ¿sólo es? que el PP lleva cuatro años bloqueando y que se niega a cambiar para que su composición responda fielmente a lo que la ciudadanía votó en las últimas elecciones y de un TC, con un tercio de sus miembros con mandato caducado.

            Enclaustrarse en una crisis institucional, despreciando la Constitución, que estos juristas del CGPJ y del TC tan bien conocen, demuestra que su labor está muy lejos de responder a los principios para lo que fueron elegidos: unos, gestionar la administración de la justicia junto con la salvaguardia o garantía de la independencia de los Jueces y Tribunales y otros, “del recurso y de la inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones normativas”. Estas instituciones han antepuesto los intereses, el mandato del jefe de filas que los eligió, el PP, a cumplir con lo que recogen las funciones propias de los órganos institucionales que representan.

            El TC ha dado un duro e inconstitucional golpe a nuestra democracia con su incomprensible decisión de paralizar la labor legislativa de las Cortes Generales. Han pisoteado los aproximadamente 11 millones de votos que en las Elecciones Generales de noviembre de 2019 obtuvieron los paridos que han apoyado en el Congreso cambiar la ley para que de una vez, tanto el CGPJ como el TC, cumplan con la Constitución. Pero está claro, que el Partido Popular, artífice de todas estas maniobras, ni cree, ni respeta nuestra Carta Magna. María Luisa Balaguer, Magistrada del TC, en una entrevista concedida al diario.es el pasado martes, día 20, explica que: “no es posible que desde el TC se condicione la soberanía. Así no se puede crear un Estado de Derecho”.

            ¿Qué se esconde detrás del bloqueo sistemático del PP, desde hace 4 años, del CGPJ y ahora la presentación al TC del recurso de forma “cautelarísima” para frenar la reforma de estas instituciones? Si buceamos en los últimos años y buscamos las bastantes decisiones que, desde distintos tribunales, han favorecido la inmensa corrupción que ahoga al Partido Popular, nos daremos cuenta de lo que este partido se juega muchísimo si, como es de esperar, los cambios necesarios de estos órganos institucionales llevan a una justicia más ecuánime y objetiva para aplicar la ley sin mirar las siglas de los acusados. Podríamos hablar de M. Rajoy, Cospedal, Aguirre y un largo etcétera. Sólo una muestra: “la Audiencia Nacional archiva la investigación del cohecho en la causa de la caja B del PP” (19-12-2022).