Ante la ofensiva
contra los Derechos Humanos, tiempo de Rebelión Cívica
Salvador López Arnal y Víctor Ríos
miembros del Frente Cívico Somos Mayoría
En 2010, recordaba
Enric Llopis [1], el Estado Plurinacional de Bolivia presentó en la
Asamblea General de Naciones Unidas la propuesta de que se
reconocieran como derechos humanos los servicios básicos de agua
potable y saneamiento. La propuesta del gobierno boliviano se aprobó.
Pero no fue ni es
suficiente. Como en tantas otras situaciones, hay que seguir
batallando para que las nuevas conquistas humanas y civilizatorias
tengan su plasmación concreta y efectiva en leyes y normativas, en
prohibiciones de mercantilización insaciable, en defensas ciudadanas
ante peligros que acechan la existencia de esos derechos y decretos
que los desnaturalizan. Hay que plasmar en la realidad lo que es
justo y razonable, hay que seguir combatiendo por lo que es evidente
y necesario para la gran mayoría de seres humanos. No es éste, por
supuesto, el único caso de acoso e intento de derribo al que nos
enfrentamos.
El preámbulo de la
Declaración de los Derechos Humanos [2] contiene un conjunto de
reflexiones que conviene recordar: “considerando que la libertad,
la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana […] considerando que los
pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en
los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de
la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres,
y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar
el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”.
Por estas y otras consideraciones, la Asamblea General de la ONU
proclamó hace 64 años, en un día histórico, la Declaración
Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los
individuos como las instituciones “promuevan, mediante la enseñanza
y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre
los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.
Como
es sabido, como está hoy en la mente y en el corazón de muchos
ciudadanos y pueblos, en la Declaración se recogen artículos como
los siguientes: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona” y “nadie será sometido
a torturas” ni tampoco a “penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes”. En el artículo 22, por ejemplo, se afirma que toda
persona “tiene derecho a la seguridad social y a… la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a
su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
No
sólo eso, en el 23, se afirma que “toda persona tiene derecho al
trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo”. En el apartados 2 y 3 de este mismo artículo se señala
que “toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a
igual salario por trabajo igual” y, además, que todos los
trabajadores y trabajadoras tienen “derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia,
una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada,
en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social”.
Por
supuesto, se afirma en el 24, toda persona “tiene derecho al
descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable
de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. En
el siguiente, el 25, se añade que “toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad”. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y
asistencia especiales y todos los niños y niñas, nacidos de
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección
social.
En
el 26 se habla de educación: “Toda persona tiene derecho a la
educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios
superiores será igual para todos, en función de los méritos
respectivos”. La educación tendrá como finalidad el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
El
artículo 30 remata la declaración. Se afirma en él algo esencial:
“Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de
que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona,
para emprender y
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión
de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración” [la
cursiva es nuestra]
Pues
bien, sin exageración, ya hoy en muchos países del mundo, también
aquí y en la Unión Europea, desde luego, este último artículo es
vulnerado sistemáticamente por gobiernos serviles que incumplen la
función para la que fueron elegidos de gestionar y defender los
bienes públicos, los bienes de todos. Son gobiernos que obran al
servicio de grandes grupos empresariales –y también de personas
individuales- que los dirigen en la sombra. Son una ínfima minoría
de ciudadanos, ese privilegiado 1% del que a veces hablamos, que
realizan sistemáticamente actos y ejercen presiones, muchas veces
ilegales y casi siempre inmorales, tendentes a la supresión de los
derechos y libertades proclamados en la Declaración. Combaten contra
todos nosotros, contra nuestros derechos, contra la Humanidad.
En el preámbulo de la declaración también se
inscribe algo que nos parece muy pertinente y de extraordinaria
vigencia: se considera esencial que los derechos humanos sean
protegidos por un régimen de Derecho a fin de que los seres humanos
no nos veamos compelidos “al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión”.
Pues bien: nosotros pensamos que hemos llegado ya
a esta situación. Es tiempo de rebeldía, de lucha cívica, de
lucha contra la tiranía y la opresión. Es tiempo de acuerdos
amplios, de organización ciudadana de los que Somos Mayoría, de
olvidar diferencias no esenciales, de poner el acento en nuestros
numerosos puntos de unión, de combatir tenazmente por estos derechos
de todas y todos que tan imprescindibles resultan para avanzar en la
conquista de un mundo más justo, más humano, más libre y más
sostenible.
En
eso estamos, en eso debemos proseguir. Hoy es un buen día para
recordarlo. No olvidarlo, y obrar en consecuencia, es un excelente
plan de trabajo y de vida para todos los días de la semana, del mes
y del año. Puede ser el programa humanista de nuestra hora.
Notas:
[1]
Enric Llopis, “Sindicatos y colectivos sociales se movilizan en
Europa por el derecho al agua”
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=160389
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