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La postura central
del Informe del Comité de Expertos sobre las Pensiones (a partir de
ahora ICE) es que el crecimiento de la esperanza de vida y del
porcentaje de la población anciana en España hace insostenible el
sistema de pensiones públicas, a no ser que se hagan una serie de
cambios que, en la práctica, significarían una notable reducción de las
pensiones públicas, tanto de los futuros pensionistas como de los
actuales. Tras una narrativa que intenta transmitir un mensaje de
objetividad y neutralidad tecnocrática, las propuestas que realiza el
Comité significarían la reducción más drástica de las pensiones públicas
que haya ocurrido en la mayoría de países de la Unión Europea de los
Quince (UE-15). Veamos los datos.
El ICE comienza señalando
que el mayor problema que tiene el sistema de pensiones públicas es el
envejecimiento de la población. Enuncia, con gran alarma, que en el año
1900 (inicio del siglo pasado, el siglo XX), “la esperanza de vida de
los españoles con 65 años era de unos 10 años; hoy esperan vivir veinte
años más (y hacia el 2050 se prevé que vivirán 25 años más)”. El ICE señala que este crecimiento de la esperanza de vida es un problema enorme para la sostenibilidad de las pensiones.
El otro “gran problema” que cree identificar el ICE es el crecimiento
del porcentaje de población anciana. El ICE señala que, mientras el
porcentaje de la población anciana (es decir, por encima de los 65 años)
ha “crecido en las últimas décadas hasta el 17% de toda la
población, y está previsto que alcance el 37% en 2052. En esta última
fecha, por tanto, se espera que uno de cada tres individuos tenga más de
65 años. En cifras absolutas, el número de pensiones que prevé la
Seguridad Social pasaría -dentro de cuarenta años a partir de ahora- de los 9 millones actuales a los 15 millones en 2052”.
El ICE concluye que no habrá suficientes trabajadores cotizantes para
sostener a tanto pensionista y todavía menos para sostenerlos durante
tantos años de vida y goce de las pensiones. De ahí la necesidad de
reducir las pensiones ya ahora, en este momento, sin esperar más. Hay
que hacerlo inmediatamente, tomando medidas que el ICE reconoce que
serán impopulares, pero que hay que hacer aprovechando que ahora, en
este momento de enorme crisis económica, la gente está receptiva para
hacerlas. En un borrador anterior, el Comité de Expertos escribía
explícitamente que hay que aprovechar este momento de crisis para poder
hacer estos cambios, de la gran importancia de los cuales son
conscientes. Esta observación desapareció de su informe final.
Los errores del determinismo demográfico
Uno de los ejemplos más claros de la inoperancia y falta de
credibilidad de las tesis de la insostenibilidad del Sistema Público de
Pensiones es el fracaso de sus predicciones. Juan Torres y yo tenemos
todo un capítulo en nuestro reciente libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión (Editorial
Espasa. 2013) mostrando la falta de credibilidad de las proyecciones de
los catastrofistas. Una por una, estas proyecciones y previsiones
(incluyendo las que han hecho varios miembros del citado Comité de
Expertos) han resultado falsas.
Veamos ahora la predicción de
que a mitad de siglo XXI el porcentaje de la población anciana habrá
pasado del 17% actual al 37% (en 2052) de toda la población. Estas
cifras han sido ampliamente utilizadas y citadas (ver mi crítica al
Profesor Josep Oliver sobre la utilización de estos datos en “Los
recortes de las pensiones no son inevitables” (Público 13.06.13).
El ICE, para llegar a estas cifras, hace toda una serie de supuestos
altamente cuestionables (que no se explicitan en el informe), siendo el
mayor de ellos el que asume que la población española pasará de ser 46
millones a 41 millones en los próximos cuarenta años, con lo cual el
porcentaje de los ancianos sobre el total de la población aumentará
espectacularmente. Para que esto ocurra se tiene que asumir que, durante
ese periodo, la población de España, en lugar de crecer, como ha
ocurrido durante los últimos cuarenta años, decrecerá. Esta observación
profundamente pesimista se basa en toda una serie de supuestos, también
altamente cuestionables, escogiendo siempre los peores escenarios
posibles, tales como que la natalidad continuará bajando y bajando; que
la inmigración se reducirá y no compensará la bajada de la natalidad; y
que la economía crecerá muy poco.
La natalidad, sin embargo, es
una variable en la que se puede influir a través de políticas públicas
que sean favorables a aumentarla, políticas, todas ellas, poco
desarrolladas en España, el país europeo con menor desarrollo de las
políticas profamiliares. Varios países en la UE-15 han mostrado que la
reducción de la natalidad puede revertirse si hay voluntad política para
desarrollar políticas que la favorezcan. Algo semejante ocurre en
cuanto a la inmigración. La diferencia entre el nivel de vida de España y
sus vecinos del sur probablemente continuará e incluso aumentará, y con
ella la inmigración. Y es más que improbable que el aumento de la
productividad no repercuta en un aumento del crecimiento económico (tema
del cual hablaré más tarde en el artículo). No es, pues, probable que
el escenario de crecimiento negativo tanto económico como poblacional
sea el más acertado.
El problema de las pensiones no es demográfico sino económico
En realidad, lo que importa en cuanto a la sostenibilidad de las
pensiones no es el factor demográfico, sino el económico. El tema que
debería discutirse no es si habrá demasiados ancianos o no, sino si
habrá suficiente riqueza en el país para sostener a los ancianos y a
todos los demás. Y ahí está el punto clave que el ICE ni siquiera
considera y por el que paga un coste: está profundamente equivocado y
ello es fácil de demostrar. Analicemos, primero, su alarmismo acerca de
que la esperanza de vida de las personas de 65 años se haya doblado
desde 1900, lo cual considera muy preocupante para la sostenibilidad de
las pensiones. Esta alarma es la que abre el informe cuando indica que
en 1900, la esperanza de vida de las personas de 65 años era 10 años y
ahora es 20 años. El que se haya doblado en más de un siglo le parece al
ICE un enorme problema.
Pero el ICE no nos explica por qué es
un problema. Le parece obvio que es un problema. Pues bien, ignora que
no hay ningún problema. El Comité de Expertos parece desconocer que,
desde 1900 hasta ahora, el PIB (es decir, la riqueza del país) ha
crecido 24 veces (si, 24 veces). Es cierto que la esperanza de vida de
las personas de 65 años se ha doblado en más de un siglo. Pero, ¿cuál es
el problema si la riqueza del país ha crecido 24 veces durante el mismo
periodo, es decir que el país es 24 veces más rico ahora que en 1900?
Repito ¿Dónde está el problema? ¿No cree el Comité de Expertos que una
sociedad veinticuatro veces más rica que en 1900 tiene recursos más que
suficientes para pagar las pensiones a aquellos trabajadores que han
creado esa riqueza? Una sociedad veinticuatro veces más rica tiene
veinticuatro veces más recursos para los pensionistas y veinticuatro
veces más recursos para los no pensionistas. Repito una vez más ¿dónde
está el problema?
Hoy la sociedad española tiene recursos más
que suficientes para poder pagar las pensiones de los ancianos. Y los
tendrá también para pagarlas en la segunda mitad del siglo XXI. Unos
cálculos sencillísimos del impacto del aumento de la productividad en la
riqueza del país así lo muestran. Si la productividad aumentara un 1,5%
por año (cifra muy conservadora, pues el crecimiento anual promedio en
el periodo 1971-2011 ha sido de 2,4%), el PIB de España sería 2,25 veces
más grande en la segunda mitad del siglo XXI (hacia 2060) de lo que lo
fue al principio de la crisis en 2007. Es decir, si el PIB fuera 100
puntos en 2007, este aumentaría a 225 en 2060. Pues bien, España se
gastó 8 puntos del PIB (el 8%) en pensionistas y 92 en no pensionistas
en 2007. Los alarmistas indican que para sostener a los pensionistas
habrá que gastarse en España en 2060 el 15%, lo cual indican que es
inasumible, sin clarificar por qué es inasumible. En realidad, sería muy
asumible. Un 15% del PIB en el 2060 (es decir, de 225) serían 33 puntos
(15% de 225) para pensionistas, cantidad mayor que los 8 de 2007, y 192
para los no pensionistas (225-33=192), lo cual es superior a los 92 del
2007. ¿De nuevo, dónde está pues el problema? (nota a los principiantes
en econometría: estoy hablando de valor de moneda constante, con la
misma capacidad adquisitiva en 2007 y en 2060).
La referencia
al número de cotizantes por pensionista, indicando que el número de
trabajadores por pensionista está bajando, olvida (diría yo
deliberadamente) que la variable determinante de la sostenibilidad de
los sistemas de reparto es la productividad (que no aparece por ninguna
parte en el ICE) y su impacto en la creación de riqueza. Hace cuarenta
años, España tenía el 18% de la población trabajadora en el campo,
produciendo alimentos para todos los españoles. Hoy es solo el 2%. Este
dos por ciento produce más alimento que el 18% de hace 40 años.
Imagínese el ridículo de un “Comité de Expertos” que hubiera alarmado a
la población española, cuarenta años atrás, escribiendo que el hecho de
que el número de trabajadores en el campo estuviese disminuyendo en
España, determinaría que la población española se moriría de hambre por
falta de trabajadores en el campo. Pues, no solo no morimos de hambre,
sino que este 2% produce mucho más alimento que el 18% de hace cuarenta
años. En realidad, el estado está subsidiando a los agricultores para
que no produzcan tanto. Pues bien, saquen “alimento” y pongan
“pensiones” y verán lo ridículas que son las tesis catastrofitas del ICE
y de los deterministas demográficos.
El factor demográfico no es el problema. ¿Cuál es? De lo que no se habla en nuestro país: la distribución de las rentas
El punto clave para analizar la viabilidad de las pensiones no es la
transición demográfica, sino la distribución de las rentas, tema que
tampoco aparece por ninguna parte en el ICE. Centrándose en el
“desequilibrio” etario, se olvidan, ignoran u ocultan el “desequilibrio
de rentas” que es la raíz del problema. Veamos los datos.
La
Seguridad Social se financia a partir de fondos derivados del trabajo. Y
en los últimos treinta años, a partir de las políticas públicas de
corte liberal (lo que se llama neoliberal) iniciadas por el Presidente
Reagan y por la Sra. Thatcher, hemos visto a los dos lados del Atlántico
Norte que las intervenciones públicas han beneficiado sistemáticamente a
las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. Las rentas
derivadas del trabajo han ido descendiendo más y más, y las del capital
han ido aumentando más y más. En España esto ha sido muy marcado en los
últimos años.
Esta redistribución de las rentas a favor del
capital ha creado enormes problemas. Varias son las consecuencias. Una
de ellas es el enorme problema de falta de demanda, una de las causas
del escaso crecimiento en España. Y la otra es la escasa rentabilidad de
la economía productiva –que se basa en la demanda- e hipertrofia de las
actividades especulativas de mayor rentabilidad (y riesgo). De ahí la
enorme inestabilidad financiera y falta de crédito que contribuyen al
escaso crecimiento.
La otra consecuencia de esta redistribución
de las rentas a favor de las rentas del capital a costa de las rentas
del trabajo ha sido precisamente la bajada de ingresos a la Seguridad
Social pues, al disminuir las rentas del trabajo, también disminuyen los
ingresos a la Seguridad Social. Ahí está el problema que el ICE ignora.
Las políticas neoliberales que se han estado aplicando en la Unión
Europea (y en la Eurozona a partir del establecimiento del euro), con el
énfasis puesto en la reducción de los salarios y del gasto público,
junto con el desarrollo de políticas fiscales favorables a las rentas
del capital, han sido los mayores ataques (y no hay otra manera de
decirlo) que se han hecho a la Seguridad Social. Estas políticas de
reducción salarial y de gasto público son resultado, en parte, de la
enorme influencia del capital financiero (bancos y compañías de seguros)
en la gobernanza de la eurozona y de los estados. Y ahora es el mismo
capital financiero el que está culpabilizando al envejecimiento de la
población de la crisis de la Seguridad Social. Y el Comité de Expertos,
cuya composición condiciona sus conclusiones (9 de los 12 miembros son
personas próximas a la banca y a las compañías de seguros), también
enfatiza esta tesis, promoviendo como solución un enorme recorte de los
beneficios sociales. La gran mayoría de los miembros del llamado Comité
de Expertos son conocidos ideólogos del neoliberalismo que han mostrado
su catastrofismo en sus escritos anteriores al ICE. En realidad, de
expertos tienen poco. De portavoces del capital financiero, sin embargo,
tienen mucho.
El abusivo recorte de las pensiones de sus propuestas
La dureza de sus recomendaciones se plasma en su claro intento de
reducir el tamaño de las pensiones, mediante sus propuestas. Pero, antes
de describir estas propuestas, permítanme que aclare que para mantener
el nivel de vida que el pensionista tuvo como cotizante (es decir
durante su vida laboral), la pensión debería aumentarse según aumenta el
nivel de los salarios. No hacerlo así implica que el pensionista irá
retrocediendo en su nivel de vida con la edad, pues los salarios –y por
lo tanto el nivel de vida de su país- iría aumentando más rápidamente
que su pensión. El hecho de que reformas previas hayan cambiado el
criterio de aumentar las pensiones adaptándolas, no al crecimiento de
los salarios, sino al nivel de la inflación ha significado un retroceso
muy notable del nivel de vida de los pensionistas en relación al resto
de la sociedad. Pero por si ello no fuera poco, el ICE quiere ir más
allá en este retroceso y quiere adaptarlo a la esperanza de vida del
pensionista y al supuesto coste de mantener esa pensión. Esta
recomendación me hace recordar la reciente observación del Ministro de
Economía y Hacienda del gobierno japonés que, en un momento de
crispación, dijo lo que muchos neoliberales suelen pensar pero no se
atreven a decir: “el deber patriótico de los ancianos es morirse cuando
les corresponde”, insinuando además que les correspondería morirse lo
más pronto posible. Naturalmente que el ICE no dice tal barbaridad. Pero
la lógica de lo que propone no excluye este tipo de conclusión. Para la
sostenibilidad de las pensiones es bueno que los ancianos no vivan
muchos años o que, si viven, vayan recibiendo cada vez menos pensiones.
El otro intento de reducir las pensiones es supeditar las pensiones a
los ingresos a la Seguridad Social en cada periodo, con lo cual, el
nivel de las pensiones dependerá del ciclo económico, aunque el ICE
niega que esto sea su intención. Como consecuencia, las pensiones
bajarán en momentos de recesión en contra de lo que la eficiencia
económica exige, que consiste en que en momentos de recesión es
fundamental que crezca el consumo a fin de estimular la economía. Por
cierto, el ICE indica falsamente que estas medidas ya se están aplicando
en otros países de la UE-15. Esto no es cierto. Ningún país ha hecho o
está promoviendo unas medidas tan radicales para los pensionistas como
las que el ICE está proponiendo. Suecia, bajo la influencia de los
liberales, hizo un cambio que capitalizó parte de las pensiones, es
decir, modificó parte de las pensiones para complementar las pensiones
básicas con fondos procedentes de la rentabilidad de las inversiones
hechas a partir de un componente de la cotización individual. El enorme
impacto negativo que la crisis económica creó en este fondo de
capitalización y su consiguiente impopularidad ha hecho que los partidos
de izquierda hoy en la oposición piensen cambiarlo.
En
realidad, la mayor crisis de estos sistemas de capitalización ha
ocurrido en Chile donde, bajo la dirección del general Pinochet, se
privatizaron y capitalizaron las pensiones (excepto para las fuerzas
armadas), habiendo sido un desastre. El ICE no propone esta excesiva
privatización, pero el recorte de las pensiones que propone llevaría a
una expansión de las pensiones privadas, que se rigen por el sistema de
capitalización y que benefician al capital financiero, es decir, a la
banca y a las compañías de seguros (ver el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión de Vicenç Navarro y Juan Torres, y también, de los mismos autores, Los Amos del Mundo. Las armas del terrorismo financiero
Soluciones alternativas
Las soluciones para el futuro de las pensiones pasan por centrarse no
tanto en la transición demográfica, sino en aumentar la riqueza del país
y su redistribución, mediante medidas macroeconómicas, laborales y
sociales (encaminadas a facilitar una sociedad de alta productividad) y
medidas fiscales (orientadas a una redistribución muy marcada de la
riqueza que se habrá creado con este aumento de la productividad y que
vaya en sentido opuesto al que ha estado yendo en estos últimos treinta
años, es decir, redistribuyendo desde el mundo del capital (y muy en
especial del capital financiero) hacia el mundo del trabajo.
En
aquellos países que se quiera mantener el sistema de reparto para
financiar las pensiones, es fundamental que aumente el número de
trabajadores (en España hay una enorme cantera de mujeres y jóvenes que
quieren trabajar), impedir los salarios bajos y la precariedad, aumentar
la progresividad en la financiación de la Seguridad Social y del Estado
(España tiene uno de los Estados de la UE-15 con menores ingresos, con
menor gasto público social y menos redistributivos) y aumentar la fuerza
de los sindicatos, puesto que la distribución de la riqueza creada,
resultado del incremento de la productividad, depende no solo del nivel
de la productividad, sino también del poder del mundo del trabajo. Hoy
el capital es el grupo de presión más poderoso que se ha beneficiado más
de este aumento de la productividad. Debería revertirse esta situación y
que fuera el mundo del trabajo el que forzara la redistribución de la
renta nacional a su favor y, en consecuencia, de la Seguridad y de la
protección social.
Hoy el capital y su ideología, el
neoliberalismo, es hegemónico en el pensamiento económico del país,
hegemonía que explica que incluso amplios sectores de las izquierdas
gobernantes la hayan aceptado. Esta hegemonía es reproducida en los
mayores medios de información y persuasión (ver mi artículo “¿Es España
una democracia? El caso de las pensiones”, Público 12.06.13).
Hoy, los sindicatos son el último baluarte que resiste a esta enorme
avalancha neoliberal. Aplaudo al único miembro del Comité que votó en
contra del ICE, denunciando una farsa de la que no quiso ser parte. Y
lamento y denuncio al economista sindicalista de CCOO que dio
legitimidad a dicho informe. Su aplicación significa un ataque frontal
al sistema de pensiones público. Y sus autores son plenamente
conscientes de ello, pues así lo plasman, aunque intenten disimularlo,
en su informe.
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas
Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The
Johns Hopkins University
1 comentario:
Menos academico pero mas secillo. Si producimos los vienes y servicios que necesitamos .
¿Que problema hay con las pensiones?
¿Acaso no somos capaces de producirlo?
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