( El
pasado martes 11 de Marzo, un compañero de Córdoba Laica intervino en
el Pleno del Ayuntamiento que debatió una moción de IU sobre la
inmatriculación de la Mezquita cordobesa.Ésta fue rechazada con los
votos en contra de PP-UCOR y la abstención del PSOE. Reproducimos la
intervención).
Antonio Pintor Álvarez
Córdoba Laica
Titularidad
de la Mezquita-Catedral
Arthur Schopenhauer:
"Toda
verdad pasa por tres fases.
Primero se la ridiculiza.
Segundo, genera una
violenta oposición.
Tercero, resulta aceptada
como si fuera algo evidente".
“Todos sabemos desde
siempre que la tierra es redonda y que gira alrededor del sol”, ¿o
no?
La “verdad” que vengo
a exponer en nombre de Córdoba Laica es que la titularidad de la
Mezquita-Catedral corresponde a la ciudadanía de Córdoba.
Desde Córdoba Laica
planteamos que existen dudas razonables sobre la “legitimidad” de
la Iglesia católica para autoproclamarse dueña de la M-C, al
entender que la legislación hipotecaria en materia de
inmatriculación de bienes inmuebles eclesiásticos utilizada por
dicho organismo va en contra de los principios constitucionales de
igualdad ante la ley (Art. 14) y de la aconfesionalidad del Estado
(Art. 16.3) que establece que “ninguna
confesión tendrá carácter estatal”.
Se ha tratado de equiparar
a la iglesia católica como
“Entidad de Derecho Público” y a los obispos diocesanos con
funcionarios públicos, pudiendo ser considerada, esta legislación
hipotecaria, como un procedimiento anacrónico, resquicio de un
modelo de relaciones Iglesia-Estado de corte confesional que fue
superado por la entrada en vigor de la Constitución Española de
1978.
Actualmente no cabe
asimilar los fines religiosos con los públicos, ni a los miembros de
una Confesión religiosa, por muy cualificada que sea su posición
dentro de la misma, con los funcionarios públicos.
El CANONIGO
ARCHIVERO DE LA CATEDRAL, al referirse a la propiedad de
la Mezquita declara: "No hay que
justificar lo evidente".
Tan evidente como que la
tierra estaba quieta y era el sol el que giraba alrededor de ella.
Además, insta a la Junta
a "no hacer el ridículo,
porque en la UE se lleva poco un asalto a la propiedad privada".
Totalmente de acuerdo con
este Sr. pues es evidente que lo que se lleva en la Unión Europea al
igual que en nuestro país es “el asalto a
lo público” en beneficio de algunos
privilegiados, entre los que, como todos sabemos en nuestro país, se
encuentran los bancos y la Iglesia Católica.
Por otro lado resulta paradójico que José Antonio Nieto, Alcalde de Córdoba, asuma la defensa de los privilegios del cabildo catedralicio por encima del interés común de la ciudadanía a la que representa.
Quiero recordarle al Sr. Alcalde que: “El indicador por antonomasia del buen hacer de un gobierno, y por extensión de un buen gobernante, es cómo atiende los intereses de su pueblo, en especial de los más débiles, y si es capaz de protegerlo sobre todo durante los tiempos difíciles y frente a los poderosos.”
Evidentemente nos
encontramos ante un hecho histórico, dada la trascendencia que
tendrá, independientemente del resultado final, por lo que el Sr.
Alcalde podrá ser recordado como aquel que defendió jurídica,
política y socialmente la pertenencia de la Mezquita-Catedral al
pueblo de Córdoba o por el contrario quien dio la espalda a su
pueblo para posicionarse del lado de la poderosa iglesia católica,
cuya jerarquía, no olvidemos, obedece y depende de un jefe de estado
extranjero.
En Córdoba tenemos el
caso de un Alcalde, el Sr. Anguita, que en 1980 con el apoyo de los
ciudadanos, las leyes y la negociación con sus propietarios, evitó
el expolio al extranjero de los tesoros de otro monumento emblemático
de nuestra ciudad, como es el Palacio de Viana.
Desde Europa Laica
denunciamos la ilegitimidad y presunta inconstitucionalidad de esta
absurda situación y exigimos responsabilidades a los poderes
públicos que lo están permitiendo, requiriendo a los grupos
políticos con representación parlamentaria que modifiquen con
carácter retroactivo el articulo 206 de la Ley Hipotecaria y el 304
de su Reglamento, adaptándola a la situación democrática y
constitucional del momento.
Por otra parte hacemos un
llamamiento a los ciudadanos cordobeses para que se movilicen en
defensa de sus intereses, reclamando la devolución de la
Mezquita-Catedral al Estado Español
(no a ninguna secta, religión u organismo extranjero) quien mediante
una Fundación o Patronato Público, del que formarían parte el
Ayuntamiento de Córdoba, los Gobiernos Regional y Central, la
Universidad y, en su caso, entidades privadas de carácter cultural o
de investigación, y en la que se garantice la
transparencia en todos los aspectos de su
gestión, incluida la económica, y cuyos beneficios, si los hubiere,
reviertan en Córdoba y los cordobeses.
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