Juan
García Ballesteros
Presidente
del Colectivo Prometeo y miembro del FCSM
Venezuela
es un estado democrático, a pesar de los ataques que sufre por parte
de los sucesivos gobiernos españoles y de los medios de comunicación
cómplices. En los 16 años que lleva el Gobierno Bolivariano ha
habido 19 elecciones de las que sólo ha perdido una. Todos los
comicios han sido vigilados por observadores internacionales (ONU,
UNASUR, UE,…) y han coincidido en la limpieza de los resultados. Es
más la constitución venezolana recoge aspectos avanzados que la
nuestra no contempla. Por ejemplo revocar un
cargo público mediante referéndum, incluido el presidente del
gobierno o convocar un referéndum vinculante para el Gobierno.
¿Qué
pensaría y cómo actuaría nuestro Gobierno si un país extranjero
hubiera pedido la liberación de terroristas o de los golpistas del
23F? Hubiera sido un escándalo, tachado al país de antidemocrático
y posiblemente llevado el caso a instancias internacionales. Bien,
pues estos es lo que hecho el Congreso de los Diputados. En su
reunión del pasado 14 de Abril, con los votos del PP, PSOE, UPyD,
CiU y PNV (en contra toda la izquierda) se aprobó una resolución
para pedir al gobierno venezolano la liberación de los
“pacíficos opositores injustamente encarcelados”, los señores
Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos. Antonio Ledesma
era Gobernador de
Caracas y Carlos
Andrés Pérez, Presidente del Gobierno, cuando las fuerzas de
seguridad, en una violenta represión dispararon con fuego real
contra una manifestación pacífica en Caracas que protestaba contra
la subida del transporte y de los alimentos. Murieron 3.000 personas.
Era febrero de 1989 (caracazo). El entonces presidente del gobierno
español, Felipe González, apoyó a su par, Carlos Andrés Pérez y
le ofreció 600 millones de dólares para “ayudarle en esos
críticos momentos” (El País, 2-3-89).
Los
señores Ledezma y López ya participaron en el frustrado
golpe de estado de 2002 (apoyado por el gobierno
de Aznar) y son los
cabecillas de la situación de violencia callejera alentada por
sectores terroristas (guarimba) de la oposición (Febrero de 2014)
para desestabilizar al Gobierno del Presidente democrático, Nicolás
Maduro. Costó la vida a 43 personas y múltiples daños en
edificios públicos. Ellos son los instigadores del último intento
de golpe de estado (Febrero 2015), apoyados por la extrema derecha y
la oligarquía con
la ayuda de los gobiernos, las grandes corporaciones y medios de
comunicación norteamericanos y europeos. Su objetivo: frenar el
proceso revolucionario abierto en 1998 con la elección del
presidente Hugo Chávez.
El expresidente del
gobierno, Felipe González, se ha postulado para ejercer de abogado
de Leopoldo López y Antonio Ledezma. Defender a estos personajes que
la justicia venezolana juzgará por delitos gravísimos contra la
seguridad del estado encaja perfectamente con su perfil de
presidente. Era íntimo amigo de Carlos Andrés Pérez, condenado a
dos años y cuatro meses de arresto por Corte
Suprema de Justicia
acusado de malversación
de fondos públicos
y fraude.
Como presidente no nos dejó un legado muy digno: nos metió en la
OTAN, dilapidó una parte importante del sector público (70
empresas), su partido se financió de forma ilegal y permitió la
corrupción (Caso Filesa, Vera, Guerra y Roldán), recurrió a
terrorismo de estado (GAL) y, sin ser un experto en energía, es
colocado de consejero en Gas Natural para pagarle las privatizaciones
(puerta giratoria).
Otro expresidente,
José María Aznar, le va a la zaga. Quiere dar lecciones de dignidad
y honradez, acusando a Podemos de financiación ilegal por el
chavismo. Sabe todo el país que las cuentas de están partido están
claras (se financia de sus militantes y simpatizantes). Si no fuera
así, ya estaría en los tribunales, porque el acoso del PP hacia
este partido, ante el miedo a perder su poder y temor a que se
levanten las alfombras de la corrupción, se está volviendo
enfermizo. Pero este señor que nos metió en una guerra ilegal,
cuyas consecuencias padecen todavía los iraquíes, que privatizó
las principales compañías de
11 sectores fundamentales de la economía española (Gas Natural.
Telefónica, Tabacalera, Endesa, Repsol, Argentaria, Red Eléctrica,
Aceralia, Casa, Iberia), que está salpicado por la corrupción
(Gürtel, Bárcenas), que su partido se ha estado financiando de
forma ilegal las últimas décadas, que los sobres con dinero negro
han corrido en el PP, que liberalizó el suelo posibilitando la
burbuja inmobiliaria y que hizo una reforma del subsidio de desempleo
(decretazo) le supuso afrontar una huelga general (2002) convocada
por todos los sindicatos. Al final, otro experto en energía, acabó
de Consejero en Endesa (puerta giratoria).
Por último, no
quiero dejar de comentar a la aspirante a Alcaldesa de Madrid por el
PP, Esperanza Aguirre. Ella misma se retrata ante la opinión
pública, utilizando un lenguaje soez y barriobajero en su
confrontación con Manuela Carmena, candidata de Ahora Madrid,
acusándola de sintonía con ETA. Cuando no se es capaz de ofrecer
argumentos y propuestas, los ataques personales son la respuesta de
la insensatez y la incoherencia. Esta señora, ahora lo sabemos, que
cobró 30.000 € mensuales (369.000 € al año) por trabajar de
“cazatalentos” para una empresa privada, no resulta muy
convincente en una actividad que ha dilapidado como Presidenta del PP
de Madrid al elegir los “talentos” de su formación en puestos
importantes de responsabilidad que han resultado imputados por casos
de corrupción (Ignacio González, Francisco Granados, Lucía Figar).
Algún día se descubrirá si ese sueldazo tiene alguna relación con
puertas giratorias. A exigencia de Esperanza Aguirre, el PP ha sido
muy diligente para intentar descubrir de dónde ha salido la
filtración de su renta de 2013 ¡Ojalá hubieran actuado para otras
filtraciones (Juan Carlos Monedero) que el PP ha utilizado para
denigrarlo!
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