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| Fuente: Economistas Frente a la Crisis |
Pedro
Montes
Economista.
Socialismo 21.
El
anunciado incumplimiento del déficit público en el año 2015, que del programado
4,2% del PIB ha resultado ser del 5,2%, tiene en términos cuantitativos una
importancia menor si se tienen en cuenta las inmensas cifras que alcanza el
endeudamiento del país. Una desviación
de unos 10.000 millones de euros, comparados con el más del billón de euros que
ya alcanza ya la deuda pública española, o los 1,8 billones de euros de la
deuda externa del conjunto del país, no se puede decir que sean
insignificantes, pero dejan intactos los problemas derivados de la acumulación
de déficits en el pasado que se van traduciendo en un avance de la deuda. Ahora
bien, desde el punto de vista político, la noticia tiene un significado
trascendente en unos momentos de gran confusión política y de toma de posición
de los partidos cuando negocian un casi imposible gobierno.
Habría
que extender un manto de duda, desde luego, sobre cuál fue la magnitud real del
déficit público el año pasado, considerando la fácil manipulación y
ocultamiento de las cifras y el gran número de instituciones que incluyen las
Administraciones Publicas. Como cabe
prever, será inevitable en el futuro referirse a la herencia recibida, será
entonces cuando emergerán las cifras auténticas del déficit público actual, por
no considerar que basta con que se degraden las infraestructuras y los
servicios de un país y se dejen de acometer gastos necesarios para que el
déficit no resulte afectado.
Lo
primero que pone de manifiesto el incumplimiento del déficit es la
contradicción que encierra la política de austeridad por cuanto los intentos de
reducción de ese déficit llevan acarreado un deterioro económico que entre
otros efectos disminuye la recaudación impositiva. Es como perseguir la propia
sombra: más austeridad no implica disminuir el déficit por una cuantía
determinada sino que tiende a tener un impacto menor por la caída de impuestos
y algunos aumentos de gastos ineludibles comprometidos con derechos de los
ciudadanos.
Con
más perspectiva, el aumento del déficit público, desmentido hasta última hora
por el gobierno del PP con la misma desfachatez con que niega la corrupción, así
como su nivel actual, por encima de las muchas proyecciones programadas en el
pasado para cumplir el pacto de estabilidad con la Comisión europea, revelan el
gran fracaso de la política de austeridad, impulsada e impuesta por la Troika y
tan dócilmente aceptada por los gobiernos españoles de los últimos tiempos. En la
última legislatura por el PP y en la anterior por el PSOE, cuando el BCE impuso
un cambio de política en el 2010 que llegó a traducirse en la reforma del
artículo 135 de la constitución.
Casi
nos acercamos a una década de crisis con la austeridad como gran aportación
teórica y base de la política seguida, y es con ella con la que se pretenden
afrontar los años próximos. El PP, no se cansa de repetir que hay que
profundizar en las reformas del pasado, queriendo decir que deben seguir los recortes
y degradación de los derechos sociales. Las demás fuerzas políticas disimulan
lo que pueden ante las siniestras perspectivas que tienen ante sí, jugando
perversamente a no querer enterarse que la guadaña de la Troika espera
pacientemente a la formación de un gobierno al que exigirle un endurecimiento
de la política de austeridad.
Sin
embargo, ese incremento del déficit público en 2015 va a tener la virtud de
desenmascarar la irresponsabilidad en la que están sumidas todas las fuerzas
políticas de la izquierda, que pretenden hacer caso omiso de la realidad y las
presiones anunciadas de la Troika.
De
repente, todo ha saltado por los aires, y las propuestas de una política
económica más activa y socialmente más avanzada quedan derruidas, ilusorias, convertidas
en papel mojado ante el hecho de que las exigencias de la Troika sobre el nivel
de los recortes necesarios se han duplicado de la noche a la mañana. Y aunque
la capacidad de mirar para otro lado de todos los políticos es colosal, el
crudo escenario de que serán necesarios introducir recortes por más de 20.000
millones de euros inmediatamente cualquiera que sea el gobierno que finalmente
se forme, deja desnudos todos los programas que con tan buena voluntad pero con
tanta incompetencia política se han lanzado en los meses interminables de estas
elecciones inconclusas.
El
PSOE calla pero ya ha recurrido a la "herencia recibida" para
justificar cualquier política si llega a gobernar. Podemos, según su última
interpretación de que la política consiste en ceder, ya ha rebajado su
inexplicada política keynesiana de 96.000 a 60.000 millones de euros, aunque tanto
una cifra como otra son cartas infantiles a los reyes, cargadas de buenos
deseos pero inviables. Izquierda unida, o Garzón si se quiere, por ser más
preciso en estos momentos de debate previos a su próxima asamblea federal, saca
pecho y se atreve a decir que ya, si es preciso, hay que rebelarse contra la
Troika, emulando al fracasado Tsipras, y como si el caso de Grecia no hubiera
ocurrido y no hubiese acabado con una claudicación del gobierno de
consecuencias pavorosas.
Llegados
a este punto y ante la vesánica situación política y social del país, sólo me cabe confirmar mis respaldo pleno a la
ponencia presentada por Julio Anguita y otros compañeros de la dirección de IU sobre
la cuestión de Europa, que deja claro que la única oportunidad existente para
salir del atolladero histórico en que se ha sumergido la sociedad es que: “los
problemas económicos y sociales de la sociedad española sólo pueden ser
afrontados y tener solución si se admite que es necesario recuperar la
soberanía popular y, en consecuencia, romper con el yugo de la unión monetaria,
los requerimientos de las instituciones europeas y los pactos por la
austeridad”.
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