Manuel
Marrero Morales
Colectivo Prometeo
FCSM
Ayer
tarde, al entrar en Lisboa, una vez atravesados los 17 kilómetros
del puente "Vasco de Gama" que cruza el Estuario del Tajo
(11km), me sorprendió agradablemente un gran cartel, en una rotonda
cercana a las instalaciones de la antigua Expo, con un slogan
defendiendo la Escuela Pública.
Anoche,
con motivo de la noche de los museos, el primer ministro portugués,
Antonio Costa (socialista, -que gobierna con el apoyo del Bloco de
Esquerda, Los Verdes y el PCP- y de quién Pedro Sánchez quería
tomar ejemplo, antes de su pacto con Cs) declaraba que, en
cumplimiento de su programa de gobierno, "Es
la escuela
pública
la que asegura la igualdad de oportunidades a todos y da
a todos la
libertad
de -independientemente
de su condición
socio-económica y
del
lugar de
residencia-,
poder tener
derecho
a la mejor
Educación
posible.
Una
ambición que
todos hemos de
tener
es que en
cada una
de las
escuelas
públicas
portuguesas tengamos
la mejor
oferta educativa que es
posible
encontrar en
Portugal".
A
esto se le llama una apuesta inequívoca por la revalorización de lo
público.
Y,
como era de esperar, la respuesta de la derecha portuguesa y la
Iglesia Católica (principal beneficiaria) no se ha hecho esperar: El
presidente de la Conferencia Episcopal portuguesa (CEP),
el cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, hizo pública
su posición
en una homilía
durante las celebraciones de la Festividad de Fátima.
La Iglesia tiene una gran fuerza de arrastre en Portugal.
Por
su parte, la Secretaria de Estado de Educación,
Alexandra Leitão,
mano derecha del ministro de Educación
Tiago Brandão Rodrigues, ha
afirmado que «sólo
21 de los 79 colegios privados lusos con contratos de asociación
(conciertos) los mantendrán
como hasta ahora durante el próximo
año lectivo».
La secretaria de Estado afirmó también
que «en
septiembre 39 de los 79 centros no ofertarán
los cursos de quinto de Primaria, primero de Secundaria y primero de
Bachillerato».
Añadió
que «habrá
otros 19 centros que tampoco
podrán
impartir todos los cursos de la enseñanza obligatoria a los
alumnos».
El
contraste con el Estado Español es muy notable. En Andalucía, por
ejemplo, con un gobierno del PSOE desde tiempos inmemoriales, se han
alargado los períodos de concesión de los conciertos de 4 a 6 años
por parte de la ínclita Susana Díaz. El negocio privado de la
educación, mantenida con fondos públicos, sigue creciendo, mientras
se deteriora con recortes el servicio público.
Una
apuesta decidida por mejorar la calidad educativa y garantizar a la
ciudadanía el mejor uso posible de sus impuestos es que no se
destine ni un sólo euro público para el negocio privado de la
educación y se haga una oferta suficiente de plazas públicas,
gratuitas y de calidad, desde los 0 años en adelante, a través de
una escuela inclusiva, laica, democrática y que ofrezca
posibilidades reales al conjunto de la sociedad.
Y
estas ideas, en el panorama político español, sólo las defiende,
de forma nítida, la confluencia electoral de Unidos (y Unidas)
Podemos.
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