José Antonio Naz
Valverde
Colectivo Prometeo
FCSM
La educación en los Estados democráticos
modernos es una preocupación fundamental, no solo del gobierno sino de la
sociedad en su conjunto, y se entiende como un derecho y obligación de toda la
ciudadanía y de sus instituciones para garantizar unos valores generales y una
formación común que permita el desarrollo de todas las personas y el avance del
país.
En Europa desde la Ilustración la "instrucción pública" se
considera la base de la Republica, y por tanto una competencia directa del
Estado. Y así es considerada hasta hoy en la mayoría de los países de nuestro
entorno. Esto supone un único sistema de educación, gestionado por los fondos
públicos y en centros públicos. Así tenemos ejemplos como el Finlandés, reconocido
como uno de los mejores sistemas educativos, donde solo hay un escaso 10% de
centros privados, y donde, por cierto, el valor de la educación es altísimo y
en consecuencia el profesorado el gremio mejor considerado socialmente. Otro
modelo puede ser el francés, con tres tipos de centros: estatales, concertados
y privados, aunque con un único programa obligatorio, supervisado por la
Inspección pública y con controles y exámenes únicos realizados desde el
Estado; y todos los que reciben subvención estatal, independientemente de su
titularidad, están obligados a un concurso público de contratación del
profesorado y los idearios particulares solo pueden desarrollarse en horarios
complementarios.
El caso español es un poco particular.
Nuestra historia siempre ha estado marcada por las contrarreformas, no dejamos
florecer como en otros países el renacimiento que acababa con los siglos
obscuros del medievo, fuimos la lanza contra los intentos de reformas en la
"cristiandad", reforzando la contrarreforma y manteniendo la
Inquisición hasta el siglo XIX; y no parece que nos revelaramos contra Napoleón
por nuestra soberanía sino más bien contra las modernidades que pretendía
implantar, por eso recibimos al poco tiempo al grito de "vivan las
cadenas" al ejército francés, esta vez del rey, que nos devolvía a nuestro
absolutisimo Fernando VII.
Naturalmente la educación estuvo todo
el,tiempo en manos de la Iglesia Católica, desde los conventos y abadías hasta
seminarios y centros de órdenes religiosas.
Solamente en los principios del siglo XX
empieza a desarrollarse la enseñanza pública, siendo el breve periodo de la
Segunda Republica el momento de máximo esplendor, con un cuerpo de maestros muy
implicados y con un alto nivel profesional. El golpe militar bajo el lema de
cruzada nacionalcatolica cortó de raíz ese sistema de enseñanza. Los vencedores
se cebaron con el profesorado de la Repblica, acabando físicamente con ellos o
destituyéndolos. En el nuevo régimen los servicios sociales, como la salud o la
educación, son entregados a la Iglesia Católica, y se improvisa un nuevo
profesorado entre el propio clero y los
combatientes del bando franquista, primando la certificación ideológica sobre
otro tipo de formación o competencias. Las propias escuelas de Magisterio son concebidas
y funcionan como centros de formación de catequistas para formar en los
principios del régimen.
La poca
definición de Constitución del 78 y los acuerdos con la Santa Sede, permiten la
continuidad del protagonismo de la Iglesia en la educación. El desarrollo
normativo de estos casi 40 años (LODE, LOGSE, LOMCE,LEA) no ha corregido y a
veces ha favorecido ese protagonismo.
Hay pues dos sistemas de hecho, uno estatal, y otro de
la Iglesia Católica (subvencionado casi todo por el Estado), quien mantiene
tambien una gran influencia sobre el primero, y está en plena ofensiva
expansionista.
Ante esta
realidad, y la devaluación del servicio público por las políticas de recortes,
la sociedad está empezando a reaccionar, con movimientos y mareas en defensa de
la enseñanza pública o con huelgas como la del 9 de Marzo. Pero no tienen el
respaldo tan masivo del profesorado, familias y alumnado que sería lógico. Sin
duda porque no sienten que lo público es suyo, que el profesorado está pagado
por la ciudadanía, que las plazas educativas cuestan un dinero que es de todos
y todas, que las familias tienen derechos y deberes con el sistema educativo de
sus hijos, que la ciudadanía en general es propietaria del sistema y tiene que
defenderlo y mejorarlo.
España tendrá un
sistema educativo similar al de Francia o Finlandia cuando su pueblo cambie la
mentalidad de súbdito a la de ciudadano y realice la Transición hacia el Estado
Democrático del siglo XXI, sin tutelas de ningún poder que no sea el de la
ciudadanía.
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