Personas, municipios y medio ambiente.

Ángel B. Gómez Puerto.

Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Córdoba).

http://gomezpuerto.blogspot.com/   

  En tiempo electoral, a las personas que no participamos en la vida interna partidaria, y que tenemos inquietudes para que mejora la calidad de vida y compromiso con nuestro entorno de los pueblos y ciudades en las que habitamos, nos queda la palabra, para exponerlas al resto de la sociedad y a los poderes públicos constituidos.
    Ya he escrito en diversas ocasiones, y es mi principal línea de investigación académica universitaria, que el compromiso con el medio ambiente actual de nuestros poderes públicos no es suficiente ni adecuado. Que ha ido desapareciendo de la agenda política e institucional. Afortunadamente, en los últimos meses, nuestros jóvenes, con esos viernes por el futuro, nos están recordando que solo tenemos un planeta, que la vida se acaba de seguir con el camino destructivo del actual modelo de desarrollo, universal y local.


En la vida real y cotidiana del común de la gente, la justicia social y el respeto a nuestro entorno vital están cuestión. El sistema económico, el tejido empresarial no puede desconocer la necesaria atención al interés social, al bien común, a los bienes de la humanidad, al cuidado a la vida que nos rodea, al medio ambiente. Está en juego la vida, la salud planetaria.

Los Estados actuales deben incorporar de manera más firme su compromiso con la defensa de la causa social, del interés colectivo, haciendo de la protección del medio ambiente, de la vida, objetivo constitucional de primer orden. Hasta el Papa Francisco, en su Encíclica Laudato Si` sobre el cuidado de la Casa Común (2015),consideró al medio ambiente “como patrimonio común de la humanidad”.

En una metodología de lo global a lo local, de lo universal a lo concreto, que suelo seguir, planteo una serie de líneas de actuación para los municipios de la provincia de Córdoba, para el mandato local 2019/2023 que se inicia el próximo 26 de mayo. En un número que suelo utilizar, planteo hasta diez:



I. Mejora y optimización la gestión de los residuos urbanos, con el objetivo de consolidar la consecución del ciclo integral de los residuos urbanos. Para conseguir la eficacia de este objetivo es imprescindible la educación y formación permanente, en todos los ámbitos, especialmente en la formación reglada.

II. Gestión sostenible del agua: incidir en aspectos educativos en relación al consumo de este esencial valor ambiental.

III. Fomento del transporte público colectivo: apuesta por la movilidad en nuestros municipios.

IV. Planes municipales de fomento del uso de la bici,apuesta por hábitos saludables. Incidir en los aspectos educativos sobre la importancia para la salud individual y colectiva del uso de la bicicleta, y sobre el respeto al peatón, el elemento más vulnerable de la movilidad. Este eje estaría vinculado a un compromiso con el cuidado del espacio público como bien común esencial delos municipios.

V. Contribución desde lo local a la aplicación de la normativa autonómica sobre calidad del aire: políticas de prevención y control.

VI. Implementación de políticas municipales de eficiencia energética: en la vía pública y en edificios municipales.

VII. Medidas serias contra la contaminación acústica en nuestros pueblos y ciudades: control de la aplicación de la normativa autonómica existente.

VIII. Líneas de actuación permanente de fomento de la información y educación ambiental: en materias como consumo responsable, reciclaje, movilidad sostenible o sobre los valores ambientales de la provincia de Córdoba (espacios naturales).

IX. Participación efectiva de ciudadanía y colectivos en la definición de políticas medioambientales: consejosmunicipales de medio ambiente, con competencias reales y funcionamiento dinámico y diverso, y defensorías ambientales de la ciudadanía, vinculadas al Defensor del Pueblo Andaluz.

X. Instar a la Junta de Andalucía, desde los municipios del entorno de la Sierra Morena, a que continúe el proceso iniciado para la declaración de Parque Natural de la Sierra Morena de Córdoba (Córdoba,Villaviciosa, Obejo, Adamuz, Villaharta, Almodóvar del Río, Espiel, etc) iniciado en el Parlamento de Andalucía en 2016, tras la recogida y registro de miles de firmas desde una iniciativa ciudadana, conectando el corredor ecológico protegido que va desde el Parque Natural Sierra de Aracena hasta el Parque Natural Sierra de Andújar, pasando por los parque naturales cordobeses de Hornachuelos y Cardeña-Montoro. Con el Parque Natural Sierra Morena de Córdoba quedaría completa la red de parques naturales de la Sierra Morena en Andalucía.



A efectos ilustrativos, y para que tengamos claros nuestros derechos y obligaciones colectivas, reproduzco dos preceptos clave en la materia medioambiental, a modo de colofón de esta reflexión:



Artículo 45 de la Constitución (1978):

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.



Artículo 28 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (2007):

1. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes.

2. Se garantiza este derecho mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos naturales.

3. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información medioambiental de que disponen los poderes públicos, en los términos que establezcan las leyes.