¡Por el pleno cumplimiento de las reformas sociales del gobierno PSOE-Unidas Podemos!
¡Los Derechos se defienden gobierne quien gobierne!
El
gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos en torno a un
programa reformista moderado ha levantado esperanzas en una parte de
la sociedad, escepticismos en otra parte, y la oposición montaraz
del PP, Ciudadanos y VOX.
Sus
primeras acciones de gobierno con la actualización del poder
adquisitivo de las pensiones públicas y el aumento del salario
mínimo de 900 euros a 950 euros/mes han confirmado la senda
anunciada de mayor sensibilidad social.
Los
próximos retos como la derogación de la contrarreforma laboral bajo
el gobierno de Mariano Rajoy, la defensa y blindaje de los servicios
públicos, las medidas efectivas para asegurar el acceso asequible a
la vivienda y evitar los desahucios, la implantación del Ingreso
mínimo vital en condiciones dignas, la actualización del IPREM, las
medidas contempladas en políticas feministas, contra el cambio
climático, para revertir la despoblación, etc., si se resuelven de
manera plena y efectiva permitirán la recuperación de parte del
bienestar social y de los derechos laborales perdidos bajo los
últimos gobiernos.
Sin
embargo, la plena reversión de los recortes sociales acumulados en
los últimos años, particularmente la retrograda reforma de
pensiones bajo Zapatero que retrasó la edad de jubilación a 67
años, la consecución del pleno empleo y acabar con la precariedad y
pobreza laboral que exige la derogación de la legislación laboral
acumulada en los últimos decenios y la reducción del tiempo de
trabajo a 30 horas semanales sin disminuir el salario, revertir las
privatizaciones en los servicios públicos y de los sectores
energéticos, combatir la desigualdad rampante, avanzar hacia una
banca pública, recuperar la soberanía alimentaria y la protección
de la agricultura, etc., exigen medidas que no están contempladas, o
tienen una redacción genérica e insuficiente, en el programa de
gobierno de coalición.
Por
otra parte, la obediencia a los objetivos de estabilidad
presupuestaria, reducción del déficit y la deuda pública del
Tratado europeo de Estabilidad presupuestaria, la no derogación de
la ley orgánica de estabilidad presupuestaria (ley Montoro), el
cumplimiento del regresivo artº 135 de la Constitución española,
no permiten ser optimista sobre el cumplimiento real de gran parte
del moderado programa de gobierno. Si consideramos la perspectiva
económica, ralentización del crecimiento y riesgos de pinchazo de
las burbujas financieras, etc., se hace evidente la ausencia de
instrumentos económicos para afrontar un nuevo escenario de crisis
del sistema neoliberal, y la necesidad de recuperar los instrumentos
de la soberanía económica, empezando por la derogación de la ley
Montoro. En este sentido, las recientes declaraciones de la ministra
Nadia Calviño cuestionando los elementos metodológicos del pacto de
estabilidad y que no corresponden con la realidad económica española
señalan el obstáculo a superar.
Los
graves problemas acumulados en la economía española, la
despoblación vinculada a la desindustrialización, a la degradación
de las capacidades agrícolas, ganaderas y pesqueras, la
pauperización del trabajo agrícola en beneficio de las
multinacionales de la distribución y del comercio, la canalización
de las ayudas europeas a los terratenientes, explican el malestar
social y las recientes movilizaciones en las zonas agrícolas que
finalmente llegan a las ciudades.
La
frágil estabilidad del gobierno PSOE – Unidas Podemos
La
estabilidad institucional del gobierno de coalición depende del
apoyo de formaciones independentistas como ERC, que en 2019 precipitó
elecciones anticipadas al rechazar un proyecto presupuestario de
reformas progresistas. El anuncio de próximas elecciones a la
Generalitat, y las crecientes tensiones en el bloque independentista
por la hegemonía, abre una coyuntura incierta sobre la aprobación
de los presupuestos en España y la continuidad del gobierno de
coalición.
Por
otra parte, el ascenso del partido de ultraderecha VOX, que
representa la reacción del nacionalismo español más conservador
ante el independentismo, y un malestar social alimentado por diversos
factores, condiciona el comportamiento político del PP y Ciudadanos,
y también alimenta la inestabilidad política.
En
estas condiciones, el gobierno de coalición debe de afrontar con
voluntad de diálogo el conflicto territorial, ofreciendo soluciones
políticas reales, construyendo un modelo de estado federal, social,
solidario y democrático, capaz de suscitar un amplio apoyo social en
Cataluña y en el resto del estado español.
Sin
embargo, es en el eje social y económico donde el gobierno
PSOE-Unidas Podemos se juega su futuro. Si cumple las reformas que
contiene el programa, y afronta los retos sociales y económicos,
recogiendo las principales reivindicaciones de los movimientos
sociales, de Marea Pensionista, Marea Blanca, del Movimiento de las
personas en paro, del movimiento en defensa de la educación pública,
del movimiento ecologista, las reivindicaciones por la soberanía
alimentaria, y recuperar los instrumentos para hacer efectiva la
soberanía económica, y como consecuencia de todo ello se avanza en
el bienestar y cohesión social, en los derechos laborales, y se
reduce drásticamente la desigualdad, el apoyo social al gobierno de
coalición PSOE – Unida Podemos se incrementará, y se debilitarán
las causas de fondo que alimentan la demagogia independentista, y a
la ultraderecha de VOX, reduciendo de manera importante su
influencia.
Exijamos
coherencia en la aplicación del programa del gobierno de coalición
PSOE - Unidas Podemos en todos los ámbitos
El
papel de los movimientos sociales es fundamental para hacer cumplir
el programa de reformas, para que no se diluya el compromiso de
derogar la contrarreforma aboral ante las presiones de los poderes
económicos y de la patronal, en defensa de los servicios públicos,
y que las reivindicaciones de los movimientos sociales sean recogidas
por el gobierno del estado y se hagan realidad.
Pero
la actividad y presión de los movimientos sociales no puede
limitarse al ámbito del gobierno del estado. Los intentos de
impedir, frenar, diluir el programa de reformas del gobierno de
coalición no solo procede de los poderes económicos y de las
fuerzas conservadoras del estado español. A través de las
comunidades autónomas y ayuntamientos que controlan las fuerzas de
derecha, tanto española, como independentista, se intenta boicotear
las medidas avanzadas socialmente e imponer sus objetivos
neoliberales, de privatizaciones y recorte o escaso gasto social.
En
este sentido el proyecto de presupuestos de la Generalitat de
Cataluña para 2020 es contradictorio con la defensa del programa del
gobierno de coalición, porque no supone una mejora significativa del
gasto social en relación al presupuesto ejecutado en 2019, tampoco
recoge la actualización obligada por ley del Indicador de Renta de
Suficiencia de Cataluña recortando de hecho numerosas prestaciones
sociales, entre ellas la RGC, ayudas de vivienda, pobreza energética,
etc., o limitando injustamente el acceso a las becas comedor de la
infancia de familias vulnerables (a diferencia del programa de la
coalición que se compromete a actualizar el IPREM), etc.
Llamamos
a las/los activistas de la clase trabajadora y movimientos sociales,
a su vanguardia a organizarse para articular una potente y
persistente movilización por la plena derogación de la
contrarreforma laboral, por el cumplimiento de las reformas de
progreso social del gobierno PSOE-Unidas Podemos. Para rechazar al
proyecto de presupuestos neoliberales del Gobierno de la Generalitat.
Por la derogación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria
(Ley Montoro). Por la recuperación de los instrumentos de soberanía
económica.
Como
demuestra el reciente rechazo en comisión parlamentaria a la Ley
Aragonés, resultado de la amplia campaña unitaria contra esta ley
privatizadora, o la reciente aprobación de la moción parlamentaria
para actualizar el IRSC en los términos planteados por la Carta a
los grupos parlamentarios suscrito por numerosos activistas sociales
y promovida por la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de
Ciudadanía, derrotar las políticas neoliberales y antisociales, o
mejorar los derechos sociales, es posible.
Barcelona,
febrero 2020
XARXA
SOCIALISME 21
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