Remedios Copa
Colectivo Prometeo
Para entender el origen de esta apropiación de bienes públicos hemos de retrotraernos al Decreto Ley de 1998, cocinado al margen del Parlamento, el que permitió la privatización de templos y catedrales de carácter religioso que hasta entonces habían sido bienes de dominio público, tal como aseguraron muchos juristas.
Fue al amparo del Partido Popular que, tras 14 años de gobierno del PSOE, obtuvo la mayoría simple e invistió presidente a José María Aznar, quién formó su primer Gobierno en el que se tomarían varias medidas de diverso calado; entre ellas, la que posibilitó las inmatriculaciones, legislación que la iglesia supo ampliar interpretándola divinamente a su conveniencia.
La polémica que se ha desatado estos días y ha vuelto a poner las inmatriculaciones en el candelero se debe al hecho de que el Ayuntamiento de Sevilla nombrará, a instancia de Caritas, hijo adoptivo al arzobispo Asenjo. Este hombre. Conocido como uno de los ideólogos de la reforma de Aznar que permitió la inmatriculación de miles de monumentos y contra cuyo nombramiento honorífico protestan más de 20 organizaciones sociales y un largo elenco en el que figuran firmas de intelectuales y representantes de la cultura españoles y extranjeros es, en palabras de los sevillanos, “el mayor inmatriculador de nuestra tierra”.
"Alguien que se apropió del patrimonio de todos y de todas nada más llegar al cargo no merece ese reconocimiento", reclaman la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, la Plataforma Mezquita Catedral, la coordinadora Recuperando, las Comunidades Cristianas Populares, y Andalucía Laica, entre otras.
La trayectoria que define el perfil de Juan José Asenjo habla por sí sola. Miembro de la Comisión Episcopal que negoció los términos de la reforma legislativa con el Gobierno de Aznar y cuya presidencia ostentaba en 2005, firmó en 2006 en el registro de la propiedad de Córdoba a nombre de iglesia la gran Mezquita de Al Ándalus, hoy conocida como Mezquita Catedral de Córdoba, “uno de los monumentos más prodigiosos del mundo”, en palabras de Aristóteles Moreno.
En 2009, fue nombrado arzobispo de Sevilla, dónde al año ya había inmatriculado la Catedral, la Giralda de Sevilla y el Patio de los Naranjos como dependencias anexas a la catedral.
Tanto la Mezquita de Córdoba como la Giralda de Sevilla y la Alhambra de Granada, son las tres grandes joyas del arte andalusí y están catalogadas por la Unesco como Patrimonio Mundial. Ahora, por obra y gracia del Gobierno de Aznar, las dos primeras han dejado de ser patrimonio público para ser de titularidad de la Iglesia. Y puesto que la firma de apropiación por la iglesia, tanto en Córdoba como en Sevilla, fue la de Asenjo, no es de extrañar el rechazo al nombramiento de hijo adoptivo.
"Asenjo lo que se merece es el título de obispo inmatriculador". "Que una administración pública conceda esa distinción a una persona que ha inmatriculado el patrimonio de todos los andaluces es una aberración", dice el portavoz de la Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba, símbolo ésta del rechazo a estas apropiaciones y que en su día tuvo múltiples apoyos en diferentes redes y foros; el Gobierno de Andalucía de entonces se opuso a esas inmatriculaciones y también lo hizo el PSOE, incluyendo Pedro Sánchez en su discurso de investidura la intención de revertirlas, conforme constaba en su programa electoral.
La controvertida reforma de Aznar abrió la puerta a una situación inaudita en la historia, que dio lugar a la apropiación por la iglesia de templos de culto que son auténticos tesoros arquitectónicos del legado cultural español. Aunque no se dispone de datos exhaustivos de los registros efectuados por la iglesia, debido a las reticencias que a dichas indagaciones se oponen, algunas fuentes señalan que pueden estar por encima de los 100.000 inmuebles en toda España, de los que, según la Coordinadora Recuperando, las apropiaciones incluyen más de 3.000 monumentos de incalculable valor histórico.
En 2015 el gobierno de mariano Rajoy no facilitó al representante de Compromis una relación de los bienes inmatriculados por la Iglesia, negando la petición de transparencia en múltiples ocasiones. No solo fueron templos de culto los inscritos; también se registraron cementerios, plazas públicas, viviendas, huertos, carballeiras, e incluso alguna instalación deportiva.
Por fin, en marzo de 2020 es el actual Gobierno de coalición quién da respuesta a las reivindicaciones formuladas y solicita de los Registros la relación de bienes declarados de titularidad, que no de propiedad, de la iglesia. Tal vez por eso la iglesia está poniendo a la venta viviendas y otros bienes ajenos a las prácticas de culto.
La polémica por las inmatriculaciones está en el candelero y no son pocas las reclamaciones que están surgiendo al respecto, tanto por particulares en defensa de sus bienes que se apropió impunemente la iglesia católica, como desde diferentes organizaciones que reclaman la devolución del patrimonio histórico y cultural, y de aquellos bienes que eran de uso público del pueblo.
Este verano, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, admitía que “quizá haya algún bien inmatriculado que sea discutible”, pero lo atribuye a posibles errores y que “nadie lo recurrió”; tampoco hubo reclamaciones en los dos años posteriores en que podían hacerlo, asegura; pero lo que no cuenta es que todavía a día de hoy, se desconocen muchos de los bienes que la iglesia inmatriculó y no son pocos los propietarios que desconocen que la iglesia les arrebató sus bienes aún cuando disponen de todos los documentos que acreditan históricamente su propiedad.
Cuenta Joan Casajuana, un agricultor catalán que un buen día descubrió que la casona familiar, la ermita románica y un pequeño cementerio ubicados ambos en una finca de su propiedad “desde hacía siglos”, los había inmatriculado el obispo a su nombre, usurpando así los bienes que pertenecían a sus antepasados desde tiempo inmemorial, de modo que acudió al Obispado reclamando la propiedad y acreditando documentalmente tal pertenencia, (puesto que se invirtió la carga de la prueba), tras meses de litigios lo único que el obispo admitió en el acto de conciliación, a propuesta del registrador de la propiedad, fue que declarara que la casa y finca se habían inmatriculado por error, pero ni el templo ni el cementerio los devuelve porque se alega el derecho de custodia de los difuntos, pese a que la construcción, la rehabilitación y mantenimiento, jamás recibió participación alguna de la iglesia católica.
Casajuana detectó que múltiples ermitas y cementerios privados de los payeses fueron inmaticuladas, alegando el Obispado haber cedido un sacerdote para la liturgia. Pero dice que esos bienes son solamente un 2 ó 3% de las inmatriculaciones; el resto forma parte del patrimonio histórico cultural de los pueblos, construido y pagado por los agricultores.
Esta apropiación de edificios, casas rectorales, fincas y bienes de todo tipo es el modus operandi que se repite en todo el Estado. La Generalitat de Cataluña acaba de hacer pública la relación de bienes inmatriculados que incluye 3.722 propiedades, que incluyen entre otros, 1.518 terrenos y 349 edificios civiles.
Como quiera que la CEE empieza a ver peligrar lo usurpado, el portavoz Luis Agüello propone “revisar juntos” los asuntos que han aparecido en los últimos años: inmatricuaciones, impuestos y recomendaciones del Tribunal de cuentas. “Creo que administraciones públicas, Iglesia y sociedad, estamos llamados a ponernos de acuerdo en como mantener un patrimonio tan impresionante”.
Eso sí, deja muy claro que las Diócesis lo han hecho muy bien y que “ en caso de reformas, la Iglesia desea que se respete su condición de entidad colaboradora en el bien común, que desarrolla y cumple fines sociales que merecen ser reconocidos y promovidos, también fiscalmente”. Esa es la forma en la que se abre a la negociación sobre fiscalidad anunciada para este mes de septiembre. Es decir, parece aspirar a otra componenda como con Aznar.
No sorprende que la CEE empiece a mover sus hilos pues le van grandes intereses económicos en ello, por una parte por el valor de todo lo que ha inmatriculado y por otra porque ni rinde cuentas a nadie ni paga impuestos.
En 2019, la iglesia vendió 14 edificios de la Fundación Fusara en el centro de Madrid; el Patronato de la citada Fundación está compuesto por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro; el alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la delegada del Gobierno, Paz García Vera; el decano del Tribunal de la Rota, Carlos Manuel Morán, y dos sacerdotes de la capital. El valor de los inmuebles en 2008 era de 70 millones de €.
Para la operación utilizaron 15 sociedades interpuestas y, pese a que la escritura de la venta se registró el 30 de julio, fuentes del Ayuntamiento afirmaban que no tenían constancia de esta operación y la delegada del Gobierno no estuvo presente el día que se aprobó la venta y tampoco delegó su voto, según fuentes de la Delegación.
Las cuentas de la iglesia siempre han sido opacas. El propio Tribunal de Cuentas, basándose en las Memorias de 2016-17 y 18, cuestiona si el Estado no se está excediendo en lo pactado para su sostenimiento, puesto que las Diócesis han tenido un superávit que suma 94,7 millones de €; es decir, más de 31 millones por ejercicio. Por eso dice que hay que tener un control más exhaustivo sobre las cuentas de la iglesia.
En el ejercicio de 2019 la iglesia obtuvo el record de recaudación por IRPF, (esa crucecita que 8,5 millones de contribuyentes marcaron en la declaración de la renta para la iglesia), alcanzando los 284,4 millones de €. Sin embargo los Obispos solo han cedido a Cáritas 21 de los 992 millones de € recaudados durante los peores años de la crisis.
En 2018, la Mezquita de Córdoba recaudó por visitas de turistas 15,7 millones de €, del total de 16,5 millones ingresados, de los cuales el Cabildo dedica la mayor parte a inversiones financieras. En 2019 la recaudación por visitas aumentó un 5%.
De la recaudación de dinero en los cepillos de la iglesia, ni hablamos, incluidos los que tiene instalados en 29 hospitales públicos de Andalucía.
Europa Laica denunció las irregularidades que el Tribunal de Cuentas detecta en la financiación de las religiones y exige la acción del Gobierno y la denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado, tema que también reclama Unidas-podemos. Desde luego resulta chocante que se permita esta situación en un Estado cuya Constitución lo declara laico.
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