Otras visiones, otras lecturas: Manifiesto de la Alianza de Mareas y Movimientos Sociales

 

 NO A LA ESTRATEGIA NEOLIBERAL PRIVATIZADORA:

EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN SALUD, EDUCACIÓN, RESIDENCIAS, DE LAS PENSIONES PUBLICAS. POR UNA BANCA PUBLICA AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN.

RECUPEREMOS PARA EL BIEN PUBLICO LOS SECTORES ESTRATÉGICOS Y SERVICIOS PRIVATIZADOS

Decenas de miles de ciudadanas/os, en especial las personas mayores de edad, con diversidad funcional, en situación de vulnerabilidad, están sufriendo, con la pérdida de su vida, las consecuencias criminales de las privatizaciones y recortes en el sistema público de salud durante la pandemia del Covid-19. En esta tragedia destaca el papel nefasto de las residencias geriátricas privadas que guiadas por el ánimo de lucro y con la complicidad de las administraciones, que no han ejercido su labor de control con eficiencia, las han transformado en tanatorios. Las instrucciones de las administraciones para no trasladar las personas mayores de edad enfermas del covid-19 a las UCIS de los hospitales son inhumanas y destilan gerontofobia.

La pandemia ha dejado al desnudo la estrategia del sistema capitalista neoliberal y patriarcal, con el apoyo de la Banca, fondos de inversión, transnacionales, y con la colaboración servil de los gobiernos de turno, para privatizar los servicios públicos, especialmente en salud, educación, servicios sociales, pensiones, y convertirlos en negocios, explotando a las trabajadoras/es de estos sectores y deteriorando la calidad de estos servicios. Esta ofensiva neoliberal agrava la precariedad y la pobreza que afecta en especial a las mujeres, aumentando con ello la brecha de desigualdad entre ambos sexos y la violencia machista e institucional.

La privatización de sectores estratégicos como la electricidad, gas, agua, además de facilitar una puerta giratoria a la élite política que tomó dicha decisión, ha supuesto la transferencia de enormes beneficios a las transnacionales, el debilitamiento de la capacidad económica del estado y administraciones públicas, expoliar a la ciudadanía con precios abusivos y negar el derecho de las personas vulnerables a estos suministros básicos, incumpliendo la legislación que las protege.

La estrategia privatizadora, a lo largo de los últimos decenios, además de desindustrializar el país sometido a la división del trabajo impuesta por Bruselas y Berlín, también lo empujó a la especulación inmobiliaria con los resultados conocidos en la llamada “crisis del ladrillo” que agudizó la depresión en 2008, y a un turismo sobredimensionado abocado a una gran crisis con la actual pandemia. La privatización de Bankia en la fusión con La Caixa, sin haber recuperado la totalidad del dinero público dedicado para su rescate, es un grave paso atrás en la construcción de una banca pública de suficiente dimensión para garantizar la financiación de proyectos para el bien común.

NO A LA TRAMPA DE LA “ALIANZA PUBLICO-PRIVADA”

El conjunto de intereses inconfesables que ha hipotecado el futuro del país prosigue su estrategia privatizadora, con una ofensiva ideológica y de marketing para tapar sus verdaderas intenciones, los lemas de la colaboración público-privada y últimamente la “alianza público-privada” son una auténtica estafa para seguir privatizando los servicios que todavía permanecen públicos o simplemente transferir recursos públicos a empresas privadas pagándoles cantidades abusivas como ha podido comprobarse en la contratación de servicios de los hospitales privados, o como sucede con la escuela concertada que se enriquece con dinero público sin garantizar la gratuidad a los alumnos y generando desigualdad.

La mayoría social no es ingenua, sabe que en el sistema capitalista el objetivo de las empresas privadas es lucrarse a toda costa. Que para alcanzar dicho objetivo no dudan en corromper a las élites políticas y a los gestores de las administraciones públicas, construyendo redes clientelares que saquean los recursos públicos. La amnistía fiscal del exministro Montoro a los grandes defraudadores fiscales es un buen ejemplo.

La responsabilidad de las instituciones de la Unión Europea en la estrategia privatizadora del sector público y la consiguiente desposesión de la ciudadanía y erosión de la democracia es fundamental. Con sus chantajes económicos el Banco Central Europeo promovió en 2011 la contrarreforma de la constitución española, mediante el artículo 135 que establecía la prioridad de los objetivos de déficit público y deuda, sacrificando el cumplimiento de los derechos sociales. Presionaron a favor de la contrarreforma ese mismo año de las pensiones públicas. Finalmente, aprobaron la ley de estabilidad presupuestaria que se tradujo en las políticas austericidas de los últimos años y la contrarreforma laboral en 2012.

En la actualidad, la ciudadanía y los movimientos sociales nos encontramos ante un reto decisivo. La Comisión Europea condiciona el acceso de España a los llamados fondos de recuperación a una nueva contrarreforma de las pensiones públicas, que entre otras medidas promueve los planes de pensiones complementarias privadas financiadas con las cuotas de la seguridad social, debilitando el fondo con el que se financia las pensiones públicas, lo cual serviría de justificación para el gobierno de turno para nuevos recortes. En este sentido, la recomendación 16 del Pacto de Toledo recientemente ratificado por el Congreso de diputados, representa el mayor peligro para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Otra de las condiciones para acceder a dichos fondos es la no derogación de la contrarreforma laboral de 2012 decretada bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Para conseguir estos objetivos las instituciones de europeas cuentan con la colaboración de sus “mujeres y hombres de negro” en el mismo gobierno de España, representados por la vicepresidenta Nadia Calviño y el Ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá.

Además, la disputa sobre los objetivos de inversión y distribución de tales fondos va a marcar el conflicto entre la defensa del interés general a través de la inversión pública en salud, educación, reindustrializar el país con empresas públicas para producir lo necesario (material sanitario que se importa, etc.), y el interés privado de las grandes empresas y transnacionales.

UNIDAD EN LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y DE LAS PENSIONES PUBLICAS

Llamamos a la clase trabajadora, a la mayoría social, al personal sanitario, enseñante, de las residencias geriátricas y discapacitados, a los pensionistas, al conjunto de movimientos sociales y cívicos, a:

• Fortalecer la alianza en defensa de los servicios públicos ante la amenaza de la estrategia privatizadora.

• Luchar por la recuperación con titularidad y gestión públicas de las empresas y sectores privatizados, especialmente en salud, educación, residencias, servicios sociales. También de los sectores estratégicos de agua, gas y electricidad, que garanticen estos servicios básicos a las familias vulnerables y que permita acabar con el acoso que sufren por parte de las empresas suministradoras.

• Impedir la erosión del sistema público de pensiones. No a las pensiones privadas de empresa con las cotizaciones a la Seguridad Social. No al Pacto de Toledo.

• No a la privatización de Bankia. Nacionalización de la fusión de Bankia y La Caixa.

• Por la remunicipalización de la atención domiciliaria. Trabajo digno para el personal que presta los servicios.

• Persecución efectiva del fraude fiscal, de los paraísos fiscales, prohibición de licitaciones a las empresas con sede en paraísos fiscales.

• Control público y transparente de los fondos de recuperación, exigiendo su uso para proyectos de carácter público destinados al bien común.

• Derogación del artº 135 de la Constitución, de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y la ley “Montoro” que impone techos de gastos arbitrarios a las administraciones autonómicas y locales.

• Plena derogación de la contrarreforma laboral de 2012

• Dimisión de Nadia Calviño y José Luis Escrivá del gobierno de España. Dimisión de la consejera/o Alba Vergés y Chakir el Homrani del Gobierno de la Generalitat por su nefasta gestión en salud, residencias, etc.

Barcelona, diciembre 2020

Alianza de Mareas y Movimientos Sociales

(En la Alianza participan lAfectats BB Serveis, Aliança contra Pobresa Energética, Asamblea Diversidad Funcional, Asociación Brassavola Honduras, Attac-Acordem, co.bas, Comisión Promotora RGC, Comisión Retorno Digno, Coordinadora asambleas de trabajadores en Paro de Cataluña, Coordinadora Residencias 5+1, Dones abolicionistes, Educació Pública, Las Kelly’s de Barcelona, Marea Blanca, Marea Colomense, Marea Pensionista, Marea TV, NO+Precariedad, Plataforma SAD, Resistencia Cínic, Sindicat Llogateres, S.RC.cat., etc.)

Email: alianza.mms@gmail.com