Agustín Moreno
Se ha producido en Madrid un hecho de tal gravedad que no conviene pasarlo por alto y que se lo coma la vorágine de información. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha prohibido que la ministra de Igualdad, Irene Montero, vaya a un instituto público del barrio de San Blas a hablar sobre igualdad el 8 de Marzo. Lo sucedido es muy serio, porque lo normal debería ser el respeto y la lealtad entre instituciones en un país democrático y civilizado, y no el boicot con aires de caza de brujas. No cabe ninguna excusa para ello.
Ayuso y su consejería de Educación intentaron apoyarse en “razones sanitarias” para vetar un acto con un reducido número de alumnas y profesorado al aire libre y con medidas de seguridad. El argumento es absolutamente ridículo en un Gobierno que ha impulsado la política de convertir Madrid en el gran bar de copas y de fiestas de Europa en plena pandemia de coronavirus: cada fin de semana la policía interviene varios centenares de fiestas ilegales y seguro que son miles las no detectadas. Por ello, en cuestión de horas tuvo que cambiar la versión y dijo que era para que “evitar adoctrinamiento”. Vayamos al fondo del asunto.
1.Los valores de la educación pública son los derechos humanos y deben trabajarse como parte esencial de la educación moral de la persona y de su formación en ciudadanía. Entra dentro de lo normal y obligado, organizar un encuentro en un centro educativo público para hablar de derechos básicos. Oponerse a que se trabaje en la escuela la igualdad es, sencillamente, estar en contra de los derechos humanos y tener una concepción patriarcal y peligrosamente autoritaria.
Como profesor siempre he participado organizando la celebración del Día de la Mujer en los institutos donde he estado. Y hemos invitado a interesantes mujeres (y hombres) a encuentros, mesas redondas y otras actividades que han sido muy enriquecedoras para la comunidad escolar, con un fuerte peso educativo y totalmente integrado en el currículo. Me parece inconcebible que no se puedan tratar estos temas y recurrir a la contribución de personas externas al centro que por sus conocimientos y responsabilidad suelen dejar huella en las personas participantes.
2.La escuela debe estar abierta a la sociedad y acompañada. Los centros educativos no son una campana de cristal y no deben estar solos en la compleja tarea de educar. Es preciso crear entornos educadores, que ayuden y colaboren en el proceso de aprendizaje. La cooperación de otros organismos, instituciones y personas son pilares para la escuela pública. Desde los ayuntamientos con su red de servicios sociales, familiares y de salud; a las comunidades autónomas; centros públicos de salud; institutos de la Mujer, del Menor y la Familia; bibliotecas y espacios culturales y deportivos, etc. Y por supuesto, todas aquellas personas y profesionales que, por su capacidad y representación, puedan participar en colegios e institutos para enriquecer la educación. La escuela del siglo XXI no puede ser una isla en medio del océano, sino que necesita una visión amplia que sume los esfuerzos de todos los sectores y personas con capacidad de aportan en el empeño de la educación. Este modelo de escuela de calidad está también en peligro de consolidarse esta censura sectaria defendida por Ayuso y la ultraderecha.
Desgraciadamente, el único adoctrinamiento real que hay en la escuela es la presencia de la asignatura de religión católica, que se quiere ampliar a otras religiones para que no haya discriminación. Algo que contraviene los derechos fundamentales de la infancia, recogidos en los tratados internacionales, al permitir que en el ámbito educativo se adoctrine a menores y que no respeta la libertad de conciencia del alumnado.
Para dejar al descubierto las vergüenzas ideológicas del Gobierno de Ayuso, el hecho comentado ha coincidido en el tiempo con la visita del ultraderechista Javier Ortega Smith a otro instituto público, el IES Ramiro de Maeztu. Aquí no ha puesto ninguna pega el Gobierno regional. Ha tenido que ser la Asamblea de Estudiantes la que sacara un duro comunicado, “Defiende el Ramiro, odia a la ultraderecha” donde muestran su "rechazo hacia la visita del secretario general de Vox a las instalaciones del instituto y del Club Estudiantes de Baloncesto". Afirman que “los valores de nuestro alumnado y la cantera del club son incompatibles con su intolerancia. Las campañas de partidos de extrema derecha, cómplices del deterioro de la educación pública, no tienen cabida en nuestro centro”. Me parece ejemplar la posición y me hace preguntarme sobre si ha habido reacción de los claustros de profesores y de los equipos directivos, y sobre cuál es la política intimidatoria y antidemocrática aplicada de la consejería de Educación.
El insólito veto de Ayuso a la ministra Montero hay que verlo en el contexto de preparar el terreno a la aceptación de la censura parental que propone la ultraderecha. Lo que Vox viene pretendiendo es que haya familias que tengan el poder de vetar contenidos obligatorios según la ley y conculcar así el derecho de los alumnos a recibirlos. Hablamos de actividades educativas complementarias como charlas sobre educación afectivo-sexual, igualdad, hábitos saludables y celebración de efemérides, por ejemplo, el 8 de Marzo, el día de la Paz, del Holocausto, etc.
No hay ninguna equidistancia entre oponerse a los derechos humanos y defender los derechos humanos; como no la pudo haber nunca entre defender la esclavitud o defender su abolición. Por eso, no banalizo nada con el título de este artículo: nunca he visto un Gobierno tan dictatorial en la Comunidad de Madrid, ni con Esperanza Aguirre ni con ningún otro. Trabajar los derechos humanos en la escuela no es adoctrinar; oponerse a ellos y pensar que defender la igualdad es adoctrinar, es puro fascismo. Por ello, mucho cuidado, el fascismo penetra lentamente, si le dejamos, claro.
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