José Antonio Naz Valverde
Colectivo Prometeo
Escribo estas líneas el 9 de agosto de 2022, tras la concentración ante el Ayuntamiento de Córdoba, convocada por las asociaciones memorialistas de Córdoba y Andalucía (3 plataformas que agrupan a unas 80 asociaciones) para protestar por las largas al proyecto de exhumación de varias fosas de víctimas del franquismo en los cementerios de San Rafael y la Salud. Dicho proyecto, que tras mucho tiempo consiguió poner de acuerdo a cuatro administraciones para empezar a cumplir parte de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía de hace cinco años, se concretó y firmó en diciembre del año pasado. Y a estas alturas del mes de agosto parece que aún no ha habido tiempo de licitar las obras que deben ejecutarse para finales de año, si se quiere recibir el dinero de las fases siguientes.
El concejal responsable, Antonio Álvarez, en tono supercalmado , explica que no se ha hecho nada en 8 meses, pero que ahora se va a agilizar todo, aunque no será factible empezar las obras en este año. Y pide a las familias, sin ningún rubor, “que aguanten un poquito más”. Comparto la opinión de Antonio Deza, presidente de la asociación 'Dejadnos llorar', de que estas declaraciones son “una burla a las víctimas” ¿Cómo se puede pedir eso a quien tuvo que aguantar ver fusilar a su padre o a su abuelo hace 86 años y aun no ha recuperado su cuerpo? La inmensa mayoría de los hijos o hijas ya han muerto sin ver cumplido tan elemental deseo. Y los familiares aún vivos han tenido que sufrir durante decenios la humillación y las vejaciones de los vencedores, el silencio aterrador, las persecuciones y cárcel, la estigmatización y exclusión por ser de familia de “rojos”.
Además las víctimas y todas las personas demócratas hemos aguantado la decepción, frustración o indignación ante una transición y más de 40 años de “democracia constitucional” que ha perpetuado la impunidad de los genocidas y el estatus quo de las familias y las capas sociales franquistas, ha instalado y proyectado el olvido del genocidio y la represión reescribiendo una falsa historia de “dos bandos” , imponiendo un relato de equidistancia entre golpistas y defensores de la democracia, entre víctimas y verdugos. Hemos aguantado la vergonzosa inacción de los diferentes gobiernos, que hasta 2007 no aprobaron una muy cortita ley de Memoria y hasta hace unos meses no se aprobó la segunda, que deja todavía muchos flecos con respecto a la verdad y la justicia y no plantea la reparación. Mientras se han permitido campar a sus anchas las asociaciones, colectivos y organizaciones franquistas, que han sido blanqueadas en medios de comunicación normalizando sus discursos fascistas y equiparándolos a los antifascistas. Aguantamos una amplia derecha que no condena el franquismo, una ultraderecha importante que lo lleva como bandera, una Conferencia Episcopal que los apoya al tiempo que obstruye el desarrollo de las tímidas normativas de Memoria , y una parte de la izquierda que sigue con la estrategia del silencio y el olvido.
No, el caso que se denuncia en el Ayuntamiento de Córdoba no es una cuestión “técnica”, es un claro síntoma de predominio ideológico franquista en una buena parte de las instituciones y la sociedad. Es una actuación en la línea del Rajoy presidente, vanagloriándose de presupuestar cero euros para desarrollar la ley de Memoria. Es la forma menos dura del desprecio a las víctimas manifestado en diversas declaraciones y múltiples actuaciones de representantes del PP.
Solo la persistencia y constancia de los familiares y sus asociaciones están haciendo reaccionar a diferentes colectivos sociales, como los que se han sumado a la convocatoria de hoy y a cada vez mas ciudadanía. Los partidos democráticos, tenemos el deber de apoyar estas convocatorias, promover las iniciativas legislativas pertinentes y denunciar los incumplimientos de las instituciones. Exigir la aceleración de las exhumaciones, el restablecimiento de la verdad, empezando por el estudio de la historia real en los centros educativos, la justicia para los verdugos y la reparación moral y económica de las víctimas.
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