El Poder Judicial y la Derecha

Remedios Copa 

Colectivo Prometeo 

Así definen muchas voces del ámbito jurídico lo que está ocurriendo en este país.

Llevamos tiempo padeciendo en España un “lawfare” en contra de la izquierda y eso ya no es novedad ni secreto, son públicas las actuaciones ilícitas de las que han sido víctimas Baldoví, Monedero, Iglesias y muchos otros que conforman una larga lista en la que también figura la Vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Poco antes de conocerse el Fallo del proceso contra García Ortiz, hubo protestas de destacados juristas y expertos de la U E que condenaron el “lawfare” que se estaba llevando a cabo en España.

Pero en España se ha pasado de un “lawfare” a una guerra judicial abierta. El “lawfare” es una categoría que se desarrolla con el funcionamiento anormal paralelo a las instituciones judiciales. En la situación actual se trata de una operación extrema para derribar al Gobierno. Así lo declaraba E. Ekaizer hace algún tiempo en una entrevista, consideración que actualmente comparten Magistrados Eméritos, juristas en activo y catedráticos de Derecho Constitucional.

Dice Ekaizer que estamos ante un acontecimiento histórico de naturaleza extrema de la derecha judicial para acabar con el Gobierno. El juez Peinado buscaba ir a La Moncloa para conseguir grabar allí al Presidente Sánchez durante unos minutos y tener esa  para los medios, para desgastar y tumbar al Ejecutivo. Habla de una derecha sedienta de poder. “Esa grabación la difundirá después Ana Rosa y otros medios…” y los partidos de derecha y ultraderecha. Hecho que se confirmó posteriormente.

De la calidad de la instrucción del Juez Peinado en el caso de Begoña Gómez, poco queda que decir, después de las múltiples correcciones que recibió de Tribunales de Instancias superiores en las cinco intentonas de inculpar en el caso a otras personas y que hubo de desistir y las órdenes recibidas de la Audiencia Nacional para que desistiese de su pretensiones de investigar a Air Europa, por falta de nexos con la acusada.

Aseguraba Ekaizer que estamos ante una guerra abierta y no un simple “lawfare”, “porque la derecha de este país ha entrado en una guerra judicial abierta, ya no sucia, contra el Gobierno”, eso es lo que estamos presenciando.

Pero algunos expertos añaden otro tipo de guerra, sería una especie de “lawfare inverso” o de frenada, utilizado para impedir la investigación eficaz cuando investigan delitos que afecten a personas relacionadas con el Partido Popular, como denuncia la Fiscal del caso Montoro, que habiendo solicitado a la UCO la investigación de doscientas cuentas sobre las que hay indicios de que pudieran estar relacionadas con la trama solamente investigaron diez y entregaron un informe que no aporta nada. La otra técnica es la de generar dilación en el tiempo e incluso la prescripción del expediente.

Cuando le preguntaron a Ekaizer por el juez Peinado y su objetivo, hace una alusión a la época de Napoleón, al principio de 1800, en que el juez instructor es el hombre más poderoso de toda Francia y, en este momento, el juez Peinado, un hombre sin una trayectoria jurídica destacada, “se siente, como decía Napoleón, el hombre más poderoso de toda Francia” y Peinado quería unos minutos de filmación aunque sea breve, entrando en Moncloa, con el Presidente del Gobierno “donde él me diga la versión de los hechos”. Por lo tanto, en ese momento el juez Peinado está “siendo el hombre más poderoso de toda España”. Y así ordenó instalar una tarima que mostrara su superioridad frente al Presidente del Gobierno de España.

Es vergonzosa la actuación del Juez Peinado en el caso de Begoña Gómez, por unos hechos que ni siquiera acaban de estar determinados, pese a que algunos, (véase como ejemplo el Alcalde de Madrid), ya definieron como “hechos probados” antes incluso de concluir la investigación e ignorando que los hechos probados son únicamente los que consten en una Sentencia judicial. La actuación del Juez Peinado, desde el punto de del Ordenamiento Jurídico y de la propia Constitución Española, no tiene justificación posible y sus actuaciones apuntan claramente a una investigación prospectiva, algo totalmente ilegal.

La carencia de formación jurídica en la ciudadanía en general y la distorsión de conceptos y hechos que hace la derecha y la mayor parte de la prensa y otros medios de comunicación, e incluso como señalaba antes distorsionan quienes están titulados en derecho como el Sr. Almeida, abogado del Estado, sea por falta de dominio del Derecho Penal o por afán de confundir, están provocando confusión y descredito entre la ciudadanía, aún siendo totalmente erróneo lo que difundan además de injusto. Pero en esa guerra sucia para desacreditar al Gobierno resulta eminentemente eficaz. Y si el descrédito parte del ámbito judicial, mucho más rentable para la derecha que si lo hace directamente de motu proprio el PP o Vox.

No hay que olvidar que Aznar ha instado a que “el que pueda hacer que haga”, todo vale porque según él, (y el resto de la derecha), hay que derribar a este Gobierno que es “la ruina de España”. De todo esto ya se están viendo las consecuencias.

En cuanto a la toma de declaración al Presidente Sánchez, los argumentos del juez Peinado para citarle como testigo eran contradictorios. Por un lado aseguraba citarle como esposo de Begoña Gómez, en cuyo caso pudo acogerse a su derecho legal a no declarar, (art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y si lo citaba como Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tenía derecho a declarar por escrito y obligación de decir la verdad. Esta contradicción en el aspecto legal deja bien claro que lo que interesaba era el numerito para desacreditar al Ejecutivo de forma torticera.

Es francamente penoso que se esté desacreditando a nuestro país y a sus instituciones de forma tan vil y, para más tristeza, que esta guerra sucia parta de quienes dicen querer salvar España. ¿De quién habrá que salvarla?

Lo que está promoviendo la derecha, PP y Vox y sus jueces afines tanto con el “lawfare” como con esta guerra judicial abierta, (juez Peinado, T. S.), haciendo una investigación prospectiva que es ilegal y está prohibida en todo el mundo, como negándose a aplicar una Ley, (Ley de Amnistía), aprobada por el Poder Legislativo.

De todo esto y de las causas que promueven las aberraciones antijurídicas y anti constitucionales que estamos padeciendo es necesario hablar en términos sencillos y hacer pedagogía de lo que contiene nuestro Ordenamiento Jurídico al respecto, para que resulte comprensible a la ciudadanía y pueda así defenderse de la manipulación y mentiras con conocimiento objetivo y criterio propio para formarse una opinión lo más verídica y real posible de lo que acontece y de lo que hay detrás.

Si tenemos en cuenta cómo se ha desarrollado el proceso judicial contra el Fiscal General del Estado, plagado de anomalías desde el punto de vista jurídico, sin que a día de hoy esté claro si se le encausaba por una filtración, (de la que no se conocen pruebas fehacientes contra él y se desecharon o menospreciaron otras que demostraban que era inocente de la filtración pero siguió siendo el único investigado), o por la Nota aclaratoria sobre la verdad de la actuación de la Fiscalía con respecto al bulo que sobre el expediente de la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid respecto de la que ya se había reconocido la inexistencia de delito y fue desechada durante el proceso.

Con respecto a Miguel Angel Rodríguez, tras confesar en Sede Judicial ser el autor de un falso testimonio que atentó contra la Figura del Fiscal General del Estado continúa libre y a lo suyo y, González Amador, defraudador confeso de delito fiscal amén de otras causas, permanece libre, incluso después de decir ante el Tribunal que se marcharía del país. Curiosamente, ha solicitado que se condene a García Ortiz, (no a la Institución del Estado que sería lo pertinente), a pagarle indemnización por daños a su imagen y prestigio, y el Tribunal Supremo se le admitió.

Hay otra circunstancia contradictoria que parece inconcebible. El ponente de la sentencia, filtró en una conferencia, (por la que cobraba), en la Sede del Colegio de Abogados de Madrid, (que forma parte de la acusación contra García Ortiz), que él era ahora el ponente de la sentencia en sustitución de la ponente inicialmente designada y lo hizo en periodo de deliberación, dos días antes de anunciarse el Fallo condenatorio, anunciado el 20 de noviembre coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco. El contenido de la sentencia aún no se conoce tras más de 15 días de estar anunciado el Fallo. Otro Magistrado del Tribunal Supremo también participó esa semana en las Conferencias del Colegio de Abogados de Madrid coincidiendo con los días de deliberación del caso; este último había dirigido la tesis doctoral del abogado de la acusación.

A criterio de una parte de la Judicatura y de Catedráticos de Derecho Constitucional, se han cometido irregularidades y vulneraciones flagrantes de Derechos Fundamentales; en concreto y para empezar, se ha vulnerado la presunción de inocencia que establece la Constitución y se pueden enumerar muchas otras que según entienden se apartaron del Ordenamiento Jurídico, hasta el punto que pudieran dar lugar a NULIDAD, aseguran.

Lo peor de todo es que la justicia española está cosechando desafección y descrédito dentro y fuera del país.

Con respecto a las deficiencias de la justicia cabe recordar que el Informe de la UE sobre el estado de la Justicia señala a España y no es la primera vez que lo hace. Al respecto les puedo recordar artículos de opinión escritos en 2017 y posteriores que señalaban similares deficiencias referidas entonces a la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial y a las trabas a la instrucción de casos de corrupción en el PP, cuya gravedad quedó posteriormente patente en sentencias judiciales firmes.

Entre la ciudadanía se está instaurando cada vez más la convicción de que la Justicia no es igual para todos y que se está poniendo en peligro el Estado de Derecho y la Democracia si no se depura y corrige la situación. Desgraciadamente el autoritarismo es la tendencia de moda y el imperialismo trata de instaurar gobiernos de ultraderecha y normalizar la ley del más fuerte.

Decía San Agustín “si se elimina la justicia, los reinos no son más que grandes bandas de ladrones (magno latrocinio)”.