MANIFIESTO FRENTE CÍVICO JURÍDICO

     Ante el sistemático deterioro del Estado Social y Democrático de Derecho, principal garantía de nuestra convivencia presente y futura, los juristas organizados en el Frente Cívico Somos Mayoría, conscientes de nuestra capacidad y de nuestra responsabilidad individual y colectiva para combatirlo, nos dirigimos a todo tipo de organizaciones sociales, políticas, al mundo del Derecho, la cultura, la Universidad y la ciudadanía en general, para iniciar la construcción de alternativas orientadas a detener esta situación en el menor tiempo posible.

 

     Todo el sistema de derechos sociales reconocido en la Constitución de 1978 es hoy un cruel sarcasmo para millones de españoles. La reforma del artículo 135.4 de nuestro máximo texto legal ha supuesto la derogación de hecho de gran parte de su Título Preliminar, del Título I, y del Título VII de la Constitución Española. Esa reforma ha puesto en cuestión de forma manifiesta los principios que soportan nuestra convivencia, la vigencia y efectividad de los Derechos Humanos, empezando por la flagrante vulneración del artículo 1.2, que dispone que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Hoy asistimos, gracias a esa reforma, a la vigencia de un único principio: el sometimiento de la sociedad al capricho de las decisiones de los mercados financieros funcionando en régimen de oligopolio.

 

    Ha sido también la vía de los hechos la que nos ha conducido a un absoluto vaciamiento de nuestro sistema institucional, lo que ha hecho posible, como acaba de reconocer el Presidente del Gobierno, que la Constitución esté siendo reformada, de facto, por las decisiones de las instituciones europeas. Las oscuras leyes de la economía financiera se cumplen con el máximo rigor a costa de las solemnes declaraciones de derechos y de los Pactos y Convenios internacionales que ya solo formalmente son fuente de Derecho, desconociendo lo dispuesto en el artículo 10.2 C.E.

 

    El principio de separación y equilibrio de los poderes del Estado ha sido socavado hasta el esperpento que ha supuesto la última elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. No menos preocupante es la situación actual y el funcionamiento pasado de Tribunal Constitucional o del Tribunal de Cuentas, entre otros organismos, todos ellos dominados por el dominio de unos partidos políticos endogámicos, que, con mayor o menor intensidad, se mueven entre la connivencia con los poderes económicos o estar bajo su dependencia y financiados por la corrupción.

 

¿Cómo se enfrenta la sociedad a esta situación?

     Aunque son muchos los colectivos que hoy demandan la efectividad de sus derechos, es aún claramente insuficiente la respuesta de una ciudadanía desarmada. Los mecanismos de participación en la vida pública, o  se encuentran cuestionados o su endeblez y división es manifiesta. Ante los atisbos de contestación, crece la represión y, de forma preventiva, están aumentando las medidas y mecanismos que coartan la protesta y las propuestas eminentemente ciudadanas. La regeneración no se atisba desde el funcionamiento normal de las instituciones; tampoco desde las formaciones políticas o sociales tradicionales se está conformando una reacción coherente ante la envergadura de la crisis económica, social, ética y política que atravesamos.

     Esta situación no es soportable, no va a continuar indefinidamente, ni es sustancialmente superable por la llegada de una recuperación económica que, de producirse, en todo caso está teniendo un precio impagable para amplias capas de la población. Nadie nos explica hoy cómo puede llegar esa recuperación, pero menos nos aclaran si garantizaría la recuperación de los derechos perdidos, la solución del anormal funcionamiento de las instituciones, el deterioro de nuestra democracia y de nuestra convivencia en libertad, paz y justicia. Por el contrario, el optimismo que hoy se nos vende se sustenta en el mantenimiento y profundización de mayores recortes de derechos y en la supeditación a los dictados de entes ajenos a la ciudadanía española que han secuestrado nuestra soberanía.

      La reacción ante la situación que afrontamos tiene que basarse en las conquistas del Derecho puestas en valor por el ejercicio de los derechos y las responsabilidades que son consustanciales a nuestra condición de ciudadanos. Ni puede basarse en la obediencia ciega a quienes no merecen confianza, ni las soluciones pueden venir de los que nos han traído hasta aquí. Pero sí tenemos que poner a los detentadores del poder ante el imperio de las leyes, de los principios jurídicos y de la innegociable vigencia y efectividad de los Derechos Humanos.

 

     La ley no puede ser aplicada con todo su rigor a la mayoría y pisoteada cuando sus destinatarios están situados en las más altas instancias. No podemos conformarnos con una simple apelación a la ejemplaridad futura, cuando ha quedado acreditada en muchos casos su manifiesta villanía, cuando la sospecha cae sobre los tres poderes del Estado y los mejores ejemplos de profesionalidad son depurados implacablemente.

 

     Por eso, consideramos que el mundo del Derecho tiene una enorme responsabilidad que incluye, al menos, tres irrenunciables deberes.

 

     El primero es declarar que la situación que atraviesa el país no es conforme con el espíritu y la letra de la Constitución refrendada por la ciudadanía en 1978.

 

       El segundo es poner en funcionamiento todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance y bajo nuestra responsabilidad personal o institucional: los abogados y procuradores ejerciendo en nombre de los ciudadanos las acciones para pedir responsabilidades, enfrentando a los que delinquen desde el poder con la ley; los colegios, denunciando las normas que vulneran derechos, como las tasas judiciales, y ayudando a formarse a los abogados que defienden a grandes colectivos como los afectados por las hipotecas; los jueces y fiscales amparando y promoviendo la aplicación de las leyes con la mayor ejemplaridad, sin perder de vista la aplicación del derecho internacional ratificado por España y vinculante según el artículo 10.2 C.E. Desde el ámbito académico, formulando una crítica que nos arme y nos refuerce ante los retrocesos que nos acucian. 

 

    El tercer deber es hacer pedagogía de todo lo anterior y sentirnos muy unidos a los ciudadanos, y a tantos profesionales y funcionarios que hoy están viendo como se deterioran sus campos de trabajo, y hacen enormes esfuerzos para que no se resientan sus aportaciones a la ciudadanía y a la colectividad.

 

     La difusión de esta manifiesto y su compromiso con los fines que en él se proponen queda en manos de los ciudadanos. De VOSOTROS depende.