Colectivo Prometeo.
El Consejero de Salud de la Junta
de Andalucía, Sr. Jesús Aguirre, médico de Atención Primaria para más señas,
sigue empeñado en hacer creer a la opinión pública, que disponemos de la mejor
sanidad del estado “aunque hay que darle
unos brochazos de brillo” y nada más lejos de la realidad, a poco que
tengamos que acceder a uno de sus servicios y no es por sus abnegados y
excelentes profesionales, que en su mayoría y multitud de ocasiones, mal pagados
y sin recursos, sacan adelante el sistema con gran responsabilidad y
capacitación.
Es inaceptable seguir culpando a
las anteriores administraciones socialistas (y no es justificarlas ni
defenderlas, vista su evolución, errores y despilfarros), cuando tanto él como
su actual equipo, siguen incidiendo en los mismo errores, cuando no
aumentándolos: ineficacia, conciertos y privatización de servicios, recortes o
deficientes salarios y jornadas excesivas, que favorecen la emigración de
nuestros profesionales a otras comunidades o al extranjero (por poner un
ejemplo, decir que en el pasado año
2019, más de 4100 médicos se marcharon de Andalucía), etc.
No se puede estar afirmando la
fuga de profesionales y no hacer nada para atajarla. Miles de alumnos vienen a formarse
en nuestras Facultades de Medicina y Escuelas de Enfermería, donde matrículas y
estancias son más baratas que en otras comunidades del estado español y una vez
terminados sus estudios, no se les ofrecen unos contratos atractivos de interinidad
o larga duración y bien retribuidos, lo que supone su inmediato retorno a sus
lugares de origen u otras Autonomías mucho mejor retribuidas.
La inversión por habitante y año,
del pasado curso en Andalucía fue de 1166´39 Euros, 278 menos que la media
nacional y 527 inferior a la del País Vasco que disponía de 1693 Euros por hab./año,
lo que supone convertirse en la última en presupuestos sanitarios del país.
La situación de la Atención
Primaria es alarmante: es inadmisible tener que esperar en ocasiones hasta una
semana de lista para una cita del Médico de Familia, lo que supone acudir a
Urgencias Hospitalarias innecesariamente. La enfermedad común no espera y el
paciente ante un dolor, una infección o una fiebre deben ser atendido en el
día. Esto hace que cuando llegan epidemias como la gripe, las Urgencias de los
centros hospitalarios se saturen. En las pasadas Navidades, han sido numerosos
los centros de salud y consultorios donde sólo se contaba con menos de un
tercio de sus facultativos y enfermeras e incluso ausencia de pediatras en
algún dispositivo, llegando a repartir hasta tres cupos por facultativo.
Cuando las pasadas movilizaciones
de médicos en octubre de 2019, para exigir un mínimo de 10 minutos por
consulta, el Consejero Sr. Aguirre se comprometió hasta siete minutos por
paciente y un máximo de 30 citas diarias en Atención Primaria, sin que hasta la
fecha se haya llegado a implantar.
Las previsiones para el futuro de
la sanidad pública cordobesa, no auguran nada positivo: el Plan Director de
Reina Sofía sigue paralizado desde 2008, o sea la friolera cifra de doce años.
Los Presupuestos Generales de la
Junta de Andalucía, siguen sin incluir mejoras para las Urgencias de Sector Sur
o del CARE Castilla del Pino, donde son fundamentales recursos humanos y
servicios de laboratorio o radiología. Y por supuesto, el prometido tercer
punto de Urgencias para el Centro de Salud de Levante Sur o Fuensanta, siguen
durmiendo el sueño de los justos.
Las promesas electorales, han
pasado al baúl de los recuerdos: la remodelación y utilización del Hospital de
Los Morales, es imprescindible, donde podrían aumentarse las intervenciones
quirúrgicas, reduciendo sensiblemente las listas de espera o el traslado del
servicio de Oncología (masificado y
falto de intimidad en ocasiones en el Hospital Provincial) que sería totalmente
beneficioso por la tranquilidad de su entorno saludable en la naturaleza y sin
contaminación, el espacio de sus salas, terrazas y ventanales. Igual podría
ocurrir con Urología.
Hay que recordar que en mayo de
2018, cuando las movilizaciones sindicales para la recuperación del Hospital,
el entonces senador Jesús Aguirre, se comprometía públicamente (ver hemeroteca
de la fecha) a “no dejar morir a Los
Morales ante el lamentable estado en que se encuentra” y pedía un plan
específico a la mayor brevedad para su
rehabilitación y uso… pero claro, en aquella época era oposición y no ostentaba
el cargo que hoy tiene y ya dice el refrán “del
dicho al hecho, hay mucho trecho”.
Mucho me temo, que lejos de actuar
en una mejora de los recursos, de contrataciones, retribuciones, reducción de
listas y calidad de la Sanidad Pública, todo se concentre en cambiar los peones
de sus jefaturas, amiguetes o familiares. Baste decir algunos de los cambios
que con toda seguridad se aproximan en Córdoba, como la creación de la figura
de la Enfermera Gestora de Casos de
Violencia de Género a domicilio, impuesta según parece por VOX, una
enfermera (del OPUS), muy conocida en algunos centros de nuestra ciudad, que
coordinará a dos Enfermeras, un Psicólogo, una Trabajadora Social y algún
administrativo, o la sustitución del Director Gerente que podría ser José
Manuel Rumbao Aguirre, director médico en Reina Sofía y sobrino del actual
consejero, que prevé un drástico y peligrosísimo plan como es crear un “Área de Gestión Sanitaria” que harían
desaparecer los Distritos Sanitarios de Atención Primaria de Córdoba y Alto
Guadalquivir (Palma del Río – Montoro) e integrarlo todo en Reina Sofía, como
ya hiciera en el pasado Arturo Domínguez con los Distritos de Cabra, Lucena y
Montilla con el Hospital “Infanta Margarita” de Cabra y creando el “Área de
Gestión Sanitaria Córdoba Sur”. Mientras las jornadas laborales en Atención
Primaria siguen siendo excesivas, en especial en los Dispositivos de Cuidados
Críticos, el abusivo número de guardias y las ridículas subidas salariales, así
como la falta de personal y la mejora de los centros.
La ciudadanía debe ser consciente
de la situación de quienes tienen que velar por su salud y no limitarse a criticarla
verbalmente al acudir a la consulta, sino hacer uso de las reclamaciones por
escrito de las deficiencias a que la Administración les somete, teniendo en
cuenta la precariedad y la profesionalidad de la persona que les atiende.
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