José A. Naz Valverde
Colectivo Prometeo
Presidente de Andalucía Laica.
“No se puede amar a la vez a Dios y a las riquezas”
Mateo 6.24
Desde finales de marzo podemos ver carteles (35.000) en las
paradas de autobuses y vallas, escuchar cuñas publicitarias en radio o verlas
en televisión, o leer uno del millón de periódicos en papel dentro de la
campaña de la Iglesia Católica que, bajo
el eslogan “X tantos”, pide a los y las contribuyentes que marquen la
casilla de la declaración del IRPF que les adjudica el 0,7% de la cuota a sus
arcas particulares.
Dentro de esa campaña emplean una “publicidad específica a
gestores y asesores fiscales que hacen la declaración de la renta a los
contribuyentes” (según explica la propia Conferencia Episcopal).
Aunque invierta 5 millones de euros en dicha campaña, le sale
rentable porque, aunque el 70% de los declarantes no le hizo caso, el año
pasado recaudó por ese concepto más de 300 m€.
Europa Laica denunció ante el ministerio la campaña como
fraudulenta, por mentir consciente y descaradamente. Sin embargo, hay algo de
verdad en sus argumentaciones, que es una “forma sencilla” de
colaborar con la Iglesia Católica. Solo poner una X o dos, sin que pongas
ni un euro tuyo, atribuyéndote la libertad de decidir con ese simple gesto que
un porcentaje del dinero de todos vaya a las cuentas de la Iglesia. Mucho más
difícil es “no poner ninguna X” cuando rellenas la declaración online
porque, si lo haces así, al terminar de rellenar te salta una alarma diciendo
que no la has puesto, convirtiéndose en obligatorio. Por no se sabe qué razones
la Agencia Tributaria hizo oídos sordos a la advertencia de Europa Laica
y a la solicitud de eliminar dicha alarma y/o restituir la tercera casilla que
decía explícitamente “ninguna de las dos”.
Todas las demás argumentaciones de la campaña son falsas y
fraudulentas:
-
“No te
costará nada”: tú no pagas más, pero a ti y a
todas las personas, católicas o no, les costará cientos de millones de Euros
retirados de los presupuestos públicos, que podrían mejorar los servicios para
tod@s.
- “Las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos”: en realidad sólo decidimos que sea la Iglesia Católica quien decida sobre una cantidad de dinero público.
-
“Marcando
la X se ayuda a sostener “la inmensa labor asistencial” de la Iglesia: en el propio informe de la Conferencia Episcopal sobre la
justificación de la asignación tributaria de 2022 no aparece ninguna dedicación
a caritas y en años anteriores apenas dedicaba
6 millones, que supone un escaso 2% del presupuesto total de dicha
organización, que controla y dirige totalmente; los centros de acogida (para
esa mujer, esa persona con discapacidad o ese inmigrante de los carteles) se
mantienen y dejan dinero con los convenios directos con el ministerio
correspondiente o con las administraciones locales que les ceden tales
servicios; las residencias de personas mayores son en realidad un inmenso
negocio, que en muchos casos, como hemos visto durante la pandemia, no tienen
la calidad de servicios que correspondería al dinero que reciben y las
necesidades de esas personas; la Iglesia por medio de sus diferentes
organizaciones se beneficia de buena
parte de la externalización de servicios en todos los niveles de la
administración en los ámbitos relacionados con “ayuda social” (comedores, bancos
de alimentos, casa de transeúntes..) o
incluso con funciones de reciclaje, utilizando dineros públicos para mostrar su
“caridad adoctrinadora”. En realidad
más del 70% de lo recaudado para la Iglesia Católica en el IRPF se
destina al mantenimiento del clero, el 2% a labor pastoral, un 7% a “superavit”
y un porcentaje muy importante a “otros”, que no definen. Porque no es muy pastoral ni elegante escribir, por
ejemplo, los millones dedicados a su TV13 cuya subvención con dinero público
había sido denunciada por la propia Unión Europea.
-
Marcar la
casilla “es decir sí a la libertad religiosa”: precisamente es contrario
a la libertad religiosa y de conciencia que haya personas que puedan detraer
dinero de tod@s l@s contribuyentes,
aunque sean de otras convicciones religiosas, agnósticas o ateas para adjudicárselo
a su organización religiosa particular.
-
Es una “decisión
libre y democrática”: la libertad está condicionada por esta propaganda
fraudulenta y masiva, y en muchos casos por los propios asesores fiscales que
han sido convenientemente “informados” con esa campaña específica.
Las cantidades recibidas por el método de la asignación tributaria
en la declaración, siendo tan grandes, no son más que una mínima parte de todo
lo que la IC recibe por distintos medios:
- Un estudio de Granada Laica recogiendo sólo
las publicaciones de administraciones locales o autonómicas desvela una cifra
de 600 m€ de subvenciones con fines concretos distintos.
- 600 m€ de explotación del patrimonio (alquileres, entradas de monumentos, etc...), en su inmensa
mayoría inmatriculado, o sea apropiado, siendo de dominio público.
- Casi 6000m€ en subvención a la enseñanza
concertada católica, incluyendo las nóminas del
profesorado de religión
-
2900
m€ de subvención a la obra social y asistencial y a la atención hospitalaria.
- 340 m€ de subvención a eventos religiosos,
salarios de capellanes, etc.
- Unos 2000 m€ de exenciones fiscales (IBI, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, transmisiones
patrimoniales, actividades económicas, actos jurídicos, etc)
Se puede calcular unos 12.300 m€ en 2022.
Teniendo en cuenta estos datos y el enorme patrimonio en gran
parte expoliado al dominio público, como la mayor parte de los 100.000
inmuebles inmatriculados por la IC, marcar esas casillas es objetivamente
un acto de “Robinhoodismo a la inversa”, quitarle a la pobre ciudadanía
una parte del dinero de sus impuestos para ingresársela a una de las
corporaciones económica y patrimonialmente más ricas de este país.
La casilla denominada de “fines sociales”, tampoco debería
existir. Los fines sociales deben estar contemplados en los presupuestos del
Estado y realizados por la administración pública y no puede depender de las
subvencionas que reciban unas ONGs, sin conocer los criterios por los que se le
adjudican, aunque casualmente una parte muy importante de las que reciben
subvención están relacionadas con la IC.
La asistencia social es una cuestión de justicia, no de caridad
privada con dinero público.
Por tanto, mientras no se corrija esta anomalía de la casillas 105
y 106, con lo que supone de privilegios a una entidad privada religiosa, mostremos
nuestra solidaridad y sentido de la justicia con toda la sociedad,
pensando principalmente en las capas más desfavorecidas. Independientemente de nuestras convicciones o
creencias, NO MARQUEMOS ESAS CASILLAS, POR SOLIDARIDAD Y POR JUSTICIA.
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