Querida compañera, querido compañero:
   Las primeras personas que apoyamos este llamamiento tenemos orígenes territoriales y culturales diversos, lo hacemos a título personal, o participamos en organizaciones de consumidores, ecologistas, vecinales, cooperativas, fuerzas políticas, sindicatos, movimientos diversos…; provenimos del mundo del trabajo, de la política, de la cultura, de la universidad, de la salud, de la ciencia…
Nos une una preocupación común. El 25 de mayo, el gobierno del PP ha decidido retrasar la obligación de les empresas nucleares de presentar la petición de renovación de las licencias de funcionamiento de los reactores hasta 2019. Esto supone la anulación del calendario oficial que hasta ahora las obligaba a hacerlo en los próximos meses. Creemos que este retraso responde a la voluntad de las empresas eléctricas de negociar un reducción de impuestos a la energía nuclear, y abre la posibilidad de hacer desaparecer el debate sobre el alargamiento a 60 años en el marco del futuro “Plan integral de energía y clima” con el horizonte 2030 y 2050 que debe presentar en marzo de 2019 a la Unión Europea. La nueva fecha límite es marzo de 2019.
    La renovación de esos permisos depende sólo del gobierno del PP, ya que el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) modificó la normativa en noviembre de 2016, separando la concesión del nuevo permiso de las revisiones técnicas de seguridad que debían pasar obligatoriamente. Así que el PP puede conceder la renovación en cualquier momento a partir de la petición de las empresas, sin esperar al 2020, 2021 o 2024, que es cuando las centrales deben pasar las revisiones.
Como el CSN ya ha autorizado a Garoña a funcionar hasta los 60 años (2031), las otras peticiones de renovación se pedirán también hasta los 60 años. Se trata de unas nucleares muy degradadas, que son una grave amenaza actual y para las generaciones futuras.