Consideraciones constitucionales sobre la neutralidad del Estado en asuntos religiosos.

 

Ángel B. Gómez Puerto

Profesor Ayudante Doctor de Derecho Constitucional (Universidad de Córdoba).

 

El pasado 4 de febrero, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, tuvo lugar un coloquio organizado por la delegación en Córdoba de Europa Laica, bajo el título “Libertad de conciencia y laicidad. Aspectos constitucionales de la neutralidad del Estado en asuntos religiosos”.

 

El acto lo abrió el Decano de nuestra Facultad, el Prof. Dr. José J. Albert Márquez y presentó los temas a debatir el Presidente de Europa Laica en Córdoba, Prof. Dr. Miguel Ángel López Muñoz. Los cuatro bloques temáticos abordados fueron Educación, Financiación, Simbolismo en edificios públicos, y Municipalidad.

 

Los intervinientes en el coloquio-debate fueron

Ø  Grupo Parlamentario Popular: Isabel Prieto Serrano, Diputada por la provincia de Córdoba en el Congreso de los Diputados.

Ø  Grupo Parlamentario Socialista: Alberto Mayoral de Lamo, Diputado por la provincia de Córdoba en el Congreso de los Diputados.

Ø  Grupo Parlamentario plurinacional Sumar: Francisco Sierra Caballero, Diputado por la provincia de Sevilla en el Congreso.

Ø  Grupo Parlamentario Mixto (partido político Podemos): Martina Velarde Gómez, Diputada por la provincia de Granada en el Congreso de los Diputados.

La entidad organizadora del debate tuvo la amabilidad de invitarme para introducir y moderar esta interesante conversación entre cuatro representantes del pueblo, miembros del poder legislativo. Reproduzco a continuación el texto completo de mi introducción.

 

Ideas previas.

El pueblo y la dirección democrática del Estado

Foto: Marchas de la Dignidad.22M 2014

Ángel B. Gómez Puerto.

Profesor Ayudante Doctor de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba.

En este espacio me propongo abordar las carencias democráticas en nuestro país del denominado Estado de partidos políticos, para exponer, en sede de conclusiones, una serie de cambios futuros, en forma de reformas constitucionales y legales, con el objetivo de recuperar la confianza entre ciudadanía, partidos políticos y representantes públicos. Parto de una idea clave: el entorno social y político del constituyente de 1978 no es el que tenemos como sociedad en la tercera década del siglo XXI. Todo (o casi) ha cambiado.

En nuestro país, España, en la última década (2014-2024) hemos asistido a un cambio profundo en nuestro sistema de partidos políticos, con la desaparición, de facto, del bipartidismo que reinó durante las tres primeras décadas del actual período constitucional, y consiguientemente estamos viviendo situaciones antes inéditas, como repeticiones electorales por falta de investidura, o la conformación de gobiernos de coalición (enero de 2020 y noviembre de 2023).

Yo no entiendo de Política…

                                  

Juan Rivera
Colectivo Prometeo

Cuentan las crónicas que el asesino más sangriento de nuestra Historia Contemporánea, Francisco Franco, cuando mediaba en las disputas entre la jauría de corruptos que poblaban sus Consejos de Ministros, aconsejaba al vate oficial del Régimen José María Pemán o marcaba las directrices a  Sabino Alonso Fueyos director del diario “Arriba”, pilar ideológico de la Dictadura ( las fuentes cambian de interlocutor y no se ponen de acuerdo), zanjaba la discusión con la humorada: “ Haga como yo, no se meta en Política”.

La frase definía perfectamente a un subproducto del Franquismo: el hombre o la mujer que pregonan en sus manifestaciones públicas apoliticismo.

Para mi desgracia estos días pasados al escuchar algunos comentarios de barra de bar el “consejo” del general genocida a sus acólitos me ha venido muchas veces a la cabeza.

Y no,  no por ser un cotilla indiscreto que pone la oreja en conversaciones ajenas sino por tener la mala suerte de tocarme al lado -cuando sólo intentabas tomar tranquilo un café o una cerveza- al energúmeno o a la individua que apostilla todas y cada una de las noticias que la tertulia facha de Ana Rosa ( esa empresaria/periodista que para una chirigota callejera gaditana es “ Ortega Smith pero con peluca” )  le va arrojando  como pienso -en su acepción de comida, no ejercicio mental- y que  la chillona o el gritón  amplifican por encima del umbral del sonido por si en la taberna hubiera  algún sordo y  no se había enterado.

Y estamos hablando de bares de barrio, no Clubes de Campo, Círculos de la Amistad u otras instalaciones con ínfulas elitistas.

¿ Tienen futuro los partidos políticos ?

 

Ángel B. Gómez Puerto.
Doctor en Derecho y Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba.
Su blog, derecho y democracia, es http://gomezpuerto.blogspot.com

    Empecemos por lo primero, por el tratamiento privilegiado que nuestra actual Constitución ofrece a los partidos políticos, asociaciones privadas con enorme relevancia en la arquitectura constitucional. El precepto clave es el artículo sexto, que considera a los partidos como instrumentos fundamentales (que no exclusivos) para la participación política, siendo una pieza esencial del valor superior pluralismo político, confiándoles funciones transcendentales para un Estado democrático como son la formación de la voluntad popular y su expresión en las instituciones representativas.

    Acabo de afirmar que los partidos políticos son asociaciones privadas, pero no son una entidad ciudadana común. Son clave para hacer efectivo el derecho fundamental a la participación política del artículo 23. Por esta razón, el citado y fundamental artículo sexto, que consagra en realidad el Estado de partidos en nuestro país (sin mencionar este concepto que formuló Kelsen en su ensayo Esencia y valor de la democracia), exige que los partidos políticos han de acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y han de tener un funcionamiento interno democrático.

Los partidos políticos constituyen, en realidad, las entrañas de la democracia. Son grandes desconocidos para las personas que no militan en su interior. Pero las consecuencias de sus actos tienen incidencia en el conjunto de la población.