Gladys Martínez López
Fuente: Diagonal
La Iglesia católica sigue gozando de enormes privilegios en la educación.
La entrada del curso escolar muestra que el sistema educativo español sigue cargando con una cruz. La
cesión de suelo, las capillas en universidades, la simbología católica
en las aulas, los conciertos educativos, el adoctrinamiento religioso en
las escuelas o la financiación de los profesores de Religión ponen de
relieve el desmedido apoyo de un Estado, en teoría aconfesional, a la
Iglesia.
“La opacidad en todo lo que se refiere a
la financiación pública de la Iglesia, incluida en la enseñanza, es
enorme”, explica a Diagonal Juanjo Picó, responsable de Comunicación de
Europa Laica. Pero algunos datos son esclarecedores. Según el informe
2015 de esta organización, el Gobierno central y las distintas
administraciones autonómicas están destinando unos 4.300 millones de euros anuales a financiar los centros privados concertados pertenecientes
a la institución religiosa, que son aproximadamente el 65% de los
centros concertados en España y acogen al 75% de los alumnos de la
concertada.
El problema se enmarca, indica Picó,
dentro de la problemática de la enseñanza concertada, introducida por el
Gobierno del PSOE en 1984. “Los conciertos tienen que desaparecer. No
pueden hacerlo de hoy para mañana porque la escuela pública hoy por hoy
no podría absorber a todo el alumnado, pero sí en un plazo razonable de
tiempo, empezando por ir bloqueando lo que está en marcha, y en
sucesivos plazos ir suprimiendo los conciertos para ir hacia una escuela
pública y laica”, dice Picó, que considera que si hubiera habido
voluntad política por parte de las comunidades autónomas, que tienen las
competencias, “habría habido un retraimiento progresivo, pero ninguno
de los colores que han gobernado las comunidades lo ha hecho”.
De momento, eliminar los conciertos no
parece ser el objetivo de las comunidades en que ha habido cambio de
gobierno, e incluso el candidato de Podemos a la presidencia de la
Comunidad de Madrid anunció que su formación respetaría los conciertos
educativos existentes. En otras comunidades, como el País Valenciano, los conciertos en Primaria fueron blindados hasta 2019 por el Gobierno del PPdos meses antes de las elecciones autonómicas del 24 de mayo.
