Artículo 47:
Todas las personas del Estado Español tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos
Este artículo de la Constitución española establece el mismo derecho ya reconocido previamente en la declaración universal de los derechos humanos y en otros tratados internacionales.
Desde hace muchos años Euskadi ha sido referente en el Estado en materia de política de suelo y de vivienda. Fuimos la primera Comunidad Autónoma en todo el Estado:
1) en fijar legalmente las reservas de suelo para vivienda protegida en los desarrollos urbanísticos y en establecer la obligación en determinados municipios de utilizar el suelo de equipamiento para destinarlos a alquiler asequible bajo la figura de los alojamientos dotacionales (1994 y luego desarrollado en 2006)
2) en establecer la calificación permanente de la vivienda protegida (2003) lo que ha permitido que a día de hoy Euskadi cuente con 60.000 viviendas que están excluidas de la lógica especulativa del mercado,
3) en reconocer por ley el derecho subjetivo de acceso a la vivienda de las personas, empezando por las personas más vulnerables (2008 y luego extendido en la ley de vivienda del 2015)
4) en tomarnos en serio la necesidad de disponer de un parque de vivienda en régimen de alquiler a precios asequibles, multiplicando por tres la dotación presupuestaria. Había en 2001 un parque de viviendas de alquiler de apenas 3.500 viviendas y en 8 años llegó a 15.000 viviendas (cuando EZKER BATUA-IU estuvo en el gobierno: 2001-2009).
En este sentido, el Estado siempre ha ido a remolque de los impulsos de la política vasca en materia de vivienda. Y no olvidemos que fuimos las fuerzas progresistas las que hicimos posible en el Congreso de los Diputados que se aprobaran la legislación básica en materia de suelo (2007) para poder pinchar la burbuja inmobiliaria, a la que ha seguido la más reciente en materia por el derecho a la vivienda (2023).
Constatamos ahora la falta de iniciativa y de la voluntad política de las Instituciones Vascas (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y la mayoría de Ayuntamientos) en la puesta en marcha de medidas efectivas en orden a resolver el problema de la vivienda. Observamos con gran preocupación la falta de liderazgo, el estancamiento, cuando no la involución, de las políticas de vivienda del Gobierno Vasco en estos últimos años. Este ejecutivo ha reducido drásticamente su compromiso de construcción de vivienda pública respecto al momento en el que EZKER BATUA-IU estaba en el gobierno (2001-2009).
El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las funestas políticas de austeridad quizás pudieran haber explicado, en parte, el estancamiento de la acción pública del Gobierno Vasco, pero esta etapa se ha superado con creces. El mercado de la vivienda vuelve a estar en precios máximos históricos y desde las instituciones públicas no se están tomando las medidas necesarias para hacer frente a esta situación.
La última iniciativa anunciada (reducir el % de reserva de suelo para vivienda protegida del 75% al 60%) demuestra la falta de compromiso del actual GV con el principal problema que afecta a la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables, y su negativa a asumirlo como un problema público que requiere respuestas e intervención desde el sector público. La solución, como se puede constatar, no llegará del mercado e iniciativa privada.
En materia de vivienda, el Gobierno Vasco ha caído en la autocomplacencia; cuando no en la absoluta desidia o incluso, lo que es más grave, en la desobediencia de leyes propias y ajenas. Resulta muy lamentable que haya sido el propio Gobierno Vasco el que haya recurrido al Tribunal Constitucional, bajo la excusa de una supuesta invasión competencial, los avances sociales exigidos en el derecho a la vivienda por la ley estatal de 2023. Nos genera perplejidad y sonrojo el torpedeo constante del PNV a que la ley estatal por el derecho a la vivienda despliegue sus efectos en materias tan importantes como, por ejemplo, los límites a las rentas de alquiler. Todo ello con el silencio, cómplice, del Partido Socialista. ¿Alguien ha oído decir al Consejero Denis Itxaso cómo piensa cumplir desde Euskadi la obligación, a la que se opone el PNV, de destinar parte de la reserva de vivienda protegida con destino a alquiler asequible?
A diferencia de la enseñanza pública o la sanidad pública, que se desarrollaron en un terreno desocupado excluido de la lógica especulativa del mercado, el suelo para vivienda está completamente ocupado por el capital privado, que lo ha convertido en uno de los principales medios de acumulación de capital, desde los años 60 del siglo pasado. Incorporar la vivienda al catálogo de servicios públicos universales es imprescindible para garantizar la posibilidad de materializar los proyectos personales y familiares del conjunto de la población vasca.
El acceso a la vivienda es hoy una de las preocupaciones principales de la ciudadanía de Euskadi. A la vista de la gravedad de la situación es necesario una participación firme de la sociedad civil para exigir una decidida acción pública institucional que siente las bases de la resolución del problema de la vivienda y que impulse finalmente un gran parque público de alquiler asequible para hacer posible, real y efectivo el derecho a la vivienda.
En este sentido, desde el KOLEKTIBO 47 abogamos por:
1)Reclamar sin demoras ni excusas el despliegue en Euskadi de la Ley 20/2023, por el derecho a la vivienda, validada en la casi totalidad de su texto por el Tribunal Constitucional.
2)Disponer con urgencia de un parque público de suelo para su destino a vivienda protegida en alquiler y a alojamientos dotacionales, que nos permita en Euskadi superar las reservas legales mínimas. En este sentido, exigimos el control de los patrimonios públicos de suelo y de la legislación que los regula, así como la intervención pública de los suelos que estén destinados a vivienda protegida y permanezcan vacantes. Hay que poner de manifiesto que la gran mayoría de ayuntamientos están “estafando” a la población, dedicando a otro tipo de actuaciones municipales lo que por ley tienen que dedicar a vivienda.
3)Exigir al Gobierno Vasco que se dote de los instrumentos de planificación de vivienda que sean adecuados para no tener que depender de los recursos municipales en el desarrollo de una política propia de vivienda. Las Zonas de Mercado Residencial Tensionado deberán ser objeto de atención prioritaria para el despliegue de estas políticas públicas de vivienda.
4)Impulsar que el derecho subjetivo de acceso a la vivienda sea real y efectivo en base a la disposición de un parque público o concertado (BIZIGUNE) de vivienda o bien de alojamientos dotacionales.
5)Para revertir esta situación proponemos un plan de movilización del 2,5% de los ingresos de las Administraciones Vascas para levantar y adquirir, en el plazo de 10 años, 60.000 viviendas en régimen de alquiler asequible. El dinero público hay que dedicarlo a generar servicios públicos en forma de nuevas viviendas públicas; no al enriquecimiento privado, construyendo viviendas privatizables. Reclamamos que en los próximos presupuestos del Gobierno Vasco al menos el 1% del PIB se destine a inversión en materia de vivienda pública en alquiler. Ello supone duplicar la inversión en política de vivienda.
6)Reclamar que el destino del suelo de titularidad municipal con destino a vivienda protegida se destine íntegramente a alquiler asequible, tal como ya reclama en la actualidad la Ley 3/2015, vasca de Vivienda.
7)Intervenir desde las instituciones públicas el mercado de la vivienda en situación de tensionamiento o de desequilibrio, estableciendo en la regulación prohibiciones (por ejemplo, dar uso turístico a viviendas) y regulando el alquiler de habitaciones para evitar situaciones de sobreexplotación y/o discriminación residencial. Para ello será de utilidad el despliegue de una línea específica en materia de Consumo para velar por el derecho a la vivienda en el mercado y atajar las prácticas fraudulentas de algunas agencias inmobiliarias.
8)Orientar la política fiscal para poder exigir el cumplimiento de la función social de la vivienda en materia de cumplimiento de los deberes de ocupación legal efectiva y de rehabilitación a las personas propietarias.
9)Establecer por ley obligaciones ciertas de prestación de servicio público a grandes tenedores de vivienda (por ejemplo, titularidad de más de 10 viviendas) utilizando la política fiscal para incentivar y superar estas obligaciones mínimas. Se contemplará la posibilidad de expropiación de uso de las viviendas vacías si no se aceptan las medidas de fomento o, en su caso, de disuasión (canon, ejecución subsidiaria, etc.) para su puesta en alquiler.
10)Priorizar desde el Gobierno Vasco las políticas de regeneración urbana desde una visión integral urbanística, económica y social. Profundizar al mismo tiempo en las políticas de rehabilitación de viviendas y edificios de vivienda desplegando una red pública de acercamiento de ayudas e incentivos a comunidades de propietarios.
11)Facilitar a la ciudadanía otras formas de vivir en clave de mutua ayuda y cooperación bajo fórmulas de cesión de uso (cohousing…) evitando todo tipo de especulación en el mercado inmobiliario.
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