Javier Madrazo Lavín
Colectivo Prometeo
Nadie discute que el acceso a la vivienda es la preocupación principal de la ciudadanía; tampoco nadie discute que las instituciones no están adoptando medidas para impulsar respuestas reales, efectivas y eficaces, que contribuyan a garantizar el mandato constitucional recogido en el artículo 47. Disponer de un lugar para vivir no es un deseo; es un derecho.
La Comisión Europea y el Banco de España han identificado la carencia de un parque de vivienda asequible de primer acceso, protegidas y también libres, no sólo como una urgencia social sino como un déficit económico-estructural que afecta al conjunto de la ciudadanía, especialmente a una juventud, con empleo precario y cero posibilidades de emanciparse, salvo que cuente con una herencia familiar. Resulta imposible atraer talento, profesionales y personas trabajadoras sin ofrecerles una alternativa habitacional. Ante la insuficiencia de un parque de vivienda protegida suficiente de precio asequible, debido a la dejadez institucional, se focaliza la atención en el mercado libre, especulativo e inaccesible para la mayoría de la población.




