viernes, 22 de febrero de 2013

Andalucía: Plataforma de Docentes por la Pública

 


    La Plataforma de Docentes Andaluces por la Educación Pública, desde que se estableciera antes del inicio de este curso académico, muestra su preocupación por el deterioro de la enseñanza pública en Andalucía. Deterioro marcado por la hoja de ruta que la administración pública -autonómica y estatal- establece en su gestión educativa.
      En particular, esta plataforma de docentes rechaza el Real Decreto ley 14/2012, de 20 de Abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público, en el que se ataca –sobrepasando las competencias educativas propias de la comunidad andaluza- el estatus propio del Sistema Educativo Andaluz, que de por sí, se encontraba en desventaja respecto a la mayoría de Comunidades Autónomas del país, a tenor de los resultados que se desprenden del Informe Pisa y de las pruebas de diagnóstico o de, sencillamente, los propios resultados de evaluación o las tasas de abandono escolar y de absentismo.
      Los recortes educativos propiciados por este RD 14/2012 se concentran en un aumento de horario en la jornada lectiva del profesorado, y en la obligación de que el profesorado de baja no sea reemplazado antes de 15 días, y esto desemboca en que:
  • Se despiden 5000 docentes (más de 3000 de ellos de materias instrumentales).
  • Se desplaza a un elevado número de profesores y profesoras con destino definitivo.
  • El profesorado imparte clase a más alumnos y alumnas, al tener más grupos a su cargo.
  • El profesorado imparte, frecuentemente, materias distintas a su especialidad.
  • Se suprimen desdobles y medidas de apoyo a alumnado con necesidades específicas.
  • Los refuerzos educativos dejan, frecuentemente, de ser impartidos por profesorado de materias instrumentales.
  • Se suprimen líneas de Diversificación Curricular, que, en numerosos casos son la única vía hacia la titulación del alumnado que la cursa.
  • El alumnado cuyo profesor o profesora se encuentre de baja laboral estará, al menos, 15 días sin recibir las clases correspondientes. (En caso de que un profesor o profesora esté de baja en más de una ocasión, el alumnado correspondiente perderá, al menos, un mes de clase)

      A estas medidas que afectan directamente a la calidad educativa, ha de añadirse el resto de medidas enfocadas a la situación laboral del docente, como bajadas salariales, pérdidas de complementos en la paga extra o penalización en las remuneraciones en caso de baja laboral.
 
La Plataforma de Docentes Andaluces por la Educación Pública, antes del inicio de curso, hizo pública esta situación, y propuso medidas que impidiesen que la situación financiera afectase al sistema público de educación en nuestra comunidad, y por ende, al futuro de más de un millón de jóvenes andaluces que hoy cursan la educación pública no universitaria.
La Plataforma de Docentes Andaluces por la Educación pública rechaza de pleno y pide la lucha por la derogación del Real Decreto ley 14/2012, de 20 de Abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público. A pesar de que la Junta de Andalucía lo recurriese al Tribunal Constitucional, no se atisban signos de que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía tome medidas que puedan reducir el impacto de lo indicado en el RD 14/2012 de 20 de Abril.
      En idéntica situación se encuentra el País Vasco, que en la Resolución de 20 de Julio de 2012 de la Viceconsejería de Educación sobre la organización del curso 2012/2013, propicia que los horarios lectivos del profesorado no superen las 23 horas de permanencia en el centro, o la Comunidad de Castilla y León, que en la Orden EDU/491/2012 de 27 de Junio, computa como horario lectivo una hora de guardia y una de tutoría.
      De haberse aplicado medidas similares por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en nuestra comunidad no se habrían despedido a más de 5000 docentes, y no se hubiese deteriorado de esta forma el Sistema Educativo Andaluz. Lejos de tratar que la juventud andaluza disponga de una mayor calidad educativa propia del sector público, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía mantiene activos diversos programas de elevado coste que, de manera incuestionable, no suplen la capacidad educativa y formativa del componente humano perdido con el despido de más de 5000 docentes.
Entre estos programas o gastos externos se destacan:
  • Plan de Calidad.
  • Programa de Cultura Emprendedora.
  • Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE)
Con el coste anual de estos gastos se hubiese evitado el despido de 5000 docentes y, en consecuencia, la pérdida de nivel educativo ya descrita con la que el gobierno central y autonómico castiga a la comunidad andaluza.
Ante esta situación, la Plataforma de Docentes por la Educación Pública propone que se inste a la Consejería de Educación a trabajar hacia:
  • La derogación del RD 14/2012, de 20 de Abril.
  • Contemplar las horas de tutoría y guardia como lectivas (es el propio servicio de Inspección Educativa quien, en pro de la evaluación continuada, de una educación multidisciplinar y de la adquisición de diferentes competencias básicas, sugiere que todo el tiempo que el profesorado comparta con el alumnado se considere lectivo)
  • Impedir la destrucción de desdobles, de líneas de Diversificación Curricular y, en general, de las medidas de apoyo al alumnado.
    • Evitar todos los casos de profesorado que imparte materias que no sean propias de su especialidad.
    • Cubrir, eficazmente, las bajas del profesorado.
    • Suprimir el Plan de Calidad, el Programa de Cultura Emprendedora y la Agencia de Evaluación Educativa.
    Y para ello, la plataforma de docentes queda abierta a la creación de un grupo de trabajo en el que revisar durante todo el curso académico la situación y la evolución de este curso académico, y en el que desarrollar de forma concreta las propuestas mencionadas.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Estoy totalmente de acuerdo con la supresión de los programas mencionados y de forma particular la agaeve que me parece un fraude ya que da a entender que realiza una evaluación externa para garantizar la objetividad y no es cierto, porque quienes corrige es el mismo profesorado a quienes por cierto no se les reconoce de ninguna forma, ni se les compensa el trabajo extra que supone dicha corrección, siendo un trabjao que debiera acometer la propia agencia ya que es quien propone las pruebas de diagnóstico supuestamente externas.