Pepe Aguza
Colectivo Prometeo.
En los últimos meses estamos asistiendo a un relativo cambio de opinión de los ciudadanos, esos que hace tan poco tanto aplaudían desde sus balcones y ventanas, en aquellos espectáculos teatrales de supuesto agradecimiento. Pronto han olvidado el esfuerzo y los peligros que corrían aquellos profesionales sanitarios por las deficientes medidas de seguridad, falta de personal y material con que se enfrentaban diariamente al nuevo peligro vírico y que ahora en muchos casos se tornan críticas, rechazo y repulsa por los cambios y dificultades en la accesibilidad a sus Centros de Salud y Médicos de Familia.
Aún a pesar del enorme sacrificio y riesgos que los trabajadores sanitarios públicos siguen corriendo, frente a las consecuencias de la pandemia y la forma de atención que se presta, ésta es nefasta y desastrosa, debido a la actitud de las Administraciones y gestores de las distintas Comunidades.
Ese orgullo del modelo de Salud Pública del que tanto alardeábamos, está sufriendo un lamentable e importantísimo deterioro en la actual calidad asistencial de la Atención Primaria de estos últimos tiempos, debido como antes decía, a las desastrosas y contradictorias instrucciones, que dictan desde sus despachos inútiles burócratas, que desconocen la realidad y necesidades tanto del ciudadano, como del clínico que debe atenderle y lo peor de todo, es que estas medidas están influyendo negativamente en la concepción y forma de acoger y cuidar al paciente por parte de los expertos de primera línea sanitaria.
La profesionalidad, el conocimiento, la observación y diagnóstico del facultativo, es fundamental a la hora de atender al paciente y esa función no puede sustituirse por la teleasistencia, que la Administración está imponiendo.
Por citar un ejemplo próximo, las últimas instrucciones dadas por el Director-Gerente de los Distritos Sanitarios Córdoba y Guadalquivir, Sr. Fco. Javier Fonseca, sobre medidas extraordinarias a adoptar para estas zonas que suponen casi media provincia, en su Plan de Contingencias, mantiene que se potenciará las agendas telefónicas y “suprimiendo las consultas programadas de seguimiento de pacientes crónicos, tanto para medicina como enfermería”.
“En el caso de pediatría se mantendrán las consultas de niño sano durante el primer año vinculadas a la vacunación, gestionándolas en un acto único, aplazando el resto y la vacunación a partir de los tres años” (lo que supone una reducción del período de control infantil, que desde 2015 el Programa de Salud Infantil y Adolescente de la Junta de Andalucía, se había aprobado y ampliado desde los 4 años iniciales hasta los 14).
Igualmente se suspenden las actividades asistenciales programadas de los distintos programas en los centros de salud (cirugía menor, espirometrías, citologías, retinografías, planificación familiar, etc). También se aplazarán la solicitud de pruebas complementarias de control y seguimiento (analíticas, EKG, etc.) de pacientes con estabilidad clínica en los últimos tiempos, así como las actividades programadas de odontología.
Del mismo modo, se suprimirán actividades de consultorios fundamentales (Cerro Muriano, Bda. de Los Ángeles, Villarrubia, Encinarejo, Guadalcázar, Almodóvar, Algallarín, Ochavillo, La Guijarrosa, San Sebastián de los Ballesteros, etc.) que podrán ser atendidos en los Centros de Salud de sus distintas Zonas Básicas, agrupando a los profesionales de estos dispositivos en centros de mayor tamaño.
La atención telemática, sólo debería aceptarse para situaciones sanitario-administrativas como renovación de recetas, confirmación de partes de bajas, resultados analíticos, etc. Es deleznable que algunos colegios médicos defiendan el modelo de Atención Primaria Telefónica, más propio de la sanidad privada y de vagos, que todo hay en la viña del señor…
No se puede estar dando bandazos y contradicciones diariamente, ni abandonar las necesidades sanitarias de la población y seguir lanzando mensajes y promesas políticas, que no van a contener la pandemia. El coronavirus es un gran desafío a la Sanidad global y es fundamental la investigación y tratamientos de choque para combatirlo y debe ser estudiado desde los expertos en salud y no por oportunistas, vividores y políticos inexpertos en dicho campo.
Como una medida positiva, bien harían nuestros políticos en valorar algunas de las propuestas del manifiesto firmado por más de cincuenta sociedades científicas así como organizaciones sanitarias, que se supone deberían ser quienes asuman las riendas del problema.
Tal como defienden, es imprescindible basarse en criterios científicos, transparentes y comunes.
Es fundamental un protocolo nacional que establezcan criterios comunes exclusivamente científicos, sin interferencias ni presiones políticas de todas las ideologías, que definan normas generales de prevención y manejo de personas contagiadas.
Igualmente las autoridades sanitarias deben garantizar el material destinado a la prevención, protección y seguridad tanto de los profesionales, como el tratamiento de todos los afectados. Solamente estas autoridades, serán las responsables de establecer las prioridades de actuación, sin injerencias políticas, con respecto a otras enfermedades o cambios organizativos, independientemente de la edad o nivel socio-económico de los pacientes.
En definitiva, ofrecen su experiencia y conocimientos a la vez que reclaman una respuesta coordinada, equitativa y basada exclusivamente en los conocimientos científicos y criterios que antes decía.
El problema que está generando la dificultad de acceder al Médico de Familia en los últimos meses es abrumador. No todas las peticiones de consultas son por coronavirus ni exclusivamente relacionadas con sospechas de esta patología: existe un gran número de usuarios con dolencias crónicas, otras que pueden surgir en cualquier momento y necesitar una baja por enfermedad común y no pueden esperar diez o quince días para ser atendidos (y en la mayoría de los casos por teleasistencia), lo que está suponiendo una saturación y desbordamiento extremo de las Urgencias Hospitalarias y en algún caso con intervención quirúrgica urgente, como ya se ha producido en el Hospital Reina Sofía de Córdoba o la muerte por contagio del doctor Manuel Barragán en el Centro de Salud Levante Sur de Córdoba, (que hoy lleva su nombre a modo de homenaje), meses antes de su jubilación y donde además otro facultativo también fue contagiado, así como uno más en el mismo centro, que el pasado mes de septiembre sufría un infarto mientras pasaba consulta (posiblemente propiciado por el insoportable estrés que sufren diariamente en su trabajo), o del fallecimiento por metástasis no detectada en una paciente burgalesa, que tras tres meses de espera a que su médico de cabecera le diera cita en un centro de salud de Espinosa de los Monteros, todo ello por citar alguno de los muchos problemas que se están generando, así como el enfado e indignación hacia unos profesionales, que siguen arriesgando su salud y a veces hasta su vida.
El retraso en la adjudicación de cita previa, está llevando a que se produzca un absentismo laboral innecesario en muchos casos, por miedo a estar contagiados de covid y que las empresas quieren evitar el riesgo de contagios entre sus trabajadores.
Es inadmisible depender exclusivamente de un teléfono de Salud Responde (saturado y que no responde), sin que se pueda acceder personalmente al Centro de Salud, cuyas puertas con frecuencia están cerradas, impidiendo consultas básicas como pediatría, vacunaciones de niño sano, sospechas de cardiopatías, trastornos diabéticos o hipertensos, etc.
Los problemas que la actual Administración es incapaz de resolver en Andalucía, no parece que sean exclusivos de esta Comunidad. En mayor o menor grado, todas las sufren y no se van a resolver con teleasistencia y videollamadas, como el actual Consejero Sr. Aguirre pretende instaurar. Como antes decía, ningún profesional y menos los colegios profesionales y organizaciones que les representan, deberían defender este modelo de asistencia telemática, lo que supone una imagen pobre de la labor humanitaria que define su profesión.
Por otra parte el Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, se muestra ufano de haber llegado a una cifra record en la plantilla del Sistema Sanitario Público este verano, a pesar de la “importante dificultad de contratación, al haber agotado las bolsas de facultativos y enfermería en la mayoría de las provincias”. Esto es una auténtica falacia por diferentes motivos: por un lado se impone un límite de corte relativo de la contratación, pero por debajo de ese límite de puntuación quedan miles de aspirantes en bolsa que no llegan a llamar, por otro lado, están las condiciones laborales y retributivas en nuestra comunidad, que son de las peores de todo el país, lo que supone que una gran parte emigren a otras Comunidades e incluso al extranjero… y ahora, a pesar de esos miles que por debajo del corte de contratación esperan alguna vez trabajar, pretendemos contratar sanitarios extracomunitarios de dudosa capacitación, lo que supondría un riesgo adicional a la seguridad del paciente.
Hay en bolsa cerca de 8.000 facultativos que no han podido acceder al MIR, pero que son médicos esperando conseguir una especialidad y que bien podrían ejercer en la sanidad pública, al menos temporalmente mientras la pandemia persista, si los contratos y las condiciones laborales fuesen beneficiosas.
En Andalucía hay más de 1.300.000 solicitudes de empleo incluidas todas las categorías del Servicio Andaluz de Salud, de ellas existen 25.773 facultativos inscritos en bolsa, 51.671 personas de Enfermería, así como 67.781 de Auxiliares de Enfermería, además de más de un millón y pico de diferentes profesionales tanto administrativos, no sanitarios, servicios, alimentación, etc… ¡Que el Consejero se lo diga a quién espera algún día ser llamado para trabajar! ¿Qué no hay profesionales, a quién se lo cuenta?.
Tanta reiteración por parte de la Administración de que la Atención Primaria sería la clave para atajar la crisis sanitaria generada por la pandemia, reforzando el papel de los médicos de familia y de enfermería, estamos comprobando que nada ha cambiado e incluso me atrevería a decir que hasta está empeorando.
Los ciudadanos deben ser conscientes de los riesgos a que estamos expuesto y respetar las medidas de protección, en especial en lo referente a reuniones masivas, concentraciones y botellones para evitar contagios, pero por otro lado, además deben de ser críticos y reivindicativos con las medidas de acceso a sus médicos, que la Administración impone y reclamar la falta de atención y consultas presenciales en los Centros de Salud, instando al cumplimientos de la normativa de accesibilidad de toda la ciudadanía a los recursos sanitarios preventivos y terapéuticos y cualquier patología o problema de salud, lo que indudablemente vulnera el derecho a la Sanidad Pública.
Tengamos en cuenta aquellos aplausos a los “héroes de la medicina”, pero recordémosles que la falta de asistencia y diagnosis de cualquier cuadro, podría suponer a la vuelta de unos meses o los próximos años una enfermedad grave o incluso la muerte, como ya ha sucedido en algún caso.
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