Ángel B. Gómez Puerto
Profesor Ayudante Doctor de Derecho Constitucional (Universidad de Córdoba)
En junio de 2022 Andalucía votó la composición de su Parlamento autonómico, nuestra asamblea legislativa, el centro de la vida democrática en nuestra tierra, la alta dirección de las políticas autonómicas, el órgano de representación del pueblo andaluz. Constituye una de las instituciones que conforman la Junta de Andalucía, junto al Consejo de Gobierno y a la Presidencia de la Junta. Estamos, pues, a menos de dos años para la siguiente convocatoria electoral andaluza, la de 2026.
Las funciones del Parlamento de Andalucía, según lo dispuesto en nuestro actual y reformado Estatuto de Autonomía, aprobado en referéndum por el pueblo andaluz el 18 de febrero de 2007, se pueden agrupar en legislativas (aprobación de leyes autonómicas); institucionales (entre las que destaca la elección del Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía, o la designación de senadores autonómicos); de orientación e impulso a la acción de gobierno; de fiscalización o control de la actividad del Consejo de Gobierno (preguntas parlamentarias, moción de censura, la cuestión de confianza); o las presupuestarias/económicas (aprobación de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, planes económicos de la comunidad autónoma, tributos autonómicos)
Como podemos observar, es realmente importante la decisión democrática que tenemos los andaluces cada cuatro años, la elección de las 109 personas que conforman el Parlamento de Andalucía, órgano clave de nuestro sistema institucional, que tiene su origen en el proceso histórico de configuración de nuestra Comunidad Autónoma, en el marco del artículo 151 de la Constitución. Recordemos hitos históricos clave. Uno de ellos tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, en 1919, donde se dio uno de los pasos más importantes de la construcción de la idea de Andalucía. En ese año se adoptó el Manifiesto Andalucista de Córdoba, que describe a Andalucía como realidad nacional, fórmula que precisamente recoge el actual Estatuto de Autonomía. Un año antes (1918) del cónclave cordobés se habían aprobado en la Asamblea de Ronda algunos de los símbolos de Andalucía: la bandera verde y blanca y el escudo.
Unos años más tarde, en la Segunda República, se impulsó de nuevo la aspiración política de Andalucía con la constitución de las Juntas Liberalistas de Andalucía, con la decisiva participación de Blas Infante, que aprueban el himno de Andalucía y redactan un proyecto de Estatuto. Lamentablemente, el golpe de Estado, la consiguiente la Guerra Civil y la terrible dictadura franquista interrumpieron ese proceso para la autonomía política de Andalucía, para la democracia en España, con el trágico fusilamiento de Blas Infante en agosto de 1936, una de las tantísimas víctimas mortales del franquismo.
En plena restauración democrática tras la muerte de dictador, la histórica y multitudinaria manifestación de 4 de diciembre de 1977, que tuvo lugar en las ocho provincias andaluzas, y el referéndum del 28 de febrero de 1980, vuelven a poner a Andalucía al nivel jurídico y político de otras autonomías históricas, con plena autonomía, acogida al procedimiento marcado en el artículo 151 de la Constitución de 1978.
Otro hito muy importante fueron las primeras elecciones andaluzas, celebradas el 23 de mayo de 1982, en las que se eligieron nuestros primeros representantes, que constituyeron el primer Parlamento de Andalucía. Desde esa fecha hasta junio de 2022 se han sucedido once legislaturas, en las que han ido evolucionando las representaciones parlamentarias, con cambios de los actores políticos. El 14 de julio de 2022 se constituyó formalmente el Parlamento de Andalucía de la Legislatura autonómica número XII, que se estructura en cinco grupos parlamentarios.
Hechas estas consideraciones de memoria histórica y democrática, abordaremos a continuación las políticas públicas que proclama nuestro actual Estatuto de Autonomía para Andalucía, que incluye en un importante precepto, el artículo 37, una relación de hasta 25 principios rectores de las políticas públicas, y obliga a los poderes públicos constituidos de la Comunidad Autónoma a su aplicación efectiva para conseguir que la proclamación formal del catálogo de derechos, libertades y deberes de la ciudadanía andaluza sea real y efectiva.
En realidad, los 25 principios rectores de las políticas públicas que establece dicho precepto del Estatuto de Autonomía para Andalucía deben constituir el auténtico programa político e institucional para esas 109 personas que resultaron elegidas como representantes del pueblo andaluz el 19 de junio de 2022.
Configuran los contenidos de dichos principios asuntos como la prestación de unos servicios públicos de calidad; el fomento de la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad; el acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, asegurando su participación en la vida social, educativa y cultural de la comunidad; o la especial protección de las personas en situación de dependencia que les permita disfrutar de una digna calidad de vida.
Por otro lado, en ese conjunto de objetivos y principios se obliga a los poderes públicos a impulsar actuaciones para lograr la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidad, de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, el uso de la lengua de signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección y respeto; y la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.
Establece también el artículo 37 un importante bloque de principios sobre cuestiones laborales como la integración de los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal; la integración laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes; el empleo de calidad, la prevención de los riesgos laborales y la promoción en el trabajo; la plena equiparación laboral entre hombres y mujeres y así como la conciliación de la vida laboral y familiar, o el impulso de la concertación con los agentes económicos y sociales.
Se apuesta claramente también en este conjunto de principios todo lo relacionado con el impulso del desarrollo económico de nuestra tierra como objetivos tan importantes como el fomento de la capacidad emprendedora, la investigación y la innovación. Se reconoce en estos ámbitos la necesidad de impulsar la labor de las universidades andaluzas; el fomento de los sectores turístico y agroalimentario, como elementos económicos estratégicos de Andalucía, o el acceso a la sociedad del conocimiento con el impulso de la formación y el fomento de la utilización de infraestructuras tecnológicas.
La apuesta por un modelo de respeto hacia los valores ambientales de Andalucía tiene también bastante relevancia entre los 25 principios de actuación. Así, figuran objetivos políticos tan esenciales como el respeto del medio ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales y garantizando la calidad del agua y del aire; el impulso y desarrollo de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética la conservación; la puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía; el consumo responsable, solidario, sostenible y de calidad, particularmente en el ámbito alimentario; o el uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas.
El objetivo de profundización democrática y respeto e integración de la diversidad cultural es también parte integrante de este programa que desarrolla el Estatuto de Autonomía en ese clave artículo 37: el fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo; el libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto a la diversidad cultural; la convivencia social, cultural y religiosa de todas las personas en Andalucía y el respeto a la diversidad cultural, de creencias y convicciones, fomentando las relaciones interculturales con pleno respeto a los valores y principios constitucionales.
Todas estas cuestiones constituyen las obligaciones políticas ineludibles para nuestros representantes y gobernantes. Es el mandato del pueblo andaluz dado en 2007, en nuestro Estatuto de Autonomía, al que deben dar cumplimiento nuestros mandatarios públicos andaluces, cuestión clave para trabajar por la afección de la ciudadanía con nuestro sistema institucional, para seguir cuidando nuestra democracia, también en Andalucía.
En la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba, impartimos desde hace ya varios cursos académicos, dentro del Área de Derecho Constitucional, una asignatura denominada Instituciones Públicas de Andalucía (https://www.uco.es/eguiado/guias/2024-25/100092es_2024-25.pdf), que forma parte del plan de estudios del Grado en Derecho, en la que abordamos, entre otros contenidos, varios temas relacionados con lo expuesto en los párrafos anteriores. También abordamos de manera destacada la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, así como varias políticas públicas que nuestro Estatuto de Autonomía regula con importancia, como son la de medio ambiente o de la de empleo. Tengo el privilegio, desde hace ya varios cursos, de impartir dicha asignatura, y de coordinarla académicamente, con la satisfacción de comprobar el creciente interés por la misma del alumnado, que se traduce, entre otras cuestiones, en la realización de Trabajos de Fin de Grado sobre temas de la asignatura.
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