Educación, Universidad y Democracia

Ángel B. Gómez Puerto

Colectivo Prometeo

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba

Las personas que trabajamos en la Universidad tenemos un privilegio y una responsabilidad. Estamos amparados por un derecho fundamental, la libertad de cátedra, muy conectado con otras libertades públicas consagradas en el transcendental artículo 20 de nuestra actual Constitución, como son la libertad de pensamiento y la de expresión.

Pero también tenemos una responsabilidad, ejercer dichas libertades para una formación democrática de nuestro alumnado, atendiendo al objetivo general para el derecho a la educación que marca otro artículo clave, el 27, que expresa que dicho derecho, con naturaleza jurídico-constitucional de fundamental (con las máximas garantías de protección y efectividad), tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

En este sentido, el propio Tribunal Constitucional, en sentencia dictada en 1985, dejó claro como criterio interpretativo de dicho precepto “la inequívoca vinculación del derecho a la educación con la garantía de la dignidad humana, dada la innegable trascendencia que aquella adquiere para el pleno y libre desarrollo de la personalidad, y para la misma convivencia en sociedad, que se ve reforzada mediante la enseñanza de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, necesarios para establecer una sociedad democrática avanzada, como reza en el preámbulo de nuestra Constitución”.

Es la universidad un espacio para la libertad de pensamiento y para la expresión libre de ideas y propuestas; para la investigación libre; para la publicación editorial de los resultados de dicho proceso investigador; para compartir con nuestro alumnado, en el marco de las programaciones y guías docentes, dichos trabajos y resultados académicos; para debatir en clase sobre sus conclusiones en los trabajos prácticos que realizan; o para orientarlos en la parte final de su formación, en los trabajos de fin de grado, ya sobre sus propias investigaciones.

Y, en todo ese proceso, no debemos obviar el objetivo de tener presente el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que, como bien sabemos, es parte esencial de todo texto constitucional actual, pues, el constitucionalismo hemos de entenderlo, no solo como organización de los poderes, sino también como protección de los derechos del individuo, también frente a dichos poderes constituidos.

El espacio universitario, como un terreno de libertad y para la libertad, ha de ser también un entorno propicio para formar a profesionales comprometidos con la idea democrática, con el respeto a los derechos humanos universalmente declarados desde hace décadas, y que, en nuestro caso, se concretan en nuestro propio sistema constitucional de derechos y libertades. Partiendo, desde luego, de la libertad ideológica del artículo 16 de nuestra Constitución, que debe tener un límite en el mandato constitucional del artículo 27, no debiendo ser posible atacar al concepto democrático de nuestro Estado, con el que todos debemos estar implicados, especialmente desde este espacio de libertad de pensamiento y de cátedra que es la Universidad. No podemos olvidar la primera gran proclamación de nuestro texto constitucional actual: España es un Estado social y democrático de Derecho.

En todo caso, sin un derecho a la educación debidamente garantizado con un robusto sistema público educativo, los derechos de participación política derivados de nuestro importante artículo 23 de la Constitución quedarían en meras declaraciones formales. La educación aporta libertad a la ciudadanía para participar de forma consciente y eficaz en el proceso de decisión política democrática, para evitar y/o saber detectar posibles manipulaciones que incidan en su decisión democrática.

Cada vez tengo más claro que es muy importante cuidar y potenciar la idea democrática, el ideal constitucional, como proyecto común de vida y como patrimonio público colectivo, siendo clave para este objetivo la educación en general, y la formación e investigación universitaria en particular, el pensamiento crítico debidamente expresado, con respeto a los derechos y valores constitucionales.