Remedios Copa
Colectivo Prometeo
A nadie se le escapa a estas alturas que los fondos de pensiones ven en las pensiones privadas un suculento negocio y para lo que la estabilidad y suficiencia de las pensiones públicas es una piedra en el camino.
Bancos y Fondos buitres conforman lobbies de presión sobre Gobiernos e Instituciones para que se debiliten y establezcan limitaciones tanto a las actuales como a las futuras y además, están detrás de informes detractores de la sostenibilidad con los que intentan dar argumentos a los responsables políticos, presionándoles para que ejecuten recortes e impidan mejoras y, por otro lado, convencer a la ciudadanía de la necesidad de invertir en los planes de ahorro privados porque las pensiones públicas serán inviables o, en el mejor de los casos, insuficientes en el futuro.
A estos elementos interesados en trasvasar nuestros ahorros a sus suculentos negocios pero carentes de toda garantía de rentabilidad final controlable y contrastable para el inversor, que obtendrá pocas veces incrementos en la inversión realizada y padeciendo mermas en el resultado final con relación al capital invertido, (y ni que decir tiene que, con los salarios actuales, casi ninguna persona trabajadora podría detraer recursos para invertir en un plan de pensiones privado), se unen a estos otros elementos que por objetivos distintos están interesados en que las pensiones públicas se reduzcan lo máximo posible, o mejor aún, desaparezcan junto con otras prestaciones de Bienestar Social.
La propia OTAN ha tomado cartas en el asunto de la mano de su Secretario General, Mark Rutte; para él es necesario y posible reducir las pensiones públicas de jubilación de los europeos porque, según este lacayo de Trump en la U E, nuestras pensiones están por encima de la media mundial y considera que ese dinero estaría mejor empleado en armamento y defensa. Servir a la industria armamentista y a los señores de la guerra, (sin las guerras se frenaría el negocio de las armas), son para el Secretario General de la OTAN más urgentes y prioritarias que la Paz y las condiciones de vida y bienestar de la ciudadanía.
Pero cuidado, porque los oligarcas que rigen la Comisión Europea planean lo mismo. Y si Rutter es el lacayo de Trump en la OTAN, Ursula von der Leyen es su equivalente en la U E, (acompañada de esa comparsa no electa de la que se rodea), y dicta continuas medidas en contra de la ciudadanía, imponiendo ingentes cantidades de dinero para entregar a la OTAN, con las que los EE UU financian las guerras afines a sus intereses; entre ellas esa guerra contra Rusia que ni Rusia le ha declarado a la U E ni los países de la U E han votado en sus Parlamentos, ni tampoco se votó en el Parlamento Europeo.
En este punto, y aunque pueda parecer que nada tiene que ver con el tema de las pensiones sí que tiene y mucho. Y también con el dinero que se destina a las guerras y a la OTAN, porque sale del bolsillo de los contribuyentes y en detrimento de la sanidad, la educación y el bienestar de la población. No en vano, los demócratas estadounidenses acusan a Trump y al Secretario de Estado, Marco Rubio, de estar iniciando una guerra con Venezuela para derrocar su Gobierno pero, “el pueblo estadounidense no quiere otra guerra, y el Congreso no puede permitir que ningún presidente inicie una, ilegal o unilateralmente. Así no funciona la Constitución”. Pero lo que rige para la Constitución estadounidense se ve que no está rigiendo para las Constituciones europeas.
Los estadounidenses están hartos del gasto militar en defensa; el presupuesto de 2025 contempla 310.700 millones de dólares en armas, su mantenimiento, investigación y nuevas adquisiciones y desarrollos o pruebas, lo que supone un total de 849.800 millones. La sociedad europea también se revela, contra el gasto militar, la guerra y la pérdida de derechos, pero quienes rigen sus destinos hacen oídos sordos y miran para otro lado; mientras la ciudadanía expresa su voluntad en la calle, salvo honrosas excepciones, sus gobernantes oligarcas quieren guerra.
Siguiendo con los informes tendenciosos de quienes tratan de implantar el relato de la inviabilidad y fomentar el miedo a que el sistema de pensiones públicas sea insuficiente o quiebre, merece una mención la propuesta de medidas que hace FEDEA para contener el gasto de los pensionistas actuales y futuros, actuando sobre el cálculo de la pensión y su revalorización.
FEDEA es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y pide reconsiderar de inmediato la última reforma de las pensiones porque “agrava”, dice, los problemas de sostenibilidad y critica una serie de medidas que, según sus previsiones, aumentarían considerablemente el gasto, (sobre todo para 2050), y señala como problema para la primera fase que el grueso del incremento está en la subida conforme al IPC. Lo cierto es que resulta prolijo en amenazas pero no aporta ninguna propuesta sostenible que no sea recortes y limitaciones en las prestaciones. En la segunda fase ya critica el nuevo modelo propuesto para calcular la pensión.
La verdad es que ese informe denostando el futuro de las pensiones públicas en cuanto a la sostenibilidad y a su importe responde claramente a una ideología determinada. Una ideología que está intentando implementar la convicción social de que las pensiones que fueron generadas con las cotizaciones más altas deben ser devaluadas y, las pensiones que se generen en el futuro se reduzcan.
Ambas propuestas son injustas. La primera porque deviene de unas cotizaciones que esos trabajadores pagaron en su día y que ahora ya dependen de los ingresos por ese derecho para la etapa de su vida en la que las carencias aumentan y las posibilidades para obtener ingresos ajenos a la pensión ya no son viables. La segunda, porque los trabajadores deben tener salarios dignos y cotizaciones, tanto suyas como del empresario, por toda la masa salarial.
Sin entrar en cómo las propuestas de FEDEA sí arruinarían el sistema de pensiones públicas en lugar de apuntalarlo, está el hecho de que las pensiones también generan ingresos por IRPF al Estado, (aportaciones que también se reducirán si se reducen las pensiones), y que no hay que rasgarse las vestiduras si en algún momento el gasto en el pago de las pensiones es sostenido o complementado con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, como lo son el resto de prestaciones de Bienestar Social, la Sanidad o la Educación.
En definitiva, como apuntaba antes, existen posibilidades reales de recaudación, entre otras las que deben proceder de una fiscalización justa e ineludible para todos y, por otra parte, el meollo de todo este debate está en el tipo de sociedad que queremos y que va a depender de la ideología de quienes nos gobiernen. Así que hay que pensar, cuando se vaya a votar, cuales son las prioridades de los candidatos para el empleo de nuestros recursos.
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