La visita del Papa y la asignatura pendiente del Estado laico

Manuel Marrero Morales

Colectivo Prometeo

Miembro de Europa Laica

La anunciada visita del Papa a Cataluña, Madrid y Canarias ha sido presentada por distintas administraciones públicas como un acontecimiento de extraordinaria relevancia institucional, social y cultural. Sin embargo, más allá de las legítimas creencias de millones de personas y del derecho de la Iglesia católica a organizar sus actos religiosos, esta visita vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo que sigue sin resolverse en el Estado español: la persistencia de privilegios incompatibles con un Estado que la propia Constitución define como no confesional. 

Resulta especialmente significativo que, en pleno siglo XXI, una visita de carácter esencialmente religioso movilice recursos públicos extraordinarios, altere el funcionamiento ordinario de las administraciones y genere medidas excepcionales que difícilmente se adoptarían para organizaciones de otra naturaleza. Gobiernos autonómicos, ayuntamientos, el Gobierno del Estado e incluso el Congreso de los Diputados parecen competir en atenciones y deferencias institucionales hacia la jerarquía católica, reforzando una imagen de subordinación política impropia de una democracia moderna.

Por ello, conviene preguntar públicamente a los gobiernos de Cataluña, de Canarias, al Gobierno y al Ayuntamiento de Madrid, al Gobierno de España y a las Cortes Generales qué medidas concretas han aprobado con motivo de esta visita y cuál será su coste real para las arcas públicas. La ciudadanía tiene derecho a conocer con transparencia qué recursos humanos, materiales y económicos se destinarán a la organización, seguridad, logística, promoción y apoyo institucional de unos actos que, por su naturaleza, pertenecen al ámbito privado de una confesión religiosa.

Las noticias conocidas hasta ahora apuntan a restricciones de tráfico, cierres de vías públicas, modificaciones de servicios, posibles medidas de teletrabajo para empleados públicos, alteraciones del calendario escolar, cesión de instalaciones educativas, utilización de centros docentes para alojamientos o actividades vinculadas al turismo religioso y un importante despliegue de efectivos públicos. Todo ello exige una rendición de cuentas rigurosa. ¿Quién paga? ¿Cuánto cuesta? ¿Bajo qué criterios se justifica? Más preocupante aún resulta la normalización de que el Papa pueda dirigirse al Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular y representación de toda la ciudadanía, creyente o no creyente. De confirmarse, será la primera ocasión en que un pontífice pronuncia un discurso o sermón en el hemiciclo parlamentario, estaríamos ante un hecho de enorme carga simbólica que merece una profunda reflexión democrática. Las instituciones públicas deben mantener una posición de neutralidad ante las distintas convicciones religiosas y filosóficas presentes en la sociedad. El Parlamento no puede convertirse en un espacio de proyección de ninguna confesión particular. La visita papal también debería servir para abrir un debate político largamente aplazado sobre las relaciones entre el Estado español y la Iglesia católica.

Más de cuatro décadas después de la aprobación de la Constitución, continúan vigentes los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, herederos directos del Concordato franquista de 1953. Estos acuerdos constituyen el principal soporte jurídico de una situación de privilegio que contradice el principio constitucional de aconfesionalidad. Europa Laica viene reclamando desde hace años la denuncia y derogación de dichos acuerdos, condición indispensable para avanzar hacia una verdadera separación entre las instituciones públicas y las confesiones religiosas. Ninguna democracia plenamente laica puede mantener tratados internacionales que otorgan ventajas singulares a una organización religiosa concreta.

Entre las cuestiones pendientes destaca la financiación pública de la Iglesia católica. Pese a reiteradas promesas de autofinanciación, la Iglesia sigue recibiendo importantes recursos procedentes del Estado, tanto de forma directa como indirecta. A la asignación tributaria mediante el IRPF se suman subvenciones, conciertos educativos, mantenimiento de patrimonio, convenios específicos y múltiples mecanismos de financiación pública cuya cuantía global, desde Europa Laica, la cuantificamos en torno a los 13.000 millones de euros cada año. A ello se añaden las amplias exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia católica, particularmente en impuestos como el IBI, que generan una situación de desigualdad respecto a otras entidades y contribuyentes. La ciudadanía tiene derecho a preguntarse por qué una de las mayores corporaciones patrimoniales del país continúa beneficiándose de privilegios fiscales que no se aplican con carácter general. Tampoco puede olvidarse la cuestión de las inmatriculaciones. Durante décadas, la Iglesia registró a su nombre miles de bienes aprovechando una legislación excepcional que le otorgaba prerrogativas impropias de un Estado democrático. Numerosos inmuebles de valor histórico, cultural y patrimonial pasaron a manos eclesiásticas mediante procedimientos que hoy siguen siendo objeto de controversia jurídica y social. La Iglesia Católica es la mayor inmobiliaria de este país. La restitución de los bienes indebidamente apropiados y la revisión completa de las inmatriculaciones continúan siendo una exigencia democrática pendiente. Igualmente inaplazable es la respuesta institucional frente a los casos de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. La magnitud del problema exige verdad, justicia, reparación para las víctimas y plena colaboración con las investigaciones. Ninguna visita papal debería servir para eclipsar una cuestión de tal gravedad ni para diluir las responsabilidades acumuladas durante décadas.

En el ámbito educativo, persisten también privilegios incompatibles con una escuela pública laica. La enseñanza confesional de la religión continúa integrada en el sistema educativo y financiada con fondos públicos. Los docentes de religión son seleccionados por las autoridades eclesiásticas pero retribuidos por el Estado. Paralelamente, una parte significativa de los recursos públicos sostiene centros concertados con ideario religioso que, en algunos casos, practican formas de segregación o selección del alumnado difíciles de conciliar con los principios de igualdad e inclusión que deben inspirar la educación.

La tradición pedagógica democrática, entre otros con Paulo Freire, o la experiencia de la Institución Libre de Enseñanza y los Movimientos de Renovación Pedagógica, defendió una educación basada en la libertad de conciencia, el pensamiento crítico y la autonomía del conocimiento frente a cualquier tutela confesional. Esa herencia sigue siendo plenamente vigente. La cuestión de fondo no es la visita de una autoridad religiosa ni la libertad de quienes deseen participar en sus actos. La cuestión es si las instituciones públicas deben implicarse activamente en su organización, financiación y promoción. La cuestión es si los poderes públicos pueden seguir otorgando a una confesión religiosa un trato preferente incompatible con la igualdad de todas las creencias y convicciones.

España necesita culminar una transición pendiente en materia de libertad de conciencia. Un Estado verdaderamente laico no es un Estado antirreligioso. Es un Estado que garantiza por igual los derechos de creyentes y no creyentes, sin privilegios, sin discriminaciones y sin confusiones entre las instituciones civiles y las religiosas. La visita del Papa debería haber sido una oportunidad para abrir un debate serio sobre la calidad democrática de nuestras instituciones y sobre el incumplimiento persistente del principio constitucional de aconfesionalidad. Sin embargo, todo apunta a que ocurrirá exactamente locontrario. La Generalitat de Cataluña, el Gobierno de Canarias, las instituciones madrileñas, el Gobierno de España y el propio Congreso de los Diputados parecen haber asumido con naturalidad un papel de colaboración activa con una confesión religiosa concreta, poniendo recursos públicos, espacios institucionales y capacidad organizativa al servicio de una visita de carácter confesional. Especial responsabilidad corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez. Resulta difícil compatibilizar un discurso político que se reivindica progresista y defensor de la igualdad con el mantenimiento intacto de un marco de privilegios eclesiásticos heredado de la Transición y, en buena medida, del nacionalcatolicismo franquista. Lejos de denunciar los Acuerdos con la Santa Sede, el Gobierno garantiza su continuidad; lejos de avanzar hacia la autofinanciación de la Iglesia, mantiene los mecanismos de financiación pública; lejos de recuperar para el patrimonio común los bienes apropiados mediante las inmatriculaciones, ha optado por cerrar en falso este conflicto; lejos de impulsar una respuesta contundente ante los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, continúa posponiendo decisiones fundamentales para las víctimas; y lejos de promover una verdadera Ley de Libertad de Conciencia, mantiene la religión confesional en la escuela pública y sigue financiando centros educativos que subordinan el derecho a la educación a un determinado ideario religioso.

Por ello, desde Europa Laica reclamamos una vez más la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, la supresión de los privilegios fiscales y económicos de la Iglesia católica, la recuperación de los bienes indebidamente inmatriculados, la salida de la religión confesional del sistema educativo, la construcción de un marco de relaciones basado en la estricta neutralidad del Estado y la aprobación de una Ley de Libertad de Conciencia que debe proteger por igual a creyentes, no creyentes y personas con cualquier tipo de convicción, garantizando que ninguna opción de conciencia disfrute de privilegios ni sufra discriminación. No se trata de una reivindicación contra ninguna creencia, sino a favor de la igualdad de toda la ciudadanía. Porque en una democracia madura las instituciones públicas no deben estar al servicio de ninguna fe, sino de los derechos y libertades de todas las personas.