Pepe Aguza.
Colectivo Prometeo
A los problemas que se le acumulan al gobierno de Pedro Sánchez, este verano España incorpora otro de gravísimas consecuencias para una buena parte de su territorio y población: los incendios forestales.
A día de hoy, ya han arrasado más de 210.000 hectáreas, seis veces más que en 2025, contabilizando 35 grandes incendios.
La realidad que nos está llevando a esta situación se debe a diversos factores, entre los que podemos destacar el abandono del medio rural, la ausencia de animales y trashumancia que reducían la vegetación y acumulación de pastos, matorrales y arboleda de los campos que suponen un exceso de combustible seco acumulado, y favorecido por las condiciones climáticas extremas de calor, así como la falta de limpieza, podas y desbroce de los montes por la baja o nula gestión forestal provocando estos desastres.
Otro factor importante es el crecimiento de urbanizaciones en entornos rurales, a veces con escaso control arquitectónico y urbanístico.
Asimismo hay que decir que la inversión en servicios públicos de bomberos y recursos para la extinción de incendios y otras emergencias climáticas, en la mayoría de Comunidades, fundamentalmente gobernadas por la derecha, son escasas cuando deberían ser prioritarias durante todo el año.
Una Comunidad donde los incendios son escasos y prácticamente nunca se tuvo que desalojar o evacuar a su población es Cantabria, donde Miguel Ángel Revilla cuando llegó por primera vez al poder en junio de 2003, lo primero que hizo fue la contratación del Servicio de Bomberos durante todo el año, haciendo funcionarios a su plantilla.
Por el contrario, tenemos otros casos como la Comunidad de Madrid, donde el Tribunal Superior de Justicia ha condenado al gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso por desviar cerca de 38 millones de euros, procedentes de primas de seguros, a otras partidas presupuestarias durante los ejercicios de 2019 a 2023, según habían denunciado varios efectivos del Cuerpo de Bomberos, cuyas plantillas y recursos eran totalmente insuficientes y con contratos temporales y mal pagados.
El Tribunal considera que la utilización que el gobierno madrileño hacía de estos fondos no se destinaban a la mejora del servicio de bomberos y que realmente deberían estar destinados a la creación, ampliación y modernización del Cuerpo, con contratos indefinidos durante todo el año, una dotación retribuida adecuadamente y recursos materiales suficientes, incluyendo la compra de material especializado, vehículos de emergencias y equipos de protección individual, así como mejoras de infraestructuras, donde las goteras o presencia de ratas son frecuentes o la construcción de nuevos parques de bomberos prometidos, que nunca se construyeron.
Mientras la presidenta Isabel Díaz Ayuso prioriza la privatización de recursos como la sanidad o la educación pública, desvía fondos que deberían destinarse a la seguridad de sus ciudadanos. Además en estos días, según publica el diario El País y critican los grupos políticos del PSOE y Más Madrid, se ha sabido que el pasado 14 de abril, el gobierno de la Comunidad adquirió un ático de lujo para su presidenta, la señora Ayuso, en la zona más cara de Chamberí, por un valor entre 4 y 6 millones de euros, que tiene una superficie de 485 metros cuadrados y una terraza de 200 metros, a través de la empresa Planifica Madrid, mientras se escatiman recursos imprescindibles para la población.
Igualmente hay que recordar declaraciones como las que hacía el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida el pasado año, en septiembre, totalmente insultantes, cuando afirmaba públicamente que “…si no hay en estos momentos 126 bomberos y 60 conductores especialistas en las calles de Madrid, es por la infame Ley Trans que el Congreso de los Diputados ha aprobado”.
Hay que preguntarse ¿qué tiene que ver la Ley Trans con la contratación de bomberos?, ¿acaso el actual gobierno es responsable de los gravísimos incendios, naturales o intencionados, que sufre España estos días o las estúpidas declaraciones de un responsable político, indigno de gobernar una ciudad como Madrid?.
La dramática situación que estos días sufren numerosas localidades de las provincias de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, están provocando la evacuación y el desalojo de más de 175.000 personas, frente a las 12.000 que se evacuaron de forma preventiva hace diez años, en 2016. Este catastrófico verano puede considerarse el peor de todo el siglo XXI y afirmarse que nunca ha soportado España un escenario semejante desde que existen registros.
Aunque se están investigando las causas que vienen provocando estos siniestros, cabe la posibilidad que se deban a negligencias humanas o accidentes fortuitos, e incluso la acción de pirómanos en algún caso.
La falta de recursos para su extinción, ha supuesto que se haya tenido que pedir ayuda a la Unión Europea, colaborando varios países como Italia, Grecia, Portugal o Turquía con hidroaviones, dada la escasez de estos medios aéreos, puesto que según informaba Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente, en una entrevista recientemente, el pasado 27 de julio de 2026, en el programa “Al Rojo Vivo” de la cadena La Sexta de televisión, se dispone de una flota aproximada de 56 aparatos, obsoleta y con cincuenta años de antigüedad, de los que solo 14 son en propiedad del Gobierno, siendo el resto concertados. De esta flota de 14 hidroaviones FOCA, de gran carga, con que cuenta España, solo diez están disponibles, para cubrir las necesidades de 17 Comunidades Autónomas, mientras los otros cuatro se encuentran en turno de revisión por averías, lo que demuestra la insuficiencia de recursos para una actuación rápida y urgente.
Como se ha podido comprobar, es evidente que los incendios este año están afectando a zonas mucho más pobladas, poniendo en riesgo la seguridad tanto de sus habitantes como granjas y animales al haber alcanzado las llamas enormes masas forestales próximas a poblaciones, urbanizaciones, núcleos rurales y viviendas, obligando a evacuar miles de ciudadanos.
Ante esta situación, provocada en gran medida por el cambio climático, entre otros elementos, se hace imprescindible reforzar la planificación de todas las ciudades y municipios con riesgos de grandes catástrofes como incendios o inundaciones, implantando planes preventivos que incluyan sistemas de alertas, itinerarios seguros de evacuación y puntos de estancia temporal para la población. Además tanto el Gobierno Central, como el de las Comunidades Autónomas, deben comenzar a legislar nuevas normas y dotar de recursos suficientes a la sociedad, tanto con mejoras tecnológicas, personal, material y presupuestos para evitar estas catástrofes.
Curiosamente la tecnología puede ser fundamental para la extinción de incendios y hace casi veinte años que César Sallén, un investigador aragonés de Binéfar, en la provincia de Huesca, inventó un líquido 100 % orgánico y biodegradable capaz de prevenir y sofocar de manera rápida incendios tanto forestales como industriales o domésticos.
El producto se llama “Ecofire” y es totalmente inocuo, que puede pulverizarse sobre personas, animales o plantas, apagando inmediatamente cualquier tipo de fuego de manera ecológica, siendo entre 30 y 100 veces más eficaz que el agua y extinguiendo el fuego de forma mucho más rápida, al formar una capa sólida aislante que se adhiere a la superficie del objeto o planta, actuando como un escudo y sofocando la combustión, sin evaporarse con las llamas.
Un litro de este producto puede diluirse equivaliendo su eficacia a decenas de litros de agua y al contacto con las llamas, absorbe el calor sin desaparecer rápido como el agua, creando una capa protectora que crece al notar altas temperaturas, bloqueando el paso del oxígeno hacia el material y evitando que el fuego vuelva a encenderse, sin afectar ni producir daño a personas o plantas, creando una barrera que puede permanecer activa durante meses, hasta que sea retirada al aplicar agua corriente sobre la superficie o la lluvia supere los 10 ó 12 litros por metro cuadrado.
El producto que es totalmente orgánico y biodegradable, sin sulfatos ni fosfatos o componentes nocivos para las personas, animales o cultivos, puede ser transportado en camiones cisternas, motobombas o hidroaviones, sin necesidad de ninguna modificación.
El Ecofire lo comercializa la compañía Simón Rack y sería la mejor y más rápida respuesta para cortafuegos, protección de viviendas, industrias, vehículos o bosques y podría perfilarse como la solución tecnológica ideal para proteger nuestro territorio de la manera más rápida y eficaz, por lo que tanto desde el Gobierno como las diferentes Autonomías podrían plantearse su utilización.

No hay comentarios:
Publicar un comentario