Las amenazas para un Gobierno Progresista

Pepe Aguza

Colectivo Prometeo

Independientemente del posicionamiento político e ideológico que cada uno pueda tener, hay que reconocer que España, la última década ha sufrido un incremento de gravísimos conflictos, que el actual gobierno progresista de PSOE-Sumar, tratan de superar, junto a sus socios políticos de otros partidos como Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Bloque Nacionalista Galego o Junts per Catalunya, este último de dudosa fidelidad por intereses claramente próximos a iniciativas de la derecha extrema del PP o la extrema derecha de VOX.

De entrada y para que nadie se llame a engaño, quien escribe esta columna siempre ha sido votante de izquierda, pero nunca militante del PSOE y he de reconocer el valor y el esfuerzo de su actual presidente Pedro Sánchez por luchar por el progreso y los servicios sociales públicos, frente a las amenazas de todo tipo, bulos de las redes y medios de comunicación, presiones judiciales de una parte importante de la Judicatura, a veces con dudosas justificaciones y las corrupciones de la derecha hambrienta de poder, que no dudan en aliarse con la extrema derecha fascista de VOX para hacerse con el Gobierno.

Tras la moción de censura contra el presidente del Gobierno de Mariano Rajoy, el 31 de mayo de 2018, a raíz de la sentencia del caso Gürtel por la financiación ilegal del PP, Pedro Sánchez lograría su aprobación para un cambio de Gobierno el día 1 de junio, con el apoyo de Unidas-Podemos y diversos partidos nacionalistas e independentistas periféricos, que llevarían a gobernar el país hasta la actualidad, con gran esfuerzo y no pocas complicaciones, debido a los diversos problemas, que parece se conjuraron desde aquel momento hasta nuestros días, desde las emergencias naturales como la erupción del volcán de La Palma, el día 19 de septiembre de 2019, que necesitaría una rápida y fuerte reconstrucción a través de ayudas estatales, o la aparición de la pandemia del coronavirus del COVID-19, que supondría el confinamiento de la población y un estado de alarma, con un fuerte impacto en el terreno laboral y la gestión pública, poniendo al límite el sistema sanitario, exigiendo una serie de restricciones en el empleo, el turismo y toda la vida pública.

Esta crisis sanitaria supuso grandes problemas de suministros tanto alimenticios como materiales en todo el mundo y en nuestro país una grave caída temporal del producto interior bruto (PIB), que obligaría a tomar drásticas medidas, criticada aún hoy por la derecha, que en muchos casos aprovechó para hacer negocios con productos especialmente sanitarios.

Por otra parte, las secuelas del proceso independentista catalán del 2017, llevó a tener que aceptar una polémica Ley de Amnistía para lograr la normalización de la situación política de la Comunidad y garantizar los apoyos parlamentarios en diferentes momentos. Además los acuerdos con otros socios nacionalistas, independentistas y abertzales, para mantener la estabilidad del Gobierno han sido motivo de debates sobre la unidad territorial, suponiendo duros enfrentamientos.

A todo esto, hay que añadir las consecuencias de la inflación y la subida de la energía, a raíz de la Guerra de Ucrania y los conflictos de Oriente Medio, que disparó los precios de los carburantes, la electricidad y la cesta de la compra de los ciudadanos, obligando a activar un escudo social y rebajas fiscales que protegieran a los españoles. Todo ello ha supuesto un incremento de la deuda pública del Estado y la presión sobre trabajadores y empresarios, que siempre ha sido criticado por la oposición, a pesar de las diferentes reformas laborales y sociales, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional y otras medidas que reducen los efectos adversos de la vida de los trabajadores o el Ingreso Mínimo Vital para combatir la pobreza extrema, aunque uno de los graves problemas que persisten es el relacionado con la falta de vivienda pública.

Tampoco han faltado grandes catástrofes naturales, como ocurriera en su día con el volcán de La Palma, en Comunidades gobernadas por la derecha, o más recientemente el caso de la DANA en Valencia, donde las negligencias de su presidente del PP, Carlos Mazón, que se encontraba de fiesta mientras la tragedia se cernía sobre la Comunidad y sus autoridades, que no dudaron en culpar al gobierno de Pedro Sánchez en sus consecuencias por la falta de apoyo, una catástrofe que supondría enormes pérdidas económicas de miles de millones de euros, al menos 238 víctimas mortales y más de 1641 heridos, algo totalmente falso como los medios, las familias y asociaciones de damnificados han denunciado, mientras algunos medios y periodistas de derechas como Jaume Vives, colaborador de Hazte Oír o asociaciones cristianas, a través de redes como X o Telegram, incitaban a la provocación con violentos altercados e intento de agresiones durante la visita a la zona del Presidente del Gobierno o los Reyes, mientras Mazón, su ex-presidente, que dimitió del cargo el 3 de noviembre de 2025, apelaba a la extrema derecha de VOX para consensuar un presidente interino, se va de rositas, sin renunciar al puesto de diputado en las Cortes Valencianas, asumiendo la responsabilidad de portavoz del Grupo Popular Valenciano en la Comisión de Reglamento de la Cámara y premiado con un incremento de un complemento mensual de 634 euros más en su salario, sin que haya podido ser imputado por negligencia. Todo ello, supondría otra nueva carga que tendría que resolver el Gobierno.

Pero estos no serían los únicos problemas que Pedro Sánchez y su gobierno han tenido que afrontar: casos de corrupción del entorno socialista son el caballo de batalla de la derecha del PP y VOX, de dudosas organizaciones extrañamente financiadas como Hazte Oír, Manos Limpias, Abogados Cristianos, Solidaridad y otros, son los principales artífices de las diferentes campañas de acoso al actual gobierno progresista, respaldados por un tropel de jueces claramente vinculados a la derecha tradicional española, que no dudan de utilizar todos los resquicios y artimañas a su alcance, relacionados o no con el caso. Tal es el caso del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, sentenciado por filtrar supuestamente correos de Alberto González Amador, novio de Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, algo que toda la prensa conocía previamente como testificaron y el Tribunal no quiso tener en cuenta.

Otro escándalo que está provocando una fuerte polarización de la sociedad, es el caso Koldo García, ex-asesor de Ministro de Transportes, José Luís Ábalos, vinculado a una trama de contratos por la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia del COVID-19, tras una denuncia del diputado de PP de Madrid, Alfonso Serrano.

Según pudo saberse, la trama suponía la participación de al menos diez personas a través de la empresa Soluciones de Gestión S.L, que ejecutaría mediante contratos con ADIF, el Ministerio de Interior, el Servicio Canario de Salud, el Servicio de Salud de las Islas Baleares, el Instituto Nacional de Salud y otros, que significaría un tráfico de influencias, blanqueo de dinero y cohecho, generando para Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, una ganancia económica de 5´5 millones de euros, y para el dueño del grupo de empresas Cueto, Juan Carlos Cueto, 9´6 millones de beneficios, así como grandes beneficios económicos y materiales para otros colaboradores e implicados, como es el caso de Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, Patricia Uriz, pareja de Koldo o Iñigo Rotaeche, empresario que se convertiría en apoderado de la empresa Soluciones de Gestión, entre otros implicados.

La causa investigada por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha llevado que mientras Aldama, sentenciado inicialmente con 4 años y seis meses, se le haya aplicado la atenuante como colaborador de la Justicia para evitar la cárcel, sin haber aportado pruebas en sus declaraciones, mientras tanto Koldo, como José Luís Ábalos, permanecen en prisión cumpliendo durísimas sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que van de los 19 años y ocho meses para el primero y 24 años y tres meses para el segundo.

José Luís Ábalos, sería Secretario de Organización del PSOE entre junio de 2017 y julio de 2021 y posteriormente como Ministro de Fomento del 2018 hasta el 2020 y tras el cambio de denominación como Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del 13 de enero de 2020 hasta el 12 de julio de 2021, siendo sustituido por Raquel Sánchez al frente del mismo.

El tercer miembro en la causa por corrupción por el caso mascarillas y nuevo motivo de presión para el gobierno de Pedro Sánchez, es Santos Cerdán, asesor del Presidente y también Secretario de Organización del PSOE desde el 13 de julio de 2021 hasta el 12 de junio de 2025, cargo del que tuvo que dimitir el 30 del mismo mes, tras la acusación de tráfico de influencias, organización criminal y cohecho por parte de la Fiscalía Anticorrupción, siendo enviado a prisión provisional durante cinco meses, hasta el 19 de noviembre de 2025, que el magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo le dejaría en libertad condicional.

Otro escándalo, sería el relacionado con Leire Díaz, conocida como “la fontanera del PSOE”, que ofrecía reuniones con la Abogacía y la Fiscalía a cambio de informaciones sobre la UCO y otros organismos.

A nivel personal de Pedro Sánchez, las presiones por parte de la derecha y el apoyo de una parte de la Judicatura, por los casos de corrupción y familiares, están produciendo un grave deterioro de la confianza de la ciudadanía en el sistema político, sin tener en cuenta los importantes logros del actual gobierno de coalición progresista del PSOE-Sumar.

El caso de David Sánchez, hermano del Presidente, recientemente condenado a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, en la Audiencia Provincial de Badajoz, sin pruebas sólidas de tráfico de influencias, por una denuncia del activo sindicato ultra Manos Limpias, por prevaricación en la contratación de Coordinador de Actividades de Conservatorios en 2017 por la Diputación de Badajoz, antes de que su hermano fuera Presidente del Gobierno en junio de 2018, supone uno de los principales motivos de presión de la derecha junto a la causa seguida contra Begoña Gómez, su esposa, por parte de la obcecación del inepto juez Peinado, que está llevando a situaciones ridículas e inverosímiles, tras la denuncia igualmente del sindicato de ultraderecha Manos Limpias, por un supuesto tráfico de influencias y corrupción de negocios. Las inexplicables actuaciones del juez, han llegado a suponer una querella por prevaricación por parte de la Abogacía del Estado que no prosperó contra el magistrado al ser rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, además de rechazar varios de sus intentos de acoso, sin que renuncie a su propósito de destruir lo que la señora Gómez significa para el Presidente del Gobierno y las consecuencias que en un futuro próximo puedan suponer, antes de su próxima jubilación.

Otro de los asuntos de acoso es el referido a José Luís Rodríguez Zapatero, investigado por el juez José Luís Calama, de la Audiencia Nacional, por el supuesto delito de tráfico de influencias para el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Como decía al principio, los problemas que desde el principio han acosado al actual gobierno, han sido continuos, acumulándose en ocasiones varios a la vez. Entre los últimos podemos resaltar los tremendos incendios que asolan este verano, desde julio hasta nuestros días toda la geografía hispana, por causas naturales, accidentales e incluso alguno provocado intencionadamente, además de la última amenaza provocada por la crisis migratoria en Ceuta, por la avalancha de más de 72.000 inmigrantes entre los días 30 y 31 de julio, desde las playas de Marruecos, lo que supondría duplicar la población de la ciudad ceutí y la muerte de más de 160 fallecidos entre aguas españolas y marroquíes, mientras tanto el Presidente del Gobierno y algunos ministros hayan tenido gestos de moderación en sus declaraciones respecto al rey Mohamed VI y al gobierno alauita, al manifestar que no habían detectado los movimientos, algo totalmente falso, dado que las imágenes confirmaban la colaboración y connivencia de la policía y autoridades marroquíes en la travesía. Únicamente la ministra Margarita Robles no ha dudado en acusar al gobierno alauita de instigador.

Este conflicto ha sido prodigioso para enmascarar la precipitada puesta a la venta del ático de lujo, comprado el 14 de abril, en Chamberí para la Presidenta de la Comunidad de Madrid por más de 6 millones de euros, y que tras las presiones políticas y ciudadanas ha vuelto a salir al mercado por la empresa Planifica Madrid, que no ha dudado en hacer desaparecer o destruir su agenda de clientes y personajes relacionados con el entorno de la Presidenta Ayuso.

Para terminar, decir que el actual gobierno y su Presidente a la cabeza, han tenido el valor y la coherencia de enfrentarse a medidas impositivas de algunos gobiernos de la Unión Europea u oponerse en repetidas ocasiones a la prepotencia, presiones y amenazas imperialistas del propio Trump, aunque a lo largo de estos años ha tenido que encarar graves situaciones que aún hoy siguen sin resolverse como son el problema de la vivienda que afecta a todos los sectores, especialmente a los jóvenes o la falta de apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, siendo capaz de aprobar leyes tanto en materia económica, como compromisos medioambientales y un importante aumento del empleo y la afiliación a la Seguridad Social, la revalorización de las pensiones, la aprobación de la Ley de la Eutanasia para aquellas personas con enfermedad terminal y grandes sufrimientos, que puedan acogerse a una muerte digna, así como la aprobación de permisos parentales igualitarios para ambos padres, equiparando nuestro país con otros del entorno europeo como Suecia, Islandia o Dinamarca o el aumento de becas y ayudas de estudio para miles de jóvenes.

Estas medidas solo han podido ser aprobadas gracias al esfuerzo y el trabajo honesto de un gobierno progresista con el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios de izquierdas, mientras que si dependiéramos de la derecha fascista del PP y VOX, todo serían recortes y privatizaciones, por ello la sociedad española debería evitar esa polarización y al igual que millones de personas gritaban unidas durante la Copa Mundial de Fútbol defendiendo su selección, deberían apoyar y votar siempre gobiernos progresistas de izquierdas, sin dejarse engañar por redes y medios y pensar con inteligencia su decisión.