Pepe Aguza
Colectivo Prometeo
Para la derecha y ultraderecha española, cualquier incidente o catástrofe que afecte al territorio nacional es el mejor motivo para atacar al actual gobierno progresista.
Si bien es cierto que tanto el gobierno socialista de Pedro Sánchez y sus colaboradores, Unidas Podemos inicialmente y Sumar más tarde, han venido sufriendo toda clase de adversidades desde la llegada al poder, hay que decir que con grandes dificultades, en la mayoría de las ocasiones debido a la presión antidemocrática de la oposición, han sido capaces de superarlas para beneficio del país, aunque en alguna ocasión hayan podido cometer también errores. Recordemos, como se ha dicho en otras ocasiones, que el Gobierno a lo largo de sus legislaturas, ha tenido que hacer frente a graves crisis y siempre con total responsabilidad, siendo capaz de responder con enorme grado de seguridad y coherencia, como sería el caso en emergencias naturales, con la erupción del volcán de La Palma en 2019, o más recientemente este verano con los incendios forestales que arrasaron bosques y poblaciones que tuvieron que ser desalojadas, con importantes ayudas estatales para su reconstrucción.
De la misma forma tuvo que hacer frente, al poco de iniciar su legislatura, a la mortífera pandemia del COVID-19, que supondría un gran reto para la sanidad pública y las restricciones laborales y económicas, que obligarían a tomar medidas drásticas, que igualmente serían aprovechadas por la derecha para criticarles o hacer negocios, algo que ella también hizo como se ha podido comprobar en distintas Comunidades autónomas, especialmente por la compra de material sanitario de mascarillas, guantes y otros materiales por valor de 1’5 millones de euros en la Comunidad de Madrid, en el que estaría involucrado Tomás Díaz Ayuso, hermano de la Presidenta, igual que sucedería con el hijo de Nati Abascal y del duque de Feria, Luís Medina y el comisionista Alberto Luceño del Ayuntamiento de Madrid que supondría un costo de aproximadamente 11 millones de euros, o el caso del Presidente y Vicepresidente de Almería, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, así como el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, en la misma provincia, todos ellos del PP.
Parecidas negligencias y corruptelas ocurrirían en el caso de la DANA de Valencia y su corrupto Presidente Carlos Mazón, que sumiría a la Comunidad en una auténtica catástrofe mientras él disfrutaba en “jolgorios gastro-eróticos” y suponiendo pérdidas millonarias y humanas para la zona.
En diversas ocasiones, el Gobierno ha tenido que recurrir a otras actuaciones como activar un escudo social y rebajas fiscales que protegieran a la sociedad, como tuvo que hacer a causa de la inflación por la subida de precios de los alimentos, de la energía y los carburantes por la Guerra de Ucrania o los conflictos de Oriente Medio, generados por Israel y Estados Unidos.
No obstante, también ha tenido que soportar la presión judicial, en la mayoría de los casos de una parte de la judicatura claramente vinculada a la derecha más reaccionaria, en unas precipitadas actuaciones sobre el ex-Presidente Rodríguez Zapatero y su entorno familiar o la del propio Pedro Sánchez, su hermano y esposa y otros cargos próximos a su gobierno como Santos Cerdán, José Luís Ábalos, Koldo Izaguirre o la intermediaria Leire Díaz, conocida como la “fontanera del PSOE”, mientras en el caso de la derecha y cargos del PP, una extrema lentitud judicial acumulaban años de espera para causas relacionadas con personajes como los ex-Presidentes José María Aznar, Mariano Rajoy o ministros y cargos públicos como Eduardo Zaplana, Cristóbal Montoro, Esperanza Aguirre, la fallecida Rita Barberá y otros cargos comunitarios, que han supuesto la escalofriante cifra de más de 18.703 millones de euros malversados a las arcas públicas en los 404 casos de corrupción documentados del PP y del PSOE de España, que recoge la Base de Datos del Ministerio de Asuntos Internos y Externos de Enriquecimiento Personal, entre los que aparecen 143 del PSOE frente a los 261 del PP, en causas como el Caso Gûrtel, la Púnica, el caso Kitchen, el Noös, el Palma Arena, el caso Bárcenas, el caso Fabra, el caso Rato, el caso Auditorio, el Brugal, el Emarsa, el caso Azud, el caso Montoro, el Taula y tantas otras causas pendientes durante años, que sentarán en el banquillo a cargos y personalidades del PP, por treinta causas y ocho sentencias pendientes, lo que supone la acumulación de una extrema e intencionada lentitud judicial, si el tiempo no las hace prescribir, algo que no ha ocurrido con las causas relacionadas con el PSOE.
Sin embargo, el último y más grave conflicto para el gobierno socialista, que puede suponer consecuencias impredecibles en un futuro próximo, especialmente al aproximarse nuevos períodos electorales, es la ilegal entrada masiva de cerca de 80.000 inmigrantes procedentes de Marruecos, por el espigón de la costa ceutí y la zona fronteriza de El Tarajal, con la total pasividad y permisividad de los gendarmes y agentes fronterizos marroquíes, cuando no con su propia colaboración, como se podía comprobar por las imágenes de la televisión, algo que los ministros de Pedro Sánchez, se niegan a reconocer y culpabilizar al gobierno marroquí, con el que pretenden evitar la confrontación, asegurando las excelentes relaciones diplomáticas que mantienen, salvo la actual Ministra de Defensa, Margarita Robles del PSOE, Ernest Urtasun, Ministro de Cultura y portavoz de Sumar, la Ministra de Sanidad, Mónica García de Más Madrid, o la de Infancia y Juventud, Sira Rego, miembro del Partido Comunista e Izquierda Unida, ambas igualmente del movimiento Sumar, que en todo momento siguen afirmando que el gobierno aluita es el único responsable de dicha avalancha, fomentada por redes sociales y bulos que afirmaban que la frontera estaba abierta.
Es incompresible que tanto Pedro Sánchez como la mayoría de los ministros del PSOE, especialmente el de Interior, Grande-Marlaska, el de Exteriores, José Manuel Albares o el de Presidencia Félix Bolaños quieran excusar a Marruecos de esta masiva entrada, negando que haya información que apunten a aquel país como impulsor de la misma, alabando su colaboración y diálogo permanente para el retorno de un gran número de ellos al día siguiente de su llegada, lo que únicamente aparenta su flaqueza y debilidad ante el gobierno alauita, que tanto apoya Estados Unidos política y económicamente, para tratar de contrarrestar la influencia de China en el continente africano, aumentando su presencia en Marruecos, colaborando en la ayuda a la construcción de la mayor autopista del país, que será llamada “Presidente Donald J. Trump”, en agradecimiento al presidente norteamericano, que atravesará casi todo el Sahara Occidental o las inversiones en infraestructuras y construcción de enormes estadios de fútbol, con vista a la participación en los próximos Campeonatos del Mundo, lo que rechazan varios partidos políticos de España como Sumar, Podemos o Esquerra Republicana de Cataluña y el partido ecologista Livre de Portugal, mientras la juventud marroquí se manifestaba a finales de septiembre de 2025 en grandes movilizaciones por los deficientes servicios públicos, servicios sanitarios, educativos, el empleo o la corrupción.
Sin embargo también hay que decir que el gran interés económico de Estados Unidos en Marruecos, reside en la industria del fosfato, al considerar al país africano como uno de los mayores productores y exportadores del mundo.
Aunque no pueda afirmarse que Marruecos planificara la gran crisis migratoria, sí está clara la presión de la ultraderecha, los bulos y la desinformación generalizada de los medios de comunicación, tanto marroquíes como la instigación de Israel y Estados Unidos, que no perdonan la negativa española a la subida de la aportación a la OTAN o el uso de las bases militares americanas de Rota y Morón en la Guerra de Irán, a lo que se suman las permanentes reivindicaciones del Ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, que permanentemente no pierde oportunidad de reclamar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para Marruecos.
Son inadmisibles y un craso error las insinuaciones de Pedro Sánchez de culpar a redes sociales de Rusia como implicada en la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, algo que la propia Presidencia rusa ha rechazado y habría que preguntarse qué interés podría tener aquel país en esa supuesta información, salvo una réplica a la ayuda española a Ucrania.
Para tratar de comprender este conflicto actual, hay que decir que desde hace décadas, Marruecos no ha cesado de acosar a los territorios españoles, con la intención de apoderarse de ellos, como ocurriera en la conocida Marcha Verde, con la invasión y ocupación del Sahara occidental en noviembre de 1975, cuando Hassam II movilizara a más de 350.000 personas y decenas de miles de tropas marroquíes y mauritanas, con la colaboración del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el apoyo logístico de la CIA, sin que los más de 20.000 efectivos de las tropas españolas (Legión, Infantería de Marina, Artillería, Tropas Nómadas, Fuerza Aérea y Policía Territorial) opusiera la menor resistencia, a pesar de su superioridad técnica frente a la marroquí, acatando las órdenes del Gobierno español de evitar el enfrentamiento militar y procediendo a una retirada escalonada de las tropas y población española y el abandono del territorio, mientras Franco agonizaba y el príncipe Juan Carlos asumía su responsabilidad al frente del Estado, convirtiendo la situación en un acto de sumisión al gobierno marroquí.
En todos estos conflictos también hay que tener en cuenta el papel que juega Estados Unidos y su relación con Marruecos que es muy especial y hay que remontarse a siglos atrás, cuando el sultán Mohamed III reconoció por primera vez y apoyó la independencia de Estados Unidos en diciembre de 1777, abriendo los puertos marroquíes a los barcos americanos para que navegaran y comerciaran libremente por el Atlántico y el Mediterráneo, mediante la firma del Acuerdo de Paz y Amistad firmado por ambos países en junio de 1786, que sería renegociado cincuenta años más tarde, en 1836, lo que supondría abrir nuevas oportunidades comerciales y reforzar la legitimidad internacional de la futura potencia.
A lo largo del tiempo, la situación de Marruecos a la entrada del Mediterráneo, ha supuesto un punto estratégico para Estados Unidos como vía de canalización para sus negocios comerciales estratégicos y militares, entre Europa y África, contando con instalaciones aéreas, con acceso a cooperación militar y armamento, al ser considerado como un aliado extra-OTAN y al que aporta ingentes cantidades de dólares, además de proveerle de más del 60 % de su sistema armamentístico y de acoger el African Lion, el mayor ejercicio anual del Comando de Estados Unidos para África.
En 2020, Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sahara occidental, lo que sigue suponiendo un conflicto internacional y en proceso de descolonización pendiente en la ONU y que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que este territorio no pertenece a Marruecos, lo que supone un nuevo retroceso para España, que siempre había defendido la autodeterminación del Sahara Occidental al cambiar de postura el gobierno de Pedro Sánchez y apoyar el plan de autonomía marroquí en marzo de 2022, que provocaría una crisis diplomática con Argelia, con importantes costes políticos y económicos, al ser aquel unos de los principales países exportadores de hidrocarburos, gas y petróleo fundamentalmente, para España.
Históricamente Marruecos ha venido ejerciendo una presión constante a los gobiernos del Estado español, para conseguir ventajas geopolíticas, comerciales, económicas y territoriales: delimitación unilateral de aguas territoriales en el Atlántico, que afectan a Canarias o los acuerdos pesqueros con la Unión Europea; la invasión de la Isla de Perejil por un grupo de gendarmes marroquíes, en julio de 2002, que provocaría una crisis diplomática, siendo finalmente desalojados por las fuerzas españolas; las presiones migratorias sobre las vallas y acceso por la frontera de Melilla o las ilegales entradas masivas a Ceuta, como la ocurrida en mayo de 2021, en respuesta marroquí tras la acogida humanitaria en un hospital español por una grave enfermedad del Secretario del Frente Polisario y Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, lo que supondría una masiva entrada de más de 10.000 personas.
La última crisis, como hemos visto, ha sido la generada por la masiva afluencia de inmigrantes nadando o andando, que supuso el acceso de aproximadamente 80.000 personas, casi la población actual de la ciudad, y que a pesar del regreso a Marruecos de una gran parte en los días siguientes, aún quedan más de diez mil mendigando por las calles de la ciudad, entre los acogidos en campamentos y refugios y los dispersos por la playa, datos difícilmente comprobables, dadas las dudosas cifras que el Gobierno pretende hacernos creer continuamente.
Después de 46 días desde el inicio del conflicto, aún se sigue prolongando la solución, a la que dicho sea de paso, la Unión Europea poco ha colaborado hasta ahora, haciendo la vista gorda desde el principio hasta su última sesión del Parlamento Europeo del pasado martes en Estrasburgo, en que se pusieron de manifiesto las discrepancias de las distintas fuerzas políticas, apuntando por la devolución de los que entraron de forma ilegal, destacando que España constituye la más firme frontera del espacio Schengen por el sur y recuerda que Marruecos, que no forma parte de la Unión Europea, recibió 234 millones de Euros entre 2015 y 2021, del Fondo Fiduciario de Emergencia para la contención migratoria, mientras España aportó en los últimos años más de 230 millones para el refuerzo y contención de fronteras.
Las diversas concesiones de España a Marruecos a lo largo del tiempo, solo demuestran una debilidad mantenida frente al gobierno alauita y en este último caso de Ceuta, puede tener gravísimas consecuencias, si el actual Gobierno de Pedro Sánchez, no da un giro radical resolviendo la situación antes de final de año, lo que de otra forma podría costarle las Elecciones.
De cara al futuro, España no puede seguir manteniendo su vulnerabilidad y permitir los errores del pasado y defender su soberanía frente a actuaciones de agentes externos (Estados Unidos, Israel, Marruecos o quien surja).
Una gran parte de los españoles, consideran que nuestro país debe reforzar sus fronteras y ser más rígido en el cumplimiento de los acuerdos con Marruecos, disuadiéndole de cara al futuro de la permisividad de libre acceso a los pasos fronterizos, mediante una mayor vigilancia y actuación de sus gendarmes y agentes de la autoridad.
En el caso de Melilla y Ceuta, hay que recordar que además de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuentan con un importante número de efectivos perteneciente al Ministerio de Defensa con tareas de seguridad, patrulla y apoyo a las Fuerzas y Seguridad del Estado, que bien podrían colaborar en la vigilancia y control de fronteras.
En el caso de Ceuta, decir que cuenta con aproximadamente 3.150 militares, distribuidos en diversos acuartelamientos, que albergan las diferentes unidades de la Comandancia General, entre los que están el Grupo de Regulares, el Tercio “Duque de Alba” de la Legión, el Regimiento Mixto de Artillería, el de Ingenieros, el de Caballería, la Unidad Logística número 23 o el Batallón del Cuartel General, lo que suponen un número importante de militares para ayudar y vigilar tanto los pasos fronterizos, como las costas de la ciudad, como una medida de custodia e intimidación, lo que no significa intervención militar.
Ya es hora de que tanto el actual Gobierno, como los que puedan surgir en el futuro, tomen cartas en el asunto y dejen clara su posición de firmeza en cuestiones del control de fronteras, reforzando sus accesos tanto terrestres como marítimos para evitar ilegales flujos migratorios, así como mayor rigidez diplomática en asuntos de comercio, cooperación, acuerdos jurídicos, políticos o antiterroristas, etc. igual que debe exigirse al apoyo de la Unión Europea a España, frente a las presiones de Marruecos.
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