José Manuel Jurado
Colectivo Prometeo
Exdiputado de Por Andalucía y miembro del Consejo político de Ideas en Guerra
Sabela Vázquez
Educadora social
Cuando parecía que el inicio del curso político continuaría marcado por el odio y la deshumanización hacia las personas migrantes, cosechados con ahínco a lo largo del verano, una sacudida de realidad gira por completo un marco de discusión política en el que cualquier propuesta basada en la defensa de los Derechos Humanos aquejaba de una falta de oxígeno cada vez más preocupante.
El 23 de septiembre, el debate público deja de señalar con el dedo acusador hacia abajo para, por primera vez en mucho tiempo, volver mayoritariamente la mirada hacia arriba. Una nueva conversación atravesada por las condiciones materiales de las clases populares inunda repentinamente todo el territorio y transforma el estado de ánimo.
El desahucio de Maricarmen ha producido una serie de consecuencias políticas de sobra conocidas: movilizaciones populares, un campamento en la Puerta del Sol que remite inevitablemente al 15M y toda una serie de acampadas y acciones diversas a lo largo y ancho del país.
Como consecuencia, el Gobierno planteó dos decretos de mínimos negociados con el Sindicato de Inquilinas que una mayoría rentista en el Congreso terminó por tumbar.
Sobre las consecuencias institucionales se ha escrito mucho y se seguirá escribiendo. No es el tema que nos lleva a componer este texto, si no el proceso por el cual se ha gestado esta movilización con una fuerza política inesperada y el papel que están jugando las diferentes organizaciones, especialmente el Sindicato de Inquilinas, en la construcción de un poder popular que funciona con agencia propia. Lo que ha pasado estas semanas ha tenido mucho de freno de emergencia y viraje hacia lugares comunes aún por explorar, quedando por ver si podemos comenzar a hablar de un momento de impugnación.
Maricarmen fue militante del Sindicato de Inquilinas de Madrid, rompió desde el primer momento con el rol de “la buena víctima” en el que los medios de masas hubiesen querido encasillarla.
Ya en febrero, tras la caída del decreto antidesahucios, queda desprotegida con un intento de desalojo el 3 de junio. Gracias a la valentía que confiere la organización popular ante un conflicto concreto, lejos del papel de ancianita vulnerable, ella pone el cuerpo con plena conciencia y hasta las últimas consecuencias para convertirse en símbolo y portavoz de una lucha construida colectivamente desde el anclaje en la acción cotidiana sostenida en el tiempo. “Luchad por vuestras casas, porque tenemos derecho a ellas”, la frase pronunciada por la afectada del caso en la vigilia de su desahucio, puede parecer una vaguedad a ojos de quien no es capaz de ver más allá del discurso y la batalla de ideas en lo teórico.
A nuestro juicio, en realidad encierra las claves más importantes del ciclo de movilización que se abre. Pero ¿qué significa luchar por nuestras casas?
Aunque el estallido social se produce la noche previa al desahucio, estos hechos no son solo consecuencia de la mediatización de un caso concreto, sino la cristalización de un trabajo de análisis, organizativo y comunicativo impecable por parte del S.I que se prolonga a lo largo de la última década, consiguiendo politizar un dolor personal para convertirlo en colectivo y ofreciendo de este modo herramientas de contestación mucho más potentes que funcionan, ya hoy, como agregador de diferentes luchas sociales. Por ello, debemos reconocer que el sindicalismo de vivienda ha hecho mucho más que acompañar a las afectadas y nos ha dado una valiosa lección sobre táctica y estrategia a toda la izquierda militante.
Ante la ausencia de un marco legal que proteja de manera efectiva el derecho a una vivienda digna y si bien nada podrá reparar la violencia sufrida, la acción sindical consiguió devolver su casa a Maricarmen frente a la avaricia de un fondo buitre. Del mismo modo, ha conseguido resistir y frenar otros desahucios en todo el país, aún con sentencias judiciales encima de la mesa que dan luz verde a los lanzamientos, y ha actuado como entramado comunitario que permite contener y sostener las consecuencias sociales y personales del drama de la vivienda.
Por otro lado, es esta misma acción sindical la que logra dictar al Consejo de Ministros lo que debe escribir en el BOE, a pesar de que, finalmente, los decretos troceados caigan días después en el Congreso. La que consigue mover al Gobierno y a una parte importante, aunque no mayoritaria, de la representación parlamentaria hacia posiciones que, hace tan solo unos meses, eran inasumibles. La que ha logrado cambiar por completo la agenda mediática y el marco discursivo, quedando totalmente desactivados, al menos de momento, los artefactos del fascismo.
Por todo ello, desdeñar estas victorias desde actores que, seamos sinceros, no han tenido mayor relevancia en su planteamiento resulta, como mínimo, infantil e irresponsable; pues como bien han demostrado los acontecimientos recientes, las victorias, aún parciales y contradictorias, fortalecen las luchas y la organización, pudiendo incluso conducir a la radicalización de los conflictos sociales en lugar de a su desactivación.
Quienes aspiramos en serio a transformar la realidad debemos ser capaces de articular con inteligencia táctica reforma e impugnación. No nos oponemos a conseguir mejoras inmediatas y concretas para nuestra clase, sino que trabajamos activamente por ello, conscientes de que es lo que nos permitirá fortalecer y avanzar las posiciones necesarias para impulsar cambios estructurales.
Al contrario, perderse en demandas de máximos sin una estrategia clara que permita alterar la correlación de fuerzas, es una posición sin conducción política real ni posibilidad de construir hegemonía más allá de lo retórico.
La radicalidad de un actor político no viene marcada por los discursos o la estética, sino por su capacidad efectiva de generar conflicto y transformar la realidad desde la base de sus estructuras. Por aterrizar en lo concreto: está muy bien exigir la expropiación sin compensación de los fondos buitre, medida con la que estamos plenamente de acuerdo, pero para trascender la política-ficción y que este elemento discursivo adquiera alguna dimensión real es necesario generar una correlación de fuerzas favorable que haga posible, al menos, dar la batalla. ¿Qué trabajo concreto para alcanzar este objetivo están llevando a cabo las organizaciones que hoy se resisten a reivindicar para nuestra gente las victorias del Sindicato?
En cuanto a las organizaciones con representación institucional, asistimos con asombro al despliegue de la misma posición, por parte de quienes, hace apenas un lustro cuando formaban parte del Gobierno, nos vendían una Ley de Vivienda muy limitada como la antesala del cambio en el régimen de propiedad de la vivienda. Durante la última semana, estos dispositivos electorales amenazaban con votar en contra de los decretos y desechaban, paradójicamente, el jaque al Gobierno sostenido en las calles. Como cabía esperar, finalmente no han tenido más remedio que votar a favor como el Sindicato reclamaba, quedando en una posición estratégica, como mínimo, confusa.
Nos parece necesario señalar esto porque queremos poner en valor el difícil trabajo que el Sindicato de Inquilinas ha llevado a cabo. La mayor parte de los actores políticos institucionales o no, sitúan la comunicación en el centro de su estrategia política, la política como mensaje o estética. Lo que hemos visto estos días es la plasmación de que la comunicación es sólo una parte de la estrategia necesaria para modificar los marcos y con ellos avanzar posiciones.
Consideramos relevante para el conjunto del movimiento popular estatal poner el foco en estos hechos, a fin de extraer lecciones que nos permitan afrontar las tareas presentes en este nuevo ciclo que parece abrirse. Si bien lo discursivo, lo comunicativo, resultan frentes imprescindibles en el trabajo político, ha sido la construcción cotidiana de una institucionalidad popular arraigada en los territorios, desarrollada por cientos de militantes anónimos, lo que ha permitido virar el marco, marcar la agenda política y generar avances en los frentes mencionados. Prueba de ello es, por ejemplo, los cambios evidentes en la configuración del sentido común que estamos presenciando, al asumir una base social cada vez más amplia el rentismo y la especulación inmobiliaria como actividades inmorales que no deben tener cabida en nuestras comunidades y a las que el marco legislativo debe poner coto.
“Hoy estamos demostrando cómo el poder popular, cómo esta fuerza sindical nos lleva cada vez más lejos (...) estamos echando un pulso al Gobierno, poniendo encima de la mesa medidas que no estaban contempladas”. Esto decía Alicia del Río el día en que se anunciaba que Maricarmen volvería a su casa y el Gobierno aprobaba los dos decretos. Esta construcción de poder popular viene de lejos, es un trabajo que se hace despacio, con apoyo mutuo, dinamización popular, trabajo en los barrios y desde lo concreto. Todo el recorrido previo que culmina en las acampadas es un trabajo con mucha potencia que está fuera de los focos, que a veces es frustrante, que implica trabajar con las contradicciones de las personas que se ven afectadas por una situación de vulnerabilidad. En definitiva, el Sindicato de Inquilinas ha sido capaz de preparar las condiciones necesarias para que tuviera lugar la acampada del día 29 de septiembre tras la movilización previa y que ésta pareciese espontánea.
Una vez conseguido el proceso de acumulación de fuerzas que las situó en el centro de la protesta, han sido capaces de trabajar con audacia, han ido definiendo el objetivo concreto: la aprobación del decreto. A quién se debía señalar en cada momento: primero Urbagestión, después al Gobierno, después al Parlamento y por último a las derechas que planteaban votar en contra. No existía ni un enemigo, ni un objetivo abstracto. En una inteligente lectura del poder como un monstruo de varias cabezas, un entramado complejo y no un bloque monolítico susceptible de “tomarse” sin más cual objeto inanimado, el Sindicato ha sabido qué teclas tocar en cada momento para avanzar posiciones.
También nos parece interesante destacar que el Sindicato de Inquilinas no tiene una sola persona a la que atacar, no es un movimiento personal, sino que han sabido crear una portavocía coral de gente muy formada políticamente y con mensajes muy concretos. De hecho, algo que pasa desapercibido es que pocas de sus portavoces tienen redes sociales personales. De esta forma consiguen señalar que lo importante es el colectivo, no son Alicia, ni Valeria, son una portavoz más del Sindicato, son parte de un cuerpo colectivo que habla a través de su voz, no al revés.
Por último, y culminado el camino institucional, el Sindicato de Inquilinas pretende aprovechar toda esa energía social y política para hacer algo que ningún otro sindicato ha sido capaz durante los últimos años de descontento social: una huelga general. Si bien en el 15M se aprovechó la fuerza política para mover el tablero de la representación institucional hacia la izquierda, el Sindicato plantea una demostración de fuerza de ese poder popular articulado, con un objetivo claro: la especulación debe terminar y que gobierne quien gobierne el derecho a la vivienda digna debe estar garantizado.
Tenemos por delante un mes para arrimar el hombro, cada cual desde donde le corresponda, en la organización de una huelga general que puede ser histórica. Para ello, es imprescindible entender que en esta convocatoria el protagonismo no ha de ser de ninguna de nuestras organizaciones, sino de la gente trabajadora. Solo con la incorporación de las clases populares al proceso político conseguiremos conferir potencial transformador a esta huelga y a las acciones colectivas que están por venir. Las organizaciones son útiles cuando están dispuestas a ser desbordadas. Que Maricarmen, su memoria y la de tantas Maricarmenes que sufren desahucios cada día en nuestro país no caigan en el olvido.
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