Rafa del Castillo
Colectivo Prometeo
Dos tragedias ferroviarias en menos de un año. El dolor exige respeto; las víctimas, verdad y justicia. Y la responsabilidad política no puede terminar señalando a unos trabajadores ni sacrificando a un ministro para que todo siga igual.
Llevo días sin escribir nada sobre la tragedia ferroviaria de Urda. No porque no tenga nada que decir, sino porque tengo la mente nublada.
Hay acontecimientos ante los que cuesta encontrar las palabras. Lo primero es expresar todo mi cariño y solidaridad con las víctimas, sus familias, amistades y seres queridos.
No alcanzo a imaginar tanto dolor. Y después del dolor, también tengo rabia.
No puedo aceptar que un país como el nuestro, con recursos suficientes para garantizar la seguridad de sus infraestructuras, haya sufrido dos tragedias ferroviarias de semejante magnitud en menos de un año. Adamuz y ahora Urda. Algo estamos haciendo profundamente mal. Y algo tiene que cambiar.
Los seres humanos cometemos errores. Precisamente por eso existen los sistemas automáticos de seguridad, los protocolos, la supervisión y las inversiones necesarias para impedir que un error humano termine convirtiéndose en una catástrofe.
Todavía es pronto para concluir que conocemos todas las causas de lo ocurrido. Debemos esperar a una investigación rigurosa, independiente y transparente. Pero la filtración de unos audios que han acabado señalando públicamente a trabajadores concretos, antes de conocer toda la cadena de fallos, me parece miserable y mezquino.
No podemos permitir que se conviertan en el chivo expiatorio de un sistema cuyas responsabilidades deben investigarse de arriba abajo. Y quiero decir algo que quizá no guste a algunos de mis compañeros y compañeras de izquierda: Óscar Puente debe asumir su responsabilidad política. Después de Adamuz, la seguridad ferroviaria tenía que haberse convertido en una prioridad absoluta. Considero que su gestión no ha estado a la altura.
Creo que debería dimitir o anunciar que lo hará una vez concluida la gestión inmediata de esta emergencia.
Pero sería profundamente injusto que todo terminara con la dimisión de un ministro. También hay que cuestionar un modelo ferroviario en el que la liberalización empresarial, la competencia y los intereses económicos han ido ganando terreno frente a la planificación pública.
Un modelo cuya capacidad, mantenimiento, recursos humanos y condiciones laborales deben examinarse a fondo, escuchando especialmente a los trabajadores que llevan tiempo alertando de los riesgos.
Esta es también una responsabilidad política acumulada de gobiernos del PSOE y del PP. Lo público no puede estar subordinado a los intereses del capital. Y mucho menos cuando hablamos de vidas humanas.
No quiero culpables elegidos precipitadamente. Quiero conocer toda la verdad, exigir todas las responsabilidades y garantizar que se adopten las medidas necesarias para que algo así no vuelva a suceder.
Porque la seguridad no puede depender de la suerte. Porque ninguna cuenta de resultados vale una sola vida. Y porque las víctimas y sus familias merecen mucho más que condolencias, enfrentamientos partidistas y promesas que se olvidan cuando dejan de ocupar los titulares. Merecen verdad, justicia y responsabilidades.
Descansen en paz.

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