Anomalías del Sistema Judicial

 

Jens Galschiot: La supervivencia de los más gordos

 

Remedios Copa

Colectivo Prometeo

    El PP tiene el monopolio en el Tribunal Supremo, (T. S.), tras 25 años de bloqueos para controlar la Justicia, de tal modo que la Sala de lo Penal del T. S., que dirime sobre los casos de corrupción, pasó de tener 7 jueces progresistas y 3 conservadores en 1995, a 11 conservadores y 2 progresistas en 2020.
   Este cambio de tendencia en la composición del T. S. se logró mediante 3 bloqueos del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ), permitiendo así que la derecha decidiera sobre la mayoría de los nombramientos de jueces para el T. S., cuyo nombramiento es decisión del CGPJ.
    El CGPJ es un órgano que ha de renovarse cada 5 años y sus vocales son elegidos por los partidos políticos; de ahí el interés de políticos corruptos en bloquear la renovación cuando no pueden conseguir que se nombre a una mayoría de sus afines, porque es el CGPJ quién hace todos los nombramientos y decide los ascensos. Quienes tienen problemas de corrupción tienen especial interés en controlar la composición de la Sala Segunda del T. S., esa tan temida Sala de lo Penal. Los nombramientos de jueces del T. S. son vitalicios y una vez nombrados son irrevocables, pudiendo permanecer hasta la edad máxima de jubilación, (72 años), salvo otra decisión por voluntad propia.

Si algunos partidos tienen tanto interés en controlar la Sala de lo Penal es porque son los jueces que juzgan a los aforados y son los únicos que pueden abrir investigación penal contra un diputado, un senador, un ministro, o incluso imputar al Gobierno. También se ocupa de dirimir en los casos de sentencias penales relevantes y son quienes tendrán la última palabra en los casos de corrupción como la Gürtel, la Púnica, los ERE de Andalucía o la Kitchen.

En los últimos 25 años la derecha se garantizó el monopolio conservador en la Sala de lo Penal y, a día de hoy, desoyendo al Gobierno. El pleno del CGPJ designó por mayoría a tres nuevos Presidentes, para las Salas Tercera, Cuarta y Quinta, y tres nuevos magistrados para la Sala Segunda de lo Penal.

Estos nombramientos realizados por el CGPJ que preside Carlos Lesmes se llevaron a cabo en contra del Ejecutivo que había pedido la paralización de nuevos nombramientos en tanto no se renueve el CGPJ, en funciones desde 2018.

Es de destacar el nombramiento del nuevo magistrado, Ángel Hurtado, para la Sala de lo Penal, se trata del juez del caso Gürtel que se manifestó contrario a condenar al PP como partícipe a título lucrativo, cuestión que sus compañeros mantuvieron y llevaron a cabo en la sentencia.

Con estos nombramientos, el órgano en funciones que Preside Carlos Lesmes culmina la renovación de buena parte de la cúpula judicial que, con el mandato caducado, adjudicó en los últimos meses más de medio centenar de cargos discrecionales entre los que están Presidentes de Audiencias Nacionales, de Tribunales Superiores de Justicia, cinco del Tribunal Supremo, del que 13 plazas son vitalicias y cuyas adjudicaciones no habrían correspondido al pleno actual sino al renovado. El resultado es absolutamente favorable para el bloque conservador y se garantiza además para los próximos años la presidencia de las dos Salas clave: la de lo Contencioso, que resuelve los litigios contra las acciones del Gobierno, y la de lo Penal.

En mal momento se produjo esta situación, que muchos consideran ilegítima por estar el CGPJ en funciones, y que hurta el derecho a que esos cargos sean designados por el órgano renovado, con los vocales propuestos por las actuales fuerzas políticas presentes en el Parlamento.

En este sentido, es precisamente la falta de renovación del CGPJ, uno de los problemas “sistémicos” que la Comisión Europea señala a España en su reciente informe sobre la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros de la UE, en el se atribuyen a nuestro país evidentes anomalías en el Poder Judicial que deberá corregir, y le insta erradicar la corrupción y a la inmediata renovación del CGPJ.

Tal vez por esa advertencia, los conservadores se dieron tanta prisa en dejarlo todo “atado y bien atado”.