Pepe Aguza.
Colectivo Prometeo.
Nunca se ha conocido en nuestro país una ola de incendios tan devastadora como la que venimos sufriendo este verano por los cuatro costados del territorio hispano, destruyendo más de 400.000 hectáreas, en al menos 230 incendios.
Según el Sistema Europeo de Información de Incendios y del propio Ministerio de Transición Ecológica, este 2025 está siendo la temporada más destructiva de fuegos, desde su puesta en marcha hace veinticinco años, considerando que se trata del peor año en cuanto a incendios del siglo y el quinto peor desde 1961, en cuanto a superficies calcinadas.
Si bien, algunas de estas catástrofes son debidas a causas naturales por el cambio climático, el abandono del monte y del medio rural, la falta de recursos y gestión pública adecuada, otros son provocados por la mano del hombre, por negligencias o intencionadamente. Desde que se inició esta última ola de incendios en agosto, se ha podido detener a 42 personas y otras 132 son investigadas como posibles pirómanos. Según cifras oficiales, en los últimos diez años se detuvieron 3600 incendiarios, 372 de ellos corresponden al año 2023, último del que se tienen datos.
Los incendios forestales afectan a la salud pública, a la propiedad pública y privada, disminución de fuentes de trabajo, paralización de procesos productivos y muerte de miles de animales domésticos y de la fauna salvaje.
Hay que decir que en muchos casos, la burocracia y desconocimiento por parte de la propia Administración son las responsables de estas situaciones, por el entorpecimiento o impedimento a tomar medidas por parte de los campesinos, agricultores y ganaderos para evitar los incendios creando cortafuegos y desbroces en sus tierras.
Es fundamental aumentar los recursos por parte de las Comunidades Autónomas y del Estado, mediante la dotación de medios técnicos y humanos, contratando y gestionando el número necesario de bomberos forestales, ampliando las Unidades Militares de Emergencias, además de materiales terrestres y aéreos como camiones, motobombas, bulldozers, aviones anfibios, helicópteros y otros medios indispensables, además de anular los conciertos de empresas privadas, que solo persiguen beneficios a través del recorte de plantillas y medios, siendo imprescindible la ampliación de los presupuestos para empresas públicas de extinción de incendios.
Es indispensable la dotación de presupuestos necesarios para la contratación y formación del personal, con unas retribuciones adecuadas.
El salario de un bombero forestal puede alcanzar como máximo los 1.823 euros mensuales brutos, en catorce pagas, lo que ha llevado a movilizaciones y huelgas en distintos puntos de la geografía hispana, desde el INFOCA andaluz hasta el grupo empresarial TRAGSA de Madrid, reclamando más medios, la contratación de más personal y mejoras salariales para afrontar la actual campaña de incendios.
En Andalucía, un bombero del INFOCA cobra entre 1.300 y 1.500 euros mensuales, incluidos antigüedad y distintos pluses, con una jornada de ocho horas que puede prolongarse hasta catorce o dieciocho horas, dependiendo del turno en caso de incendios.
Entre sus reivindicaciones están las mejoras retributivas, que consideran de “salarios de miseria y condiciones laborales inaceptables”, cobertura al 100% de los dispositivos, dado que sus plantillas no trabajan los doce meses del año, siendo despedidos a principios de otoño, un error estratégico, justo cuando deberían estar trabajando para prevenir futuros fuegos, así como la dotación adecuada de equipos individuales de protección.
El gobierno andaluz del PP de Moreno Bonilla y de su consejero de Presidencia, Sanz Cabello, alardea de contar con más medios personales y materiales que ninguna otra Comunidad, a través de la creación en enero de 2025 de una agencia propia de emergencias, mediante el Decreto-Ley 2/2023, de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, (EMA) en la que se han integrado (absorbidos) los recursos del Plan INFOCA, junto al 112, Protección Civil, el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública, además de otros servicios.
Esta reconversión ha supuesto para el INFOCA poder contar con 36 medios aéreos propios y 4 más que aporta el Gobierno para la lucha contra los incendios, una flota de transporte de personal de 282 vehículos nuevos en régimen de renting y un presupuesto de 257 millones de euros.
Andalucía cuenta con una plantilla de 4.700 profesionales, a la que se ha prometido una estabilidad laboral para todo el año 2026 y la petición al Gobierno Central de la localización de una de sus Brigadas de Incendios Forestales, ya que no existe ninguna en esta Comunidad.
Si bien es cierto que el Plan INFOCA destina una parte algo superior del presupuesto a la prevención, 146 millones de euros, frente a los 111 destinados a extinción, no son suficientes para evitar la propagación del fuego a miles de hectáreas de terrenos.
La voracidad de los fuegos muestran terroríficas imágenes de pueblos, viviendas rurales y montes arrasados, además de víctimas mortales.
La situación actual de cambio climático, terribles inundaciones producidas por borrascas, huracanes y tormentas, violentos vendavales, intensas sequías y elevadísimas olas de calor, favorecen la propagación de devastadores incendios forestales, a los que hay que sumar la destructiva mano del hombre, responsable en gran parte de estas tragedias.
Por ello, en contra del despilfarro que algunos políticos consideran mantener las dotaciones forestales, la única forma de luchar contra este problema es la prevención, sin escatimar medios y recursos, ni recortar presupuestos para el refuerzo de las dotaciones forestales del medio ambiente, lo que supone una mejora económica, ya que es mucho más barato prevenir actuando en invierno, que sofocar el fuego en verano y en ello la actuación autonómica es fundamental, según marca la propia Constitución, el Real Decreto-Ley 15/2022 y la Ley de Montes, correspondiendo al Estado participar solamente con medios extraordinarios como la Unidad Militar de Emergencias o las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales, cuando el incendio supera la capacidad de actuación regional.
Las promesas de actuación de Catalina García, Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de una “profunda transformación en la forma de abordar la protección de los montes” siguen sin ser suficientes para los proyectos de selvicultura preventiva en montes públicos de espacios naturales protegidos, reconociendo que la prevención es una obligación estratégica para proteger nuestro patrimonio natural, las economías rurales y el futuro de la Comunidad.
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