Juan García Ballesteros
Colectivo Prometeo
La privatización de la salud de los ciudadanos pasó, en muchos casos, de ser un servicio fundamental, un derecho, totalmente público, universal y gratuito a convertirse en un negocio que controlan grandes empresas y fondos de inversión.
El origen de todo el entramado empresarial sanitario fue la aprobación de la ley 15/97, redactada por Feijoo en el Gobierno de Aznar y que fue apoyada por PP, PSOE, PNV y CyU.
En su artículo único, apartado 2, recoge lo siguiente:
“La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”.
Esta ley 15/97 desarrolla la Ley General de Sanidad 14/1986, aprobada por el PSOE y que en su art. 90 dice:
“Las administraciones públicas sanitarias en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellos”.
Pero la ley del 86 tenía límites. Decía que se harán conciertos privados cuando las administraciones públicas prioricen “la utilización optima de sus recursos sanitarios propios” y “cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes a los establecimientos, centros y servicios sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan carácter no lucrativo”. Estas condiciones se rompen con la ley 15/97 y ya se puede privatizar la sanidad, aunque tenga un carácter lucrativo, como está ocurriendo.
¿Qué repercusión ha tenido esta ley del 97 en la estructura y funcionamiento del sistema sanitario público? Veamos.
Esta ley llamada "Habilitación de Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud" abrió las puertas de par en par para que entidades privadas (grandes empresas y fondos de inversión), que, a través de acuerdos y concesiones, podrán gestionar con fondos propios o utilizando los públicos, el sistema sanitario, ya fuera a través de hospitales privados subvencionados con fondos públicos o participando con un canon en la gestión de hospitales públicos.
Con la ley a su favor, la Comunidad de Madrid se lanzó de forma desaforada a la privatización, siendo el laboratorio de pruebas para que otras comunidades gobernadas por el PP siguieran su camino (Galicia, Andalucía, Valencia, Murcia, Castilla y León, …). Este modelo neoliberal salvaje ha supuesto el desvío de miles de millones públicos a los bolsillos de grandes tenedores de concesiones y contratos, lógicamente en detrimento de inversiones totalmente necesarias (en equipos técnicos, modernización y ampliación de infraestructuras y contratación de personal sanitario y de servicios) para los centros públicos. Como se verá después esta brutal privatización ha elevado el gasto en sanidad, no ha mejorado la eficacia ni la eficiencia y ha empeorado a atención a los ciudadanos con largas listas de espera, tanto en atención primaria como hospitalaria.
Un informe elaborado por UGT-Madrid analiza los distintos modelos de gestión privada implantados por Gallardón, Aguirre y en este momento Ayuso. Con el respaldo de esta base legal estatal (15/97), la Comunidad de Madrid estrenó a lo grande la asunción de las transferencias sanitarias que se hicieron efectivas en 2002. Al amparo de esta ley, la Comunidad de Madrid habilitó dos hospitales con personalidad jurídica y patrimonial propia, la Fundación Hospital de Alcorcón y la Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada.
Con el entonces Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, y con José Ignacio Echániz, “ideólogo de las privatizaciones del PP”, afirma UGT en su informe, se aprobó la LOSCAM, Ley 12/2001 de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que posibilitó la integración en la red pública de empresas privados. Es decir, el dinero era público pero la provisión era privada.
Con la llegada de Esperanza Aguirre en 2003 a la presidencia de la Comunidad arrancó la primera gran ola de privatizaciones (2003-2008). Fue la época de los hospitales de concesión de obra pública (modelo PFI- Iniciativa de Financiación Privada). Una empresa privada construye y financia hospitales (hasta un total de siete en Madrid) y, a cambio, gestiona todos los servicios no asistenciales (limpieza, mantenimiento, catering) durante un largo periodo de tiempo (30 años). La empresa constructora recibía un canon anual (dinero público) para amortizar los costes de construcción y los servicios complementarios.
Esta privatización corrió a cargo del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, que actualmente está investigado, junto a Aguirre, por el caso “Púnica”. Fue la época de financiación ilegal del PP, de cobro de sobresueldos, de muchos imputados y algunos condenados de su gobierno, de la fallida adjudicación de la “Ciudad de la Justicia” (Francisco Granados y la Gürtel).
El modelo Alzira fue el barco insignia del proyecto sanitario del Partido Popular valenciano. Fue pionero en España al privatizar la gestión del hospital público de Alzira (Hospital Universitario de la Ribera), entregándole todos sus servicios a la empresa privada Ribera Salud. Fue un fracaso total por su enorme endeudamiento. Estudios científicos demostraron que, este modelo de concesiones, supone, para ganar más, disminución de camas hospitalarias, contratos y condiciones laborales pésimas, problemas de saturación de urgencias, falta de personal y dificultades de gestión financiera. Su enorme deuda obligó en 2018 al gobierno del Botánico (PSOE y Compromis con el apoyo de Podemos) a revertir la gestión y reconvertir al hospital de Alzira, integrándolo en el sistema público valenciano.
A pesar del enorme fracaso del modelo de concesiones que el PP propició, aún quedan muchísimos servicios y actividades privatizados de la sanidad pública valenciana. Hay una gran cantidad de dinero que va a parar a empresas privadas con ánimo de lucro: resonancias magnéticas, hemodiálisis, transporte sanitario, radioterapia... Así como servicios no sanitarios: limpieza, mantenimiento, cocina, hostelería...
Pero el diploma de honor de la privatización de la sanidad pública se la lleva la Comunidad de Madrid con su presidenta, Sra. Ayuso, fiel discípula de la Esperanza Aguirre. El modelo de concesiones se lo otorgó ¿a quién si no? a Ribera Salud para gestionar el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz en 2011.
En el pliego de condiciones, la empresa concesionaria recibe un canon anual por los habitantes que pertenecen a su zona (150.000 personas). Pero claro aquí está la trampa. Para ganar más necesita que enfermos de otras áreas utilicen sus servicios que cobraran aparte (no cápita).
Las grabaciones publicadas por “El País” recogen que el director General de Ribera Salud, Pablo Gallart, da órdenes muy claras para aumentar las ganancias de su empresa. Así explica este CEO que es importante alargar las listas de espera, aumentar la atención a pacientes “no cápita” (de otros hospitales por los que cobra) y reutilizar material quirúrgico de un solo uso. El Sr. Gallart ha sido apartado de su cargo tras la publicación del escándalo. En estos años de concesión, y denunciado por bastantes sanitarios, este hospital ha disminuido las camas hospitalarias, ha puesto en marcha contratos y condiciones laborales pésimas (muchos sanitarios en cuanto han podido han huido), tiene problemas de saturación de urgencias y una gran falta de personal.
El hospital de Torrejón priorizaba las operaciones más rentables, alargando o derivando las que eran más costosas. Adelantaba las intervenciones de pacientes de otros hospitales para cobrar por ello. Lo más importantes para Ribera Salud era ganar más dinero, obtener beneficio, aunque fuera a costa de la salud de los pacientes de su zona.
La Sra. Ayuso, tirando balones fuera, resta credibilidad a la información publicada por “El País” y a la queja de empleados y pacientes, denunciado la mala gestión del Hospital de Torrejón. No se puede olvidar la estrecha relación de la pareja de la presidenta con el Grupo Quirón que tantos millones públicos ha recibido para pagarle los favores hechos y el dinero ganado por el Sr. González Amador, su novio, trabajador de Quirón con nombre falso. Por ello, este hospital privado ha multiplicado por seis los pacientes que capta de la sanidad pública en una década, engordando sus ganancias.
Con la grave crisis actual de la gripe, Madrid se encuentra en colapso hospitalario, con camas y enfermos en los pasillos y un personal sanitario reducido que, aunque dediquen mucho más tiempo del que deben, se encuentran desbordados, manifestando que no pueden aguantar más, ni prestar un servicio sanitario eficiente, de calidad y digno. Esta es la dura realidad que padecen los madrileños con su derecho a la salud, robada para que unas cuantas empresas se lucren.
No se sabe qué le puede pasar al Sr. Feijoo al exigir una auditoría a la Sra. Ayuso por los audios y problemas de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón ¿Correrá el mismo camino que su antecesor Casado? A lo mejor, lo manda Ayuso de nuevo a Galicia con su amigo Marcial Dorado.
Esta gravísima perversión de la privatización de un derecho fundamental como es la salud, es la práctica continuada de todos los gobiernos de comunidades autónomas gobernadas por el PP. En Andalucía el traspaso de cientos de millones públicos (con un total de 235+242 millones entre Cádiz y Sevilla), a hospitales privados, cuando la ley no lo permitía, se hacía a través de contratos masivos fraccionados. Esta ilegalidad ha llevado a abrir diligencias en dos frentes judiciales (uno en cada provincia), por los que han desfilado los tres últimos gerentes del SAS de Moreno Bonilla, acusados de malversación de dinero público.
Pero hay más. En los últimos años “los cribados de cáncer de mamas” han generado una enorme alarma con las 2317 victimas reconocidas por la Junta, aunque para Amama (asociación de víctimas) han sido más de 4000. Desde que la noticia salió a la luz, se han manifestado en la calle miles de personas exigiendo responsabilidades y la renuncia del presidente, que ha eludido su responsabilidad, dimitiendo a sus gerentes.
Ante esta gravísima situación el Sr Moreno Bonilla, responsable directo del grave deterioro del SAS, tiene la desvergüenza de declarar en Barcelona que la afectación del cribado sólo aqueja a 23 mujeres. La indignación y la falta de respeto a las víctimas, ha llevado a Amama a manifestar que son más 300 las afectadas (posiblemente algunas ya hayan muerto) y que continuarán con las movilizaciones y denuncias para que los responsables paguen por su negligencia e irresponsabilidad.
Los problemas de las privatizaciones de la sanidad pública se extienden a todas las comunidades del PP. Este partido lleva en su ADN el gen privatizador de su política ultraliberal, porque al Partido Popular no le preocupa la vida de las personas. Lo demuestran los 7291 ancianos fallecidos sin asistencia médica en las residencias de Madrid, los 229 muertos, por negligencia, en la Dana en Valencia y las más de 300 mujeres (algunas posiblemente hayan fallecido) que han desarrollado, sin saberlo, el cáncer de mamas por los cribados en Andalucía.
Ante esta degradante situación, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado que se va a publicar a principios de 2026 una Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud que derogará la 15/97, limitando la colaboración público-privada que tanto daño está causando a la sanidad pública. Lógicamente debe contar con el apoyo de su socio mayoritario en el Gobierno, el PSOE ¿Estará este partido de acuerdo, teniendo en cuenta que esa ley fue aprobada con los votos socialistas en 1997? Ya se verá.
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