| Foto: Intervención de nuestro querido compañero del FCSM Zaragoza José Luis |
Fuente:Arainfo.org
La
Carta Social Europea (CSE) es un tratado del Consejo de Europa que
protege los derechos humanos de todas las personas de la Unión. La Carta
establece unos derechos y libertades, así como un mecanismo de
supervisión que garantiza su respeto y cumplimiento por cada uno de los
Estados miembro. Al mismo tiempo, detalla los derechos sociales y
económicos que los Estados Partes de la Carta deben garantizar a las
personas que viven bajo su jurisdicción.
De esta forma, cabría decir que la CSE se sustenta bajo los mismos
estándares de cumplimiento que la Constitución Europea, al convertirse
en un tratado internacionalmente vinculante para todos los miembros de
la UE.
En el ámbito de los derechos sociales, cabe destacar, que el Comité
Europeo de Derechos Sociales lleva desde el año 1996 advirtiendo y
criticando duramente por las bajas prestaciones sociales que se
perciben, tanto al Gobierno español –por las prestaciones de desempleo,
algunas pensiones de viudedad, por las pensiones No-Contributivas y
pensiones de orfandad-, como a los distintos gobiernos territoriales
–por las ayudas de inserción-, e instando a su correspondiente
adecuación.
Según el Índice ofrecido por la Oficina Europea de Estadística
(Eurostat), éste marca para el Estado español la cantidad de 663,41
euros al mes para delimitar el umbral de la pobreza de una persona (dato
de 2014). Y en el caso de la Unidad Familiar (familia en una misma
vivienda), se sumarían 331,75 euros para cada segundo adulto y 199,00
euros para cada menor de 14 años. En definitiva, unas cifras que en
muchos casos no se cumplen en absoluto.
Por este motivo, este pasado jueves diversos colectivos,
organizaciones, sindicatos y movimientos sociales presentaron en la FABZ
un manifiesto de petición y requerimiento sobre la CSE a los partidos
políticos con representación parlamentaria. Así lo explicaba el portavoz
de Frente Cívico ‘Somos Mayoría’, José Luis Cabello “Exigimos el
cumplimiento para que se adecúen las prestaciones que desde el Comité
Europeo de Derechos Sociales, y a través de la Carta Social Europea,
viene en sus sucesivos informes reiterando el incumplimiento por parte
del Gobierno español”.






































