Antonio Pintor
Colectivo Prometeo
Las vacunas contra el COVID-19, según lo propagado por la industria y asumido por los gobiernos, son seguras y eficaces. Estas afirmaciones, no exentas de polémica por la falta de transparencia de los estudios, las han convertido en la esperanza para terminar con la pandemia, de ahí la preocupación por parte de algunos países y organizaciones para que todo el mundo, sean ricos o pobres, puedan acceder a ellas.
En este contexto han aparecido voces que intentan cambiar el rumbo marcado, priorizando la protección de la salud y haciendo propuestas para facilitar su producción y distribución de manera equitativa, y no según quién puede pagar más.
Entre ellas, tenemos la propuesta de Sudáfrica e India al Consejo de los ADPIC (Acuerdos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que se aplicara “una exención sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías contra la COVID-19 mientras dure la pandemia”.
En nuestro país, el Consejo de Ministros aprobó un “Plan para garantizar el acceso a las vacunas contra COVID19”, que incluye la intención de compartir sus excedentes de vacunas y canalizarlos a través de iniciativas como COVAX (Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19) para que lleguen a países de renta baja y renta media-baja, algo que según, Médicos sin Fronteras y Salud por Derecho es positivo pero insuficiente, pues en una situación excepcional y sin precedentes como la que nos encontramos, se requiere de medidas extraordinarias para que todos los países puedan utilizar toda la propiedad intelectual, el conocimiento y los datos relacionados con las tecnologías sanitarias COVID-19 y ampliar la capacidad de producción.
Con este objetivo, surge la propuesta de “Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19” (C-TAP), puesta en marcha en mayo de 2020, a iniciativa del presidente de Costa Rica, para facilitar el intercambio de información protegida por patentes en la lucha contra el virus, incluidos los diagnósticos, terapias y datos de ensayos.
En opinión de sus defensores, la iniciativa C-TAP debería recibir especial atención pues, además de basarse en valores como la solidaridad, la cooperación internacional y la responsabilidad compartida, ofrece una solución a los problemas planteados por:
Las leyes relacionadas con patentes, cuyos derechos de exclusividad impactan de manera negativa en el suministro y distribución equitativa de tecnologías innovadoras en salud a nivel mundial, permitiendo precios elevados e imponiendo restricciones para la manufactura a gran escala.
El acaparamiento del know-how (“saber-cómo” o “saber hacer”), es decir la tecnología necesaria para la fabricación, es mantenida en secreto por los laboratorios farmacéuticos, convirtiéndose en otra estrategia de control y mantenimiento del monopolio que puede dificultar el incremento en la producción de vacunas debido a su complejidad, cuando debería ser de dominio público, en especial por la situación de pandemia.
Los conflictos producidos por el nacionalismo de las vacunas, que está provocando que los países de altos recursos acaparen dosis de vacunas y dejen sin posibilidad de acceso los de menos recursos. Las naciones de altos ingresos representan sólo el 13% de la población mundial, y ya han comprado más de la mitad de dosis de candidatos a vacunas para COVID-19.
La suspensión temporal de las patentes hasta lograr la inmunidad mundial, como se plantea en la propuesta C-TAP, permitiría a todos los países miembros de la OMC, la posibilidad de no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual sobre las tecnologías sanitarias que se desarrollen para luchar contra la pandemia hasta que se logre la inmunidad de grupo a nivel mundial. La "puesta en común" de los tratamientos y datos permitiría a los fabricantes cualificados de todo el mundo producir equipamiento, fármacos o vacunas esenciales sin temor a ser demandados por infringir las patentes.
El objetivo es reducir los costes de producción, aliviar la escasez mundial de tecnologías y medicamentos clave y terminar antes con la pandemia.
Según el portal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el C-TAP es un mecanismo que tiene como meta lograr que “las vacunas, las pruebas, los tratamientos y otras tecnologías sanitarias relacionadas con la lucha contra la COVID-19 estén al alcance de todos”. Asimismo, crearía un espacio de colaboración entre países para la I+D, la producción y el suministro de dichas herramientas para la COVID-19. En definitiva se trataría de acelerar, mediante la investigación científica abierta, los recursos para hacer frente al virus y agilizar la obtención de los mismos mediante la movilización de capacidad de fabricación complementaria.
Aunque la OMS esperaba que, con el apoyo de los distintos países, el acceso mancomunado a las tecnologías contra la COVID-19 funcionaría como un esfuerzo paralelo a otras iniciativas para impulsar las labores de lucha contra esta enfermedad en todo el mundo, la realidad es decepcionante. A pesar de contar el C-TAP con el apoyo de 100 países (de los 164 Estados y territorios que forman la OMC), no está recibiendo la atención, esfuerzos ni la prioridad que se merece, al tener en contra a los que he denominado “Los 7 maléficos”, que alineados con los intereses de las compañías farmacéuticas, se oponen a esta iniciativa.
El grupo de “Los 7 maléficos” lo forman la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, (muy Unidos a la industria farmacéutica en egoísmo y falta de solidaridad), Suiza (como siempre, al lado del dinero), Brasil (con un presidente negacionista y ultraneoliberal del que no cabe esperar nada positivo en defensa de la población pobre), Japón y Australia (ambos con escasa repercusión de la pandemia, pues Japón con más de 126 millones de habitantes se han producido 7738 fallecidos y Australia con 25 millones de habitantes no llegan a mil las personas muertas, pero alineados con ellos).
La Comisión Europea, a través de las declaraciones de su presidenta, Ursula von der Leyen, ha puesto de manifiesto su hipocresía, al decir que “la UE ha aportado enormes sumas para I+D de las vacunas COVID” y para “ayudar a desarrollar un bien mundial común”. Sin embargo, la Unión Europea y sus Estados miembros, han rechazado la propuesta de suspensión de las patentes. De forma que, aunque lo declarado sobre la aportación económica es cierto, en lo referente a la intencionalidad solidaria de la declaración, de momento, es falsa.
En octubre Érika Dueñas, miembro de OMS y del C-TAP afirmó que “no hay aun compromisos concretos de la industria con C-TAP, y que siguen en conversaciones para tratar de convencer a las compañías farmacéuticas dada la voluntariedad en la participación en el programa”. A fecha de enero, según la OMS, no se ha compartido ninguna tecnología ni tratamiento.
Todo indica que la visión de las naciones se ha enfocado en adquirir una vacuna que permita volver rápidamente a la antigua cotidianidad, tan pronto sea posible, y se ha descuidado la mirada a largo plazo en la que compartir conocimiento e invertir esfuerzos en otro tipo de tecnologías de diagnóstico y tratamiento, son cruciales para tener una mejor oportunidad de respuesta, tanto en esta como en próximas crisis sanitarias, que seguro padeceremos.
Es necesario, sacar a la luz y poner el foco del debate en priorizar la salud sobre el negocio, señalando las conductas egoístas y lesivas para la población mundial por parte de las farmacéuticas con la complicidad de los gobernantes de los países económicamente más ricos, aunque ética y humanitariamente estén muy empobrecidos.
Se dispone de suficientes mecanismos legales tanto a nivel Internacional como Nacional que no solo lo permiten, sino que podríamos acusar a los gobiernos que no los utilizan de estar despilfarrando dinero público y ser cómplices de la falta de transparencia, en beneficio de las empresas farmacéuticas y en perjuicio de los ciudadanos.
El derecho de toda persona a disfrutar del nivel más elevado de salud física y mental se encuentra reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Además la Constitución Española de 1978, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos su cumplimiento.
Si nos remitimos a la historia, a principio de los 90, en el encuentro denominado Ronda de Uruguay, se creó la OMC y se aprobaron las normas internacionales que protegen la propiedad intelectual (acuerdos ADPIC). Las normas acordadas, fueron interpretadas de manera sesgada por parte de las empresas hacia una excesiva protección de la propiedad intelectual, entrando en ocasiones en conflicto con derechos fundamentales como la protección de la salud, especialmente el derecho de patentes sobre los fármacos. Esta situación confusa se aclaró en el encuentro del 2001 en la Ronda de Doha, donde la OMC reconoció que los países tienen derecho a proteger la salud de sus ciudadanos saltándose la regulación internacional de las patentes y ratificó la legalidad de las licencias obligatorias -es decir, la posibilidad de que los gobiernos encarguen a laboratorios de genéricos que fabriquen los medicamentos necesarios- o bien que los importen de países que no hayan autorizado las patentes, para dar respuesta a un determinado problema de salud, a un costo, por tanto, mucho más barato.
En consecuencia disponemos, además de la necesidad de solucionar las limitaciones actuales en la producción y distribución de las vacunas y de las razones humanitarias, de argumentos jurídicos nacionales e internacionales para que nuestros gobernantes, tanto a nivel europeo como nacional, puedan acceder a estas vacunas a un precio razonable, facilitando su disponibilidad y sin poner en riesgo ninguna otra partida presupuestaria del sistema de salud tan esquilmado en la última década. Resulta sorprendente, a pesar de las enormes sumas de dinero invertidas, el entreguismo por parte de los gobiernos de los países señalados ante las farmacéuticas.
Tenemos un precedente histórico y referente en el enfrentamiento con las multinacionales del medicamento en Nelson Mandela, un presidente ejemplar en este aspecto y en tantos otros, que en 1998, con 250.000 de sus ciudadanos muriendo de SIDA cada año, el Parlamento de Sudáfrica legalizó la “suspensión de patentes farmacéuticas” y el uso de “licencias obligatorias” en relación con los antirretrovirales para el tratamiento del SIDA, lo que permitió al gobierno, comprar los medicamentos más baratos disponibles en el mercado, sin que importe si los dueños de la patente lo autorizan o no, y otorgar licencias a las compañías locales para producir versiones más económicas de las drogas cuyas patentes son propiedad de las grandes multinacionales.
La respuesta inmediata por parte de las empresas farmacéuticas fue que 39 de ellas interpusieron una demanda para revocar la ley y contra el carismático presidente sudafricano. La reacción de las ONGs implicadas en la atención a los enfermos de SIDA (Oxfam, Médicos sin Frontera, etc.) ante la actuación de las farmacéuticas, junto a la protesta ciudadana, la condena internacional, incluso el gobierno estadounidense que había estado presionando al presidente Mandela se vio obligado a desistir, y ante la pérdida de la, ya bastante deteriorada, reputación de la industria farmacéutica y los indicios de que iba a perder el juicio, la demanda fue retirada en 2001, evitando la condena y un precedente que podía serles muy lesivo en el futuro. Además de Sudáfrica, otros países (Egipto, India) han actuado contra las patentes para tratamientos del SIDA y el cáncer, y más reciente, respecto al fármaco sofosbuvir, para el tratamiento de la hepatitis C. Luego “se puede” y si no solucionamos la producción y el acceso a un precio asequible de las vacunas, no se debe a problemas legales sino a estrategias de “chantaje” por parte de los laboratorios, debilidad y sometimiento de los gobiernos a sus intereses, todo ello bajo el paraguas de la “sacrosanta propiedad privada” en su versión “propiedad intelectual”.
En este contexto han aparecido voces que intentan cambiar el rumbo marcado, priorizando la protección de la salud y haciendo propuestas para facilitar su producción y distribución de manera equitativa, y no según quién puede pagar más.
Entre ellas, tenemos la propuesta de Sudáfrica e India al Consejo de los ADPIC (Acuerdos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que se aplicara “una exención sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías contra la COVID-19 mientras dure la pandemia”.
En nuestro país, el Consejo de Ministros aprobó un “Plan para garantizar el acceso a las vacunas contra COVID19”, que incluye la intención de compartir sus excedentes de vacunas y canalizarlos a través de iniciativas como COVAX (Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19) para que lleguen a países de renta baja y renta media-baja, algo que según, Médicos sin Fronteras y Salud por Derecho es positivo pero insuficiente, pues en una situación excepcional y sin precedentes como la que nos encontramos, se requiere de medidas extraordinarias para que todos los países puedan utilizar toda la propiedad intelectual, el conocimiento y los datos relacionados con las tecnologías sanitarias COVID-19 y ampliar la capacidad de producción.
Con este objetivo, surge la propuesta de “Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19” (C-TAP), puesta en marcha en mayo de 2020, a iniciativa del presidente de Costa Rica, para facilitar el intercambio de información protegida por patentes en la lucha contra el virus, incluidos los diagnósticos, terapias y datos de ensayos.
En opinión de sus defensores, la iniciativa C-TAP debería recibir especial atención pues, además de basarse en valores como la solidaridad, la cooperación internacional y la responsabilidad compartida, ofrece una solución a los problemas planteados por:
Las leyes relacionadas con patentes, cuyos derechos de exclusividad impactan de manera negativa en el suministro y distribución equitativa de tecnologías innovadoras en salud a nivel mundial, permitiendo precios elevados e imponiendo restricciones para la manufactura a gran escala.
El acaparamiento del know-how (“saber-cómo” o “saber hacer”), es decir la tecnología necesaria para la fabricación, es mantenida en secreto por los laboratorios farmacéuticos, convirtiéndose en otra estrategia de control y mantenimiento del monopolio que puede dificultar el incremento en la producción de vacunas debido a su complejidad, cuando debería ser de dominio público, en especial por la situación de pandemia.
Los conflictos producidos por el nacionalismo de las vacunas, que está provocando que los países de altos recursos acaparen dosis de vacunas y dejen sin posibilidad de acceso los de menos recursos. Las naciones de altos ingresos representan sólo el 13% de la población mundial, y ya han comprado más de la mitad de dosis de candidatos a vacunas para COVID-19.
La suspensión temporal de las patentes hasta lograr la inmunidad mundial, como se plantea en la propuesta C-TAP, permitiría a todos los países miembros de la OMC, la posibilidad de no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual sobre las tecnologías sanitarias que se desarrollen para luchar contra la pandemia hasta que se logre la inmunidad de grupo a nivel mundial. La "puesta en común" de los tratamientos y datos permitiría a los fabricantes cualificados de todo el mundo producir equipamiento, fármacos o vacunas esenciales sin temor a ser demandados por infringir las patentes.
El objetivo es reducir los costes de producción, aliviar la escasez mundial de tecnologías y medicamentos clave y terminar antes con la pandemia.
Según el portal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el C-TAP es un mecanismo que tiene como meta lograr que “las vacunas, las pruebas, los tratamientos y otras tecnologías sanitarias relacionadas con la lucha contra la COVID-19 estén al alcance de todos”. Asimismo, crearía un espacio de colaboración entre países para la I+D, la producción y el suministro de dichas herramientas para la COVID-19. En definitiva se trataría de acelerar, mediante la investigación científica abierta, los recursos para hacer frente al virus y agilizar la obtención de los mismos mediante la movilización de capacidad de fabricación complementaria.
Aunque la OMS esperaba que, con el apoyo de los distintos países, el acceso mancomunado a las tecnologías contra la COVID-19 funcionaría como un esfuerzo paralelo a otras iniciativas para impulsar las labores de lucha contra esta enfermedad en todo el mundo, la realidad es decepcionante. A pesar de contar el C-TAP con el apoyo de 100 países (de los 164 Estados y territorios que forman la OMC), no está recibiendo la atención, esfuerzos ni la prioridad que se merece, al tener en contra a los que he denominado “Los 7 maléficos”, que alineados con los intereses de las compañías farmacéuticas, se oponen a esta iniciativa.
El grupo de “Los 7 maléficos” lo forman la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, (muy Unidos a la industria farmacéutica en egoísmo y falta de solidaridad), Suiza (como siempre, al lado del dinero), Brasil (con un presidente negacionista y ultraneoliberal del que no cabe esperar nada positivo en defensa de la población pobre), Japón y Australia (ambos con escasa repercusión de la pandemia, pues Japón con más de 126 millones de habitantes se han producido 7738 fallecidos y Australia con 25 millones de habitantes no llegan a mil las personas muertas, pero alineados con ellos).
La Comisión Europea, a través de las declaraciones de su presidenta, Ursula von der Leyen, ha puesto de manifiesto su hipocresía, al decir que “la UE ha aportado enormes sumas para I+D de las vacunas COVID” y para “ayudar a desarrollar un bien mundial común”. Sin embargo, la Unión Europea y sus Estados miembros, han rechazado la propuesta de suspensión de las patentes. De forma que, aunque lo declarado sobre la aportación económica es cierto, en lo referente a la intencionalidad solidaria de la declaración, de momento, es falsa.
En octubre Érika Dueñas, miembro de OMS y del C-TAP afirmó que “no hay aun compromisos concretos de la industria con C-TAP, y que siguen en conversaciones para tratar de convencer a las compañías farmacéuticas dada la voluntariedad en la participación en el programa”. A fecha de enero, según la OMS, no se ha compartido ninguna tecnología ni tratamiento.
Todo indica que la visión de las naciones se ha enfocado en adquirir una vacuna que permita volver rápidamente a la antigua cotidianidad, tan pronto sea posible, y se ha descuidado la mirada a largo plazo en la que compartir conocimiento e invertir esfuerzos en otro tipo de tecnologías de diagnóstico y tratamiento, son cruciales para tener una mejor oportunidad de respuesta, tanto en esta como en próximas crisis sanitarias, que seguro padeceremos.
Es necesario, sacar a la luz y poner el foco del debate en priorizar la salud sobre el negocio, señalando las conductas egoístas y lesivas para la población mundial por parte de las farmacéuticas con la complicidad de los gobernantes de los países económicamente más ricos, aunque ética y humanitariamente estén muy empobrecidos.
Se dispone de suficientes mecanismos legales tanto a nivel Internacional como Nacional que no solo lo permiten, sino que podríamos acusar a los gobiernos que no los utilizan de estar despilfarrando dinero público y ser cómplices de la falta de transparencia, en beneficio de las empresas farmacéuticas y en perjuicio de los ciudadanos.
El derecho de toda persona a disfrutar del nivel más elevado de salud física y mental se encuentra reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Además la Constitución Española de 1978, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos su cumplimiento.
Si nos remitimos a la historia, a principio de los 90, en el encuentro denominado Ronda de Uruguay, se creó la OMC y se aprobaron las normas internacionales que protegen la propiedad intelectual (acuerdos ADPIC). Las normas acordadas, fueron interpretadas de manera sesgada por parte de las empresas hacia una excesiva protección de la propiedad intelectual, entrando en ocasiones en conflicto con derechos fundamentales como la protección de la salud, especialmente el derecho de patentes sobre los fármacos. Esta situación confusa se aclaró en el encuentro del 2001 en la Ronda de Doha, donde la OMC reconoció que los países tienen derecho a proteger la salud de sus ciudadanos saltándose la regulación internacional de las patentes y ratificó la legalidad de las licencias obligatorias -es decir, la posibilidad de que los gobiernos encarguen a laboratorios de genéricos que fabriquen los medicamentos necesarios- o bien que los importen de países que no hayan autorizado las patentes, para dar respuesta a un determinado problema de salud, a un costo, por tanto, mucho más barato.
En consecuencia disponemos, además de la necesidad de solucionar las limitaciones actuales en la producción y distribución de las vacunas y de las razones humanitarias, de argumentos jurídicos nacionales e internacionales para que nuestros gobernantes, tanto a nivel europeo como nacional, puedan acceder a estas vacunas a un precio razonable, facilitando su disponibilidad y sin poner en riesgo ninguna otra partida presupuestaria del sistema de salud tan esquilmado en la última década. Resulta sorprendente, a pesar de las enormes sumas de dinero invertidas, el entreguismo por parte de los gobiernos de los países señalados ante las farmacéuticas.
Tenemos un precedente histórico y referente en el enfrentamiento con las multinacionales del medicamento en Nelson Mandela, un presidente ejemplar en este aspecto y en tantos otros, que en 1998, con 250.000 de sus ciudadanos muriendo de SIDA cada año, el Parlamento de Sudáfrica legalizó la “suspensión de patentes farmacéuticas” y el uso de “licencias obligatorias” en relación con los antirretrovirales para el tratamiento del SIDA, lo que permitió al gobierno, comprar los medicamentos más baratos disponibles en el mercado, sin que importe si los dueños de la patente lo autorizan o no, y otorgar licencias a las compañías locales para producir versiones más económicas de las drogas cuyas patentes son propiedad de las grandes multinacionales.
La respuesta inmediata por parte de las empresas farmacéuticas fue que 39 de ellas interpusieron una demanda para revocar la ley y contra el carismático presidente sudafricano. La reacción de las ONGs implicadas en la atención a los enfermos de SIDA (Oxfam, Médicos sin Frontera, etc.) ante la actuación de las farmacéuticas, junto a la protesta ciudadana, la condena internacional, incluso el gobierno estadounidense que había estado presionando al presidente Mandela se vio obligado a desistir, y ante la pérdida de la, ya bastante deteriorada, reputación de la industria farmacéutica y los indicios de que iba a perder el juicio, la demanda fue retirada en 2001, evitando la condena y un precedente que podía serles muy lesivo en el futuro. Además de Sudáfrica, otros países (Egipto, India) han actuado contra las patentes para tratamientos del SIDA y el cáncer, y más reciente, respecto al fármaco sofosbuvir, para el tratamiento de la hepatitis C. Luego “se puede” y si no solucionamos la producción y el acceso a un precio asequible de las vacunas, no se debe a problemas legales sino a estrategias de “chantaje” por parte de los laboratorios, debilidad y sometimiento de los gobiernos a sus intereses, todo ello bajo el paraguas de la “sacrosanta propiedad privada” en su versión “propiedad intelectual”.
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