Presidente de Europa Laica
La presentación del listado de los bienes inmatriculados ilegalmente por parte de la Iglesia Católica- ya que es una ilegalidad viciada en origen– ha generado un desaguisado jurídico que el Gobierno ahora pretende sancionar y dar conformidad al mayor expolio de patrimonio histórico ocurrido en España y en Europa con un vergonzoso informe que precede al listado.
El gobierno, en boca de la Vicepresidenta primera, difiere las posibles reclamaciones a los ayuntamientos o la persona físicas que se vean perjudicadas por tal o cual inmatriculación.
¡Como si el gobierno no tuviera competencias en velar por el patrimonio histórico! ¡como si la mezquita de Córdoba o la catedral de Burgos fueran de único interés del ayuntamiento de Burgos o del de Córdoba!. Después de la barbaridad de las inmatriculaciones de los monumentos nacionales en los registros de la propiedad, no se trataría de batallar, una por una, como pretende la Vicepresidenta primera, la titularidad de tal o cual bien del patrimonio histórico cultural, sino de promulgar un instrumento jurídico que sea adecuado y eficaz para la declaración nula de todas esas inscripciones de titularidad ilegítimamente realizadas. Pero se trataría, además, de ir un poco más allá impulsando una reforma de la ley del patrimonio histórico en la cual se exprese con total claridad la titularidad pública del patrimonio histórico de raíz religiosa y la posibilidad de la afectación para uso religioso de tal o cual templo. La idea y concepción actual, de la cual beben todas las leyes de patrimonio de las CCAA y los propios Acuerdos con la Santa Sede de 1979, es justo la contraria, ya que se considera que la propiedad de los bienes históricos culturales de las instituciones eclesiásticas son de la Iglesia Católica y que para su conservación se obliga al Estado a pactar o convenir con ella; es una concepción que bebe del nacionalcatolicismo.
