Rafael Juan Ruiz
Colectivo Prometeo
8.300 personas en CaixaBank y 3.800 en BBVA. Estas han sido las noticias con las que esta semana hemos sentido, una vez más, trabajadoras y trabajadores, que el yugo del capitalismo sigue apretando y fuerte. La noticia, no por esperada según las tendencias, ha caído como un martillazo sobre decenas de miles de familias que ven peligrar sus ingresos en una etapa en la que ya hemos vivido la primera fase de una nueva crisis, encadenada a la anterior y que, hasta ahora, había castigado sin piedad a las personas más vulnerables, aquellas que carecían de empleo o cuyos ingresos eran irregulares y fuera de la normativa contractual. Millones de personas que vivían de trabajos sin declarar por culpa de su precariedad vieron el año pasado como la pandemia y el confinamiento les hicieron perderlos. Y sin ayudas reales de las instituciones (el IMV ha sido el fiasco que todo el mundo auguraba -menos el “gobierno más progresista de la historia” y los medios serviles al capital-; las comunidades autónomas han retirado o menguado las rentas de inserción, etc.)
Ahora llega el segundo paso, también anunciado desde la lógica neoliberal: los recortes de plantilla en grandes empresas y en las administraciones públicas. Todo ello amparado por la legislación laboral vigente desde 2012 (y reformas anteriores) que permiten los despidos libres y casi gratuitos.
