Pedro Montes
Economista.
Socialismo21
El
oscurantismo que domina todo el mundo financiero, y en particular en el
sistema bancario por la simple razón de que si se desata el pánico
sobre una institución su hundimiento puede ser casi inmediato
con la retirada masiva de depósitos, impide desentrañar en profundidad
lo ocurrido al banco Popular y la forma en que las autoridades
monetarias europeas (la Junta Única de Resolución del BCE, otro entrega
de soberanía) y españolas han resuelto este nuevo grave incidente.
Todo indica que el banco Popular estaba en quiebra, esto es, el valor de sus activos, unos 150,000 millones de euros, era insuficiente para hacer
frente al volumen de sus pasivos, constituidos fundamentalmente por los
depósitos, unos 115,000 millones de euros, deudas con otras entidades
de crédito, unos 15,000 millones, y los recursos
propios, unos 10,000 millones. Implicado excesivamente en la actividad
inmobiliaria, los créditos fallidos hipotecarios, el susodicho
“ladrillo”, e inversiones exageradas en el suelo, habían degradado de modo continuo su balance.
Nada
nuevo en lo que ha sido la crisis financiera desde que estalló la
crisis de las hipotecas “subprime” en Norteamérica, que arrastró a todo
el sistema financiero internacional y por extensión al sistema
financiero español a un período de enormes convulsiones, cuya superación dista de estar resuelta.
El
banco Popular estaba herido de muerte, su solvencia en entredicho, y de
ahí a desencadenarse una situación de falta de liquidez había un paso
en cuanto la desconfianza de los clientes en la recuperación de los
depósitos se hizo realidad. Un desenlace traumático pero nada novedoso
en lo que representa la cadencia de los acontecimientos de la quiebra de
un banco, en este caso relativamente importante en nuestro país, pues
se trataba de la quinta institución bancaria por su balance.
El
llamado “agujero” resulta de muy difícil precisión, y cabe estimarlo en
unos 17,000 millones de euros si se acepta la solución dada que elimina
de un golpe todo el capital propio de la entidad, que podrían ser unos
10,000 millones el 6 de junio, y exigirá al banco de Santander una
emisión de acciones por unos 7.000 millones de euros para afrontar la
adquisición que ha llevado a cabo.
