Desmontando la Concertada: La educación privada concertada no es Pública

 

                                                      Fuente: USTEA.org

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Desde USTEA seguimos con nuestra campaña de este otoño “Desmontando la concertada”. Esta vez, bajo el título “La concertada no es pública” vamos a desmentir la idea de que la escuela privada-concertada sea pública, por el hecho de estar financiada con fondos públicos.

En primer lugar, cabe mencionar que la red educativa concertada en España nace en la década de los 80 con el objetivo de racionalizar las subvenciones que recibirán los colegios católicos en el franquismo y afrontar un aumento de la demanda que, supuestamente, no podía asumir un sistema público todavía en formación. Sin embargo, con el paso de los años, en lugar de ser absorbido progresivamente por el sistema público, la red de escuelas privadas-concertadas no ha hecho más que fortalecerse en detrimento del sistema público. De tal modo que, en la actualidad, un informe reciente de la fundación Bofill refleja que España es uno de los países de la OCDE que mayor cantidad de dinero destina a financiar la educación privada, concertada y no concertada). Esto genera un sistema que profundiza la segregación social en el que, en la actualidad, aproximadamente el 30% del alumnado acude a centros concertados, especialmente en las áreas más pobladas del país. Algo que dificulta la presencia de centros públicos en determinados barrios de dichas ciudades y atenta así contra la supuesta “libertad de elección” de las familias. Además, es el sistema público el que acoge a las personas migrantes, con necesidades educativas especiales, con un bajo nivel socioeconómico y se encuentra presente en las zonas densamente menos pobladas del país.

Una humilde propuesta (a propósito de la escuela concertada)

Miguel Ángel López Muñoz

Colectivo Prometeo

Lejos de la distopía, la educación pública y laica española se aproxima a un grado de deterioro y degeneración que, como el ecocidio planetario del que nos habla José Esquinas en su último libro, amenaza con acabar con lo que debiera ser un modelo de formación de calidad, que contribuya a la cohesión social y a la igualdad de oportunidades y que garantice la libertad de conciencia de todo el alumnado desde el pluralismo ideológico y sin ningún tipo de discriminación.

Y por supuesto no se trata de analizar el último informe PISA –que no por casualidad muestra las bondades de las comunidades autónomas con más despoblación y por tanto con ratios más bajas en sus promedios–, sino de cómo las políticas de las derechas en todas las comunidades donde actualmente gobiernan ahondan un modelo de adoctrinamiento, donde la religión católica nunca pierde su puesto privilegiado de control y reproducción ideológica, protegido tanto por los acuerdos internacionales con la Santa Sede de 1976 y 1979, el art. 16 de la Constitución española, la Ley de Libertad Religiosa de 1980 o una jurisprudencia bien parapetada detrás de la “laicidad positiva”..

Por ejemplo, si desde la Generalitat Valenciana, la Conselleria d’Educació en manos de Vox avanza para imponer el llamado “pin parental” con el fin de seleccionar y censurar contenidos según convenga en cada caso de acuerdo con la “ética cristiana”, en Andalucía, sin necesidad de Vox, la Junta firma un convenio de colaboración con la Fundación Villacisneros, con el fin de poder intervenir en la educación de todos los jóvenes andaluces y poder realizar sus fines estatutarios: “la defensa de los valores del humanismo cristiano”, de la unidad de España y de la monarquía; asegurar el desarrollo del modelo de la familia tradicional o promover “el orgullo por la grandeza que los españoles aportamos al mundo”, todos ellos en clara sintonía con las estrategias nacionalcatólicas clásicas, incluyendo la “reflexión sobre ETA” o la lucha escolar contra el derecho vigente al aborto.