Pepe Aguza
Colectivo Prometeo
La ambición de la Iglesia católica y el Obispado de Córdoba no tiene límites en su afán de apropiación de iglesias y edificios públicos, a través de inmatriculaciones y otros subterfugios legales.
En esta ocasión, es el caso de la Iglesia de la Diputación Provincial, cuya cesión temporal fue establecida, según parece, hasta diciembre de 2023 y que había sido denunciada por el prestigioso abogado Carlos Baquerín Alonso, ex-diputado provincial de Unión Cordobesa, quien consideraba el hecho como una ilegalidad por abrir al culto dicho espacio y defendía que la Iglesia de la Merced formaba parte inseparable de un edificio público y que es propiedad integra de la Diputación Provincial, lo que contradice el espíritu constitucional de cesión permanente de un espacio público para fines religiosos y privados en favor de una confesión determinada, llevando el asunto hasta el Defensor del Pueblo, sin consecuencias.
