El Gobierno demuestra una enorme soberbia al despreciar la nueva oleada de pobreza que está generando la crisis del coronavirus. La mejor prueba de ello es que para optar al ingreso mínimo vital se tendrán en cuenta los ingresos percibidos en 2019.
Manolo Cañada y Rafael Juan
Marea Básica contra el Paro y la Precariedad
La aprobación, por parte del Gobierno Central, del ingreso mínimo vital, está generando una cascada de sensaciones encontradas. De un lado tenemos la propaganda gubernamental, que nos vende la medida como “lo nunca antes conocido”, como una “medida histórica”, comparable a la también socialista Ley de Dependencia. Durante un período de más de un mes, hemos ido pasando de su aprobación inmediata a un “estamos aún en estudio” que ha supuesto un recorte en los fondos que se le van a dedicar y, por tanto, en el número de personas a las que les va a llegar.
En este mismo lado de las sensaciones tenemos a una capacidad de adoración mediática que teníamos casi olvidada concentrada en torno al PSOE por algunos medios afines, sobre todo el grupo PRISA. Hacía mucho tiempo que desde la SER y El País no se alababa una actuación del entorno socialista de Pedro Sánchez como ha ocurrido con el ingreso mínimo vital. Seguro que en ello ha influido el que la medida haya sido, finalmente, comandada por un hombre “del sistema”, José Luis Escrivá. También el hecho de que la decisión final haya sido tan pobre que incluso ha obtenido el apoyo soterrado de la derecha, el silencio programado del empresariado (con alguna declaración altisonante para despistar) y hasta el aplauso de la Iglesia Católica.
Por último, en el mismo lado, la algarabía, el gallinero, el casi ruido de sables con el que la derecha quiere tumbar al gobierno desde una de las actuaciones políticas más despreciables que se recuerdan.
Estos tres hechos provocan la ilusión de que realmente se ha puesto en marcha una medida que va a servir para paliar la extremadamente grave situación por la que millones de familias pasan y van a pasar por culpa de la anterior crisis de 2008 y también por la actual crisis sociosanitaria. Los anuncios del gobierno durante un mes, repetidos por los altavoces de los dos partidos que lo conforman, los grandes y elocuentes titulares mediáticos, repetidos por doquier, incluso por la prensa derechosa, y el “no podemos criticar al gobierno porque están los ultras dándole por todos los lados”, todo ello, creemos que tapa la realidad que ya, desde antes de salir la medida en BOE, hay miles de personas que están descubriendo.
La realidad es fácil de desgranar. Se trata de conocer cuánto dinero se dedica a esta medida, y qué personas podrán optar a ella. Y, como complemento, es conveniente ponerlo en comparación con cantidades previstas en los programas electorales de PSOE y UP (sin pandemia de por medio) o cantidades que se están dedicando a salvar empresas o a presupuestos inamovibles, como puede ser el caso del Ministerio de Defensa.
La situación actual es fruto de la salida de una crisis que, nadie lo oculta ya, ha supuesto el enriquecimiento obsceno de las clases ya antes más acaudaladas y el empobrecimiento extremo de quienes ya lo eran, añadiendo en esta bolsa a las personas que han ido consiguiendo empleo pero que es tan precario que malamente les da para cubrir los gastos de vivienda y suministros básicos, exorbitados y sin control público.