Juan García Ballesteros
Colectivo Prometeo
Después de estos años de expansión económica por la pandemia, la UE ha acordado que se ha acabado la época de las “vacas gordas” y ha planteado un cambio de ciclo económico para volver a la austeridad: hay que reducir drásticamente la “deuda pública” de los países miembros, sobre todo para aquellos que sobrepasan el 60 % de su PIB. Este es el caso de España (110 %).
Hay que admitir que para lograr ese objetivo exigido por la UE, España no tiene más remedio que reducir su deuda pública. Pero hay dos formas de reducirla: recortando en derechos sociales (seguridad social, bajas laborales, desempleo, jubilación, maternidad, sanidad, educación, …) o elevando la recaudación de los impuestos para que todos (ciudadanos y empresas) paguen de acuerdo con sus ingresos. Esto último supone un cambio real de los impuestos de la renta para que se ingrese más y se logre una recaudación justa y progresiva. Esta es una opción política progresista que implicaría que el Gobierno no cargue sobre las espaldas de los trabajadores y los sectores más vulnerables la reducción exigida de la deuda pública.
Mucho revuelo ha levantado el voto en contra de Podemos sobre el real decreto de los subsidios de Yolanda Díaz. Diferentes grupos mediáticos y tertulianos han tachado de irresponsable la postura adoptada por el partido morado. Incluso la señora Díaz se ha despachado a su gusto y ha dicho que “Podemos ha golpeado a los trabajadores y trabajadoras de mi país y lo ha hecho de la mano de Vox y del PP”. Esta señora ministra sabe perfectamente que Podemos estaba de acuerdo con la subida al subsidio de desempleo, con el colectivo de trabajadores menores de 45 años sin cargas familiares, con el permiso de lactancia y con el subsidio de los trabajadores eventuales del campo. Pero en sus declaraciones “ha olvidado” que, junto a estas medidas positivas, había colado “el recorte en las bases de cotización de los desempleados de más de 52, una rebaja de la base progresiva (en cinco años) del índice actual de 125 % al 100 % de la base mínima lo que afectará a las futuras pensiones de cientos de miles de trabajadores”, según el sindicato CGT.