Ramón Franquesa
Diosadado Toledano
1.
EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA
PÉRDIDA DE SOBERANÍA DE ESPAÑA CON LA MONEDA ÚNICA
La menor
productividad de la economía española, en relación con la media europea y las
economías más desarrolladas como la alemana, generaba déficit comercial
resultado del mayor volumen de importaciones que el de exportaciones, lo cual
se traducía en una creciente deuda privada exterior. Dicho desequilibrio se
corregía habitualmente con la devaluación de la peseta.
La
introducción del euro provocó en España un rápido crecimiento del déficit de la
balanza de pagos. El déficit y la deuda pública se incrementaron
progresivamente. En 2019 la deuda pública asciende a 1.175857 millones de
euros, el 97,4% del PIB (1). La deuda
privada exterior, cuya deuda neta supera en la actualidad los 2 billones de
euros (2), genera un gravísimo desequilibrio económico en el marco de la actual
Unión Europea que no dispone de mecanismos de redistribución fiscal y de
mutualización de la deuda que corrija tales desequilibrios.
El aumento
vertiginoso de la prima de riesgo en los momentos más graves de la crisis
económica internacional fue utilizado por la Comisión Europea para imponer
medidas de ajuste y austeridad que blindaban el objetivo de reducción del
déficit y de la deuda a costa del gasto social y la garantía de los derechos
sociales básicos. Una de las víctimas de estas políticas fueron las pensiones
públicas, mediante la aplicación de una contrarreforma bajo el gobierno de
Rodriguez Zapatero (PSOE), que alargó la edad de jubilación a los 67 años en un
pacto con las cúpulas de los sindicatos CCOO y UGT.
El objetivo
general de estabilizar la economía con las medidas de austeridad se impuso a
través de la involución de la Constitución española con la contrarreforma del
artº 135, que facilitaba la aplicación del Tratado europeo de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de la Ley Orgánica
correspondiente.
Con el
objetivo de aumentar las exportaciones y de reducir el déficit comercial en la
balanza de pagos, e incrementar los beneficios empresariales, se forzó la
devaluación salarial mediante la Contrarreforma laboral bajo el gobierno del PP
de Mariano Rajoy.
