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| Matteo Salvini |
Fuente:Cuarto Poder
Miguel Urbán y Brais Fernández
[ Ayer reprodujimos de Cuarto Poder el artículo de nuestros amigos y compañeros Héctor, Manolo y Julio. Hoy traemos la visión sobre el tema de Miguel Urban, eurodiputado de Podemos y Brais Fernández, ambos militantes de Anticapitalistas. Al finalizar el texto enlazamos también una interesante reflexión de Giaime Pala aparecida hace unos meses en Mientras Tanto. El debate abierto siempre enriquece]
Hace un par de días, leíamos en este medio un artículo titulado “¿Fascismo en Italia? Decreto dignidad”.
El artículo estaba firmado por tres pesos pesados de la izquierda
española: Manuel Monereo, Héctor Illueca y Julio Anguita. El texto hacía
una valoración positiva del “decreto dignidad” aprobado por el Gobierno italiano
y lo pone como ejemplo de una posible política antineoliberal,
descartando que haya fascismo en Italia justamente por la aprobación de
este decreto.
Lo primero que sorprende del artículo
es que se mueve en unos niveles de concreción y abstracción que no se
relacionan entre sí. El texto analiza el “decreto dignidad” como una
medida concreta, separada de la política general del Gobierno italiano.
Es un método analítico que no compartimos: de lo que se trata es de ser
capaz de armar un análisis que relacione y explique una medida concreta
dentro del marco general, esto es, dentro del proyecto político y de
clase del actual gobierno italiano. Leyendo el artículo es imposible
saber quién gobierna en Italia y en qué dirección: da la impresión de que es posible analizar una medida concreta al margen del proyecto de conjunto de la Liga y del M5S.
Y, de repente, tras ese análisis del “decreto dignidad” sin
relacionarlo con el proyecto del actual Gobierno italiano, aparece de
forma brusca la conclusión final: el Gobierno italiano no es un gobierno
fascista.
Esa conclusión,
así dicha, puede ser correcta. El Gobierno italiano no es todavía (1) un
gobierno fascista. Todavía no ha prohibido y ni aniquilado las
organizaciones civiles, aunque sostiene una política fuertemente
anti-sindical y contra otro tipo de estructuras que mantienen espacios
autónomos en la sociedad civil, como los centros sociales o las
asociaciones en apoyo a las personas migrantes. Todavía no ha abolido
las libertades formales ni reconstruido un nuevo tipo de Estado en el
que encuadre al conjunto de la sociedad. Es, por caracterizarlo con
precisión, un Gobierno populista autoritario, con una impronta fuerte de la extrema derecha,
una base social compuesta en su mayoría por las clases medias
depauperadas y, al contrario de lo que propone el artículo,
profundamente neoliberal.
