¿Podemos ser poder constituyente en el siglo XXI?

 

Ángel B. Gómez Puerto.

Profesor Ayudante Doctor de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba.

Un día de diciembre de hace casi medio siglo, el pueblo español ejerció de poder constituyente. Ratificó en referéndum constitucional el texto que había sido aprobado por las Cortes Constituyentes unas semanas antes. Este hecho democrático histórico llegó tras cuarenta años de autocracia, que finalizaron con la muerte del dictador, y políticamente, con las primeras elecciones democráticas del actual período constitucional, celebradas en junio de 1977. Nuestra actual Constitución (1978) es la única de nuestra historia constitucional que ha sido ratificada en referéndum popular.

Habiendo transcurrido ya casi cinco décadas, puede ser momento incluso para evaluar las posibles carencias o ausencias de contenidos constitucionales, teniendo en cuenta los enormes cambios sociales, económicos y culturales experimentados desde entonces. Por la experiencia legislativa y gubernativa de estas décadas de vigencia y desarrollo parlamentario de la actual Constitución, hemos de concluir que hay una serie de asuntos que deberían ser abordados en un futuro proceso constituyente.

Temas como la necesidad de un modelo constitucional de gestión de catástrofes y colapsos generalizados; cambio climático y gestión del agua; digitalización generalizada; despoblación del mundo rural; garantizar como fundamentales derechos que no se consideraron así por el constituyente (salud, vivienda, pensiones…); cambio radical del sistema de elección del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, estableciendo constitucionalmente un modelo de elección popular de entre juristas de reconocida competencia que decidan presentar su candidatura; potenciación de los instrumentos de democracia directa; regular constitucionalmente las promesas electorales estableciendo consecuencias por su incumplimiento; reformar el papel del Senado, configurándolo exclusivamente como cámara de representación territorial, o bien, proceder a su eliminación como órgano constitucional, configurando nuestro sistema parlamentario como unicameral, con el Congreso de los Diputados como único órgano de representación del pueblo , siguiendo a nuestra primera Constitución, la de 1812,  y a la de 1931; o una revisión de la iniciativa para la reforma constitucional para que el pueblo pueda tener la posibilidad de instarla, deberían ser abordados por un nuevo poder constituyente del siglo XXI.

Recordatorio: el Proceso Constituyente y la reforma constitucional

Fuente: El Viejo Topo Express

    

Julio Anguita
Colectivo Prometeo

[Ante la campaña electoral, ningún momento mejor que éste para recordar a las diferentes candidaturas algunas cuestiones que centraron el debate político en tiempos cercanos: el Proceso Constituyente y la reforma constitucional.]

    A poco que forcemos la memoria recordaremos que hubo un tiempo en el que las fuerzas políticas se atrevieron públicamente a diagnosticar los males del país, esbozaron proyectos o plantearon alternativas y reformas más o menos radicales. Creo que en esta inacabable campaña electoral sería muy conveniente recordar algunas de las cuestiones que ocuparon los titulares sobre programas políticos.

Exceptuado el conflicto catalán, dos han sido las grandes cuestiones que centraron el debate político: una, por parte de la izquierda, el Proceso Constituyente y la otra, común a todas las fuerzas políticas, fue la reforma constitucional. Ningún momento mejor que éste para que las diferentes candidaturas desarrollen didácticamente sus proyectos.

    Una parte considerable de la opinión pública sabe, o al menos intuye, que la palabra constituirse, aplicada en política, significa que el Soberano, es decir el pueblo, decide asumir la soberanía cedida transitoriamente a las instituciones democráticas, para replantearse el régimen político que hasta entonces él ha considerado útil para la convivencia ciudadana en el marco del Estado de Derecho. Una cuestión de importancia crucial y en consecuencia nada que ver con la frivolidad, la ligereza o la improvisación.

    A partir de la condición sine qua non anterior se deben explicar a la ciudadanía muchas y muy importantes cuestiones, que de no quedar explicitadas claramente invalidarían la honestidad, y hasta la legitimidad, de la propuesta política. Una de las más importantes es distinguir entre la fase formal y legal del Proceso Constituyente y la fase de impulso inicial. La primera es de la exclusiva competencia de las Cortes Constituyentes elegidas para tal fin. Corresponde a las fuerzas políticas y/o plataformas cívicas proponentes en la fase de impulso inicial, plantear a la ciudadanía las razones, contenidos y fines del proceso.

    Una propuesta de tal calado solamente tiene sentido si se pretende una reforma total de la Constitución vigente y su sustitución por otra de nuevo cuño o bien de una reforma parcial que afecte al Título II (La Corona). En ambos casos la finalidad del Proceso no es otra que la opción por la IIIª República. Esto debe ser expuesto con toda transparencia y valentía.

   Pero ahí no termina todo. Los impulsores de la propuesta deben exponer cuáles serían, a su juicio, las líneas maestras de la Constitución Republicana. Un simple y único cambio en la forma de Estado, cuando hay tantas carencias democráticas y de todo tipo que subsanar, nos retrotraería a experiencias republicanas que se deben superar y mejorar. Tres son los objetivos a cumplir que harían deseable el Proceso Constituyente para la mayoría ciudadana: la democratización y la verificable independencia entre sí de los tres Poderes del Estado, la concreción en la realidad cotidiana de la solemne Declaración de Derechos Humanos y los enfoques medioambientales en economía, educación, consumo, valores y solidaridad de urgente aplicación a causa del más que evidente cambio climático.

Cabra: Charla de Julio en el Ateneo Ciudadano. Proceso Constituyente

  La noche del viernes 6 nuestro querido compañero Julio -tras la presentación de nuestro amigo y compañero Manolo Carnerero- reflexionó  sobre  la situación actual y las posibles bases de un Proceso Constituyente en la charla organizada por el Ateneo Ciudadano egabrense, entidad que en sus estatutos fundacionales se define ideológicamente "de izquierdas, libre, independiente, republicana y laica".

    A la exposición siguió un animado coloquio con las personas asistentes, teniendo que terminarse el mismo no por falta de ganas de intervenir sino por exigencias horarias. Media hora antes del inicio de la conferencia el aforo del salón de actos de la casa de la Juventus estaba cubierto, con decenas de personas cubriendo pasillos, escaleras y vestíbulo. En los próximos días publicaremos el vídeo del acto.

 

Esta Asociación, el Ateneo Ciudadano de Cabra, se declara -conforme a sus estatutos fundacionales- ideológicamente de izquierdas, libre, independiente, republicana y laica

Leer más: https://ateneo-ciudadano-de-cabra.webnode.es/nosotros/

Esta Asociación, el Ateneo Ciudadano de Cabra, se declara -conforme a sus estatutos fundacionales- ideológicamente de izquierdas, libre, independiente, republicana y laica

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Esta Asociación, el Ateneo Ciudadano de Cabra, se declara -conforme a sus estatutos fundacionales- ideológicamente de izquierdas, libre, independiente, republicana y laica

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Cabra ( Córdoba): " El proceso constituyente.Una propuesta desde la Izquierda"

Córdoba: Intervención de Julio Anguita sobre el Proceso Constituyente.Intervención de Antonio Maillo.Diálogo Pablo Iglesias / Javier Pérez Royo

El viernes 24 nuestro querido Julio intervino en las Jornadas  " Volver a mirarnos" organizadas por Unidos Podemos en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba.Aquí os dejamos su charla sobre "El Proceso Constituyente"
 No te pierdas tampoco la intervención de nuestro querido Antonio Maillo 


 Ni el  cierre de las mismas protagonizado por Pablo Iglesias y Javier Pérez Royo

Todos los vídeos de los 3 días en este enlace

Otras visiones, otras lecturas: " Por una Constitución de los vivos, hija de nuestro tiempo"

 Fuente: Cuarto Poder

 

 

Alberto Garzón, Esther López Barceló y Rafael Escudero *

Los vivos tienen la tierra en usufructo; y los muertos no
tienen poder ni derechos sobre ella. La porción que ocupa
un individuo deja de ser suya cuando él mismo ya no es,
y revierte a la sociedad (…). Ninguna sociedad puede hacer
una constitución perpetua, ni tan siquiera una ley perpetua.
La tierra pertenece siempre a la generación viviente: pueden,
por tanto, administrarla, y administrar sus frutos, como les
plazca, durante su usufructo. Thomas Jefferson

    El 6 de diciembre se vuelve a cumplir el ritual. El aniversario y celebración de la Carta Magna. El advenimiento de una Segunda Restauración concebida y parida por unos “padres” venidos de las raíces del franquismo, sectores progresistas y la directa oposición a la dictadura. Padres -todos ellos hombres, por supuesto- que fraguaron un pacto entre élites que, paradójicamente, fue posible gracias a que miles de personas desde el final de la guerra civil hasta después de la muerte del dictador se enfrentaron al terror de Estado, exponiendo sus vidas en defensa de los valores democráticos y sufriendo torturas, esclavitud, prisión, violaciones y la propia muerte. Recuérdese que más de 130.000 personas se encuentran aún en paradero desconocido, haciendo de España el segundo país en número de desapariciones forzadas en el mundo (después de Camboya). Un delito considerado un crimen contra la humanidad por ese Derecho Internacional que en este tema, como en otros, sigue sin ser de aplicación en nuestro país.

    Todas las constituciones son hijas de su tiempo. En nuestro caso, la Constitución de 1978 es la foto fija de cómo la oligarquía volvió a imponer sus reglas del juego a las masas populares que, a pesar de haber producido la erosión de la dictadura, no pudieron participar de la consolidación de las conquistas democráticas. Tras la muerte de Franco, diferentes leyes pusieron los cimientos a un régimen que nacía sin dejar lugar a la improvisación, garantizando la impunidad de los crímenes franquistas y silenciando el mérito de la lucha antifranquista. En el relato sobre la Transición que se transmitió de forma hegemónica a la sociedad española, se omitió esa oposición -con respuesta violenta desde los propios resortes del Estado- en las calles y centros de trabajo, sin la cual nada de lo que de social tiene nuestro actual sistema constitucional hubiera sido posible. Incluso, no dudó en utilizarse una demanda del movimiento obrero durante la Transición, como fue la amnistía para vaciar las cárceles de los presos políticos que todavía quedaban en ellas, como herramienta para garantizar la impunidad y ocultarla bajo el manto de tratarse de una reivindicación antifranquista.

FCSM Valencia: Acto

Otras visiones, otras lecturas: "REFORMA CONSTITUCIONAL “COSMÉTICA” Y PROCESO CONSTITUYENTE"

Diosdado Toledano

Miembro de la Presidencia Federal de Izquierda Unida, de Socialismo 21, del Frente Cívico y de la Plataforma salir del euro.

     El 15 de mayo de 2011 la sociedad española fue sacudida por la irrupción del movimiento de la indignación. Ese día, un domingo por la tarde, las manifestaciones de protesta recorrieron las calles de 58 ciudades. Tras el éxito, el movimiento ocupó las plazas públicas en un ejercicio de empoderamiento popular y democracia.  Conforme los gritos de “No nos representan” se extendían por doquier, los debates en las plazas buscaron las causas y responsables de los brutales recortes de derechos sociales, del desempleo y la desigualdad crecientes, reflexionaron sobre las alternativas al desorden neoliberal reinante, y acordaron las nuevas iniciativas y acciones a impulsar.

    El proceso de ratificación en la Unión Europea del “Pacto por el euro Plus” en el mes junio fue clarificador. La nueva vuelta de tuerca a las políticas de estabilidad presupuestaria, de ajuste y austeridad, de contrarreformas y recortes de derechos para alcanzar los objetivos de déficit y deuda impuestos por las instituciones de la UE no se quedó sin respuesta. El movimiento 15-M convocó nuevas manifestaciones el 19 de junio por todo el pais para rechazar “el golpe de estado antisocial” que representaba dicho Pacto. La conciencia de la relación entre los nuevos recortes sociales que el Pacto anunciaba, los intereses de las oligarquías europeas, la pérdida de soberanía económica y los retrocesos de la democracia, se extendió entre los activistas del 15-M y amplios sectores sociales.

    A principios de agosto el Presidente del BCE Jean Claude Trichet y el Presidente de gobierno José Luis Zapatero intercambiaron las Cartas de la Indignidad. El Banco Central Europeo presiona al Gobierno de España para que adopte medidas drásticas para asegurar la estabilidad presupuestaria (pago de la deuda y reducción del déficit público), la “mejora del comportamiento del mercado laboral, “la sostenibilidad de las finanzas públicas” y diversas reformas estructurales.  Frente a la amenaza soterrada de no comprar deuda pública española y la consiguiente espiral de aumento de la prima de riesgo, que podía concluir con la intervención, el llamado “rescate”, de la economía española por los funcionarios de la Troika, el gobierno de José Luis Zapatero se rinde y concede al BCE, en garantía de aplicación de las políticas de estabilidad presupuestaria, la reforma constitucional del artº 135.

El trabajo garantizado y la Constitución

Héctor Illueca Ballester
Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social
FCSM

    El trabajo garantizado no es sólo una propuesta económica provista de una importante base científica, sino también un instrumento reconocido internacionalmente para combatir y erradicar el desempleo ocasionado por la crisis del capitalismo. Una vez analizado el marco institucional que haría posible su implantación en España, conviene abordar el fundamento constitucional que sustenta la adopción de esta política pública. Nuestra reflexión debe partir del artículo 35.1 de la Constitución Española (CE), cuyo tenor literal no deja lugar a dudas: todos los españoles tienen “derecho al trabajo”. Nótese que el legislador evita deliberadamente el recurso a fórmulas ambiguas o indeterminadas, considerando el trabajo como un derecho de los ciudadanos que puede ser invocado ante los poderes públicos, con los matices que posteriormente comentaremos. Por decirlo claramente y sin ambages: al reconocer de modo expreso el “derecho al trabajo”, nuestra Carta Magna trasciende el ámbito de lo meramente programático y define una obligación correlativa del Estado encaminada a la efectiva satisfacción del derecho, que no puede ser obviada por los poderes públicos.

Resolución de la 1ª reunión de la Mesa Estatal del Frente Cívico "Somos Mayoría"

Comunicado del Frente Cívico Somos Mayoría

POR LA DIMISIÓN DEL GOBIERNO CON RAJOY AL FRENTE Y PARA LA APERTURA DE UN PROCESO CONSTITUYENTE

Hay hechos habituales que conocemos de sobra pero de los que sólo extraemos sus últimas consecuencias cuando nos estallan en la cara. Hace ya mucho tiempo que la mayoría de los ciudadanos llegamos a la conclusión de que el neoliberalismo nos hurtó la democracia al pueblo mediante un sinfín de estrategias que incluye la deuda ilegítima, la imposición de bajadas salariales o reformas laborales decimonónicas y una grosera y tosca manipulación mediática. Dentro de estos métodos sobresale la corrupción de los partidos políticos mayoritarios. Rajoy, Bárcenas y la financiación del PP no constituyen un caso aislado. Es la tónica general de una democracia y una cultura que nacieron mancas en el poder popular.

Los ERE, Palma Arena, Gürtel, Palau de la Música, Noos... forman parte de una constelación de ejemplos apenas los que han saltado a la luz pública en mitad de la estafa que llaman crisis. La corrupción es utilizada por el gran capital para imponer sus intereses minoritarios a todos los ciudadanos. Se apropia de la soberanía popular y legisla contra el pueblo. Hoy sabemos que, bajo sus decisiones, además se ha conducido a más de un 21% de la población de España a situaciones de pobreza, mientras que ha aumentado en un 5,4% el número de millonarios, esa exigua minoría para la que gobiernan.