El 16 de febrero del año pasado, la entonces Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presentó el listado de 34.976 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica entre 1998 y 2015. Fue un éxito sin
paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevan denunciando
desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles.
De hecho Recuperando había solicitado esa información en un escrito presentado en el Congreso el 7 de febrero de 2017.
No obstante, esa publicación es también importante porque pone de manifiesto sus límites:
• Nada se dice de las inmatriculaciones realizadas antes de 1998.
• Los listados no permiten identificar los bienes inmatriculados.
• Ocultan los bienes inmatriculados como edificios anexos: la Giralda de Sevilla, el Micalet de Valencia, etc.
• Y, sobre todo, contradice los compromisos asumidos por el Gobierno.
Tanto
en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como en el
programa del gobierno de coalición y Pedro Sánchez en su discurso de
investidura se comprometieron a efectuar las modificaciones
legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas
por la Iglesia católica. ¿Dónde están esas modificaciones legislativas?
Exigimos información detallada de las inmatriculaciones realizadas desde 1946.
Reivindicamos la nulidad de las inmatriculaciones, especialmente de las realizadas después de 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida.
Reivindicamos una ley que fije los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro.
El Gobierno abandona a su suerte
a particulares y entidades locales para que litiguen en largos y
costosos procesos judiciales por la recuperación de sus bienes
arrebatados por la jerarquía católica.
